El intento de instalar la megaminería en Chubut parece estar detenido, al menos por un tiempo. Esto se debe a que el pasado viernes 14 de mayo la Justicia ordenó a la Legislatura chubutense el retiro del proyecto de zonificación minera. La decisión respondió a un recurso de amparo presentado por el pueblo Mapuche Tehuelche a través de la Región Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA); puntualmente desde el Equipo de la Diócesis de Comodoro Rivadavia.
Según informaron desde la organización, se trata de las comunidades ‘Lof Lefimi’, ‘Los Pino’, ‘Mallin de los Cual’ y ‘Chacay Oeste y Laguna Fría’. Son justamente las afectadas directamente por el extractivismo, ya que habitan la Meseta Central de la provincia donde el proyecto 128/2020 pretende habilitar esta actividad. Lo que reclaman a través de la acción de amparo es ser consultades respecto a decisiones que les afecten; tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En diálogo con Nota al Pie, Ángel Callupil, miembro de la Regional Sur de ENDEPA, expresó su esperanza tras la decisión de la Justicia. Aseguró que ésta “es fruto del consenso, del diálogo y de la decisión firme de las comunidades mapuche tehuelche de la Meseta, en la defensa de su territorio”.
El entrevistado comentó que están “contentos y más todavía porque sabemos que las comunidades de la Meseta también lo toman de esa manera”. Esa alegría se manifestó con movilizaciones realizadas a principios de esta semana en Trelew, así como con la presencia frente a la Legislatura, en Rawson.
Luego se dirigieron a la Casa de Gobierno, donde entregaron “un escrito de adhesión a las comunidades mapuche tehuelche, y de manifestación de que retiren el proyecto de zonificación”, explicó Callupil. En este sentido, aseguró que “celebran esto como un resultado, un logro del pueblo Mapuche Tehuelche”, no sólo las comunidades que habitan la Meseta.
Sobre la acción de amparo
La medida legal se presento por el asesor legal de varias comunidades que trabajan con ENDEPA, el abogado Juan Manuel Salgado. En diálogo con Nota al Pie, el letrado recordó que, tras la presentación del proyecto de zonificación, “varias comunidades le hicieron una nota a la legislatura reclamándole que fueran consultadas en los términos en que lo establece el Convenio 169 de la OIT”.
El también director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas explicó que el pedido lo apoyaron varios organismos. Tanto el Defensor General de la Provincia, titular del Ministerio de la Defensa Pública; como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Dirección Provincial de Asuntos Indígenas; “se dirigieron al vicegobernador, presidente de la legislatura, explicándole los fundamentos jurídicos de la obligación que tenían de consultar al Pueblo Mapuche Tehuelche”.
El reclamo de las comunidades se repitió en marzo. En abril “la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia contra la Provincia del Neuquén en donde se la condena por una cuestión análoga”; y el 22 del mismo mes entró en vigor el Acuerdo de Escazú, “que precisa con mayor claridad las informaciones que el estado debe brindar antes de adoptar decisiones ambientales”.
Con este panorama, las comunidades ‘Mallin de los Cual’, ‘Chacay Oeste y Laguna Fría’, ‘Los Pino’ y ‘Lefimi’, “que siempre habían reclamado por su derecho a la consulta, me apoderaron para que presentara una acción de amparo contra la provincia”, expresó Salgado.
El abogado pidió que como resultado del juicio “se ordenara a la Legislatura a que antes de dictar cualquier ley abriera los procesos de consulta y participación que establece el Convenio 169 de la OIT”. La Jueza Carolina Barreiro, de Puerto Madryn, admitió la acción de amparo, por lo que la Legislatura debió suspender el tratamiento del proyecto de ley.
Sin diálogo
Hasta este jueves 20, el gobierno y la Legislatura no habían hecho ninguna declaración. “Quienes sí han reaccionado han sido los personeros de la empresa minera, que controla a los medios gráficos de la región. Allí los representantes de la Cámara Minera han volcado durísimas críticas contra la jueza, como también lo han hecho en las redes sociales”, comentó Salgado.
El abogado sostuvo que no tienen argumentos jurídicos ni conocimiento sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, “como tienen una amplia cobertura mediática actúan para ejercer presión tanto sobre la jueza como sobre los restantes miembros del poder judicial”.
Con respecto a la respuesta oficial, el asesor legal de ENDEPA explicó que el gobierno está a tiempo de apelar la medida cautelar. En este sentido, opinó que “posiblemente apele, aunque no imagino que argumentos podría tener ya que la decisión ha estado muy bien fundada en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos, a los que la jueza demostró conocer”.
El tema de la consulta indígena, recién instalado en la agenda gubernamental y legislativa, es algo que las comunidades vienen reclamando hace mucho. Sin embargo, “a partir de ahora no podrán ignorarlo puesto que aún si llegara a salir la ley en estas condiciones, sería anulada por el defectuoso procedimiento legislativo”, expresó Salgado.
La consulta a los pueblos indígenas y la hermandad en la lucha
Cabe mencionar que la consulta a las comunidades debe ser previa a la realización de una medida que les afecte directamente, como es el caso de la zonificación minera. “Nos tenemos que remontar al 2002, 2003, cuando todavía estaban llegando recién las empresas mineras, porque ya sucedieron, ya está la exploración”, explicó Callupil.
Sin embargo, remarcó que la consulta “es algo que todavía se debe, nunca se hizo; y frente a esto, ante el avance de este proyecto de zonificación, es lo que dice la jueza, no se puede realizar el tratamiento de la zonificación si antes no se resuelven las cuestiones de amparo, y que habla puntualmente de esto, de la consulta. Eso está en el centro del todo”.
Por otro lado, el integrante de ENDEPA comentó que las comunidades son muy respetadas por las distintas Asambleas chubutenses, con las cuales comparten la lucha. De hecho, la orden de retirar el proyecto de zonificación “también hizo tomar la resolución de levantar el corte allá en la Ruta Nacional 40”.
“Hay una unidad y un respeto, una valoración que es muy tenida en cuenta”, comentó Callupil. En este sentido, aseguró que desde un primer momento las comunidades “aportaron los argumentos, este ‘no es no’, que es “sencillo, pero clave, fundamental”.
Además, explicó que desde el vínculo de respeto que tienen con el territorio “se ha ido abriendo más el panorama de que este ‘no es no’ tiene esta decisión de sostener un estilo de vida ancestral”.