Abr 23, 2021 | Zona Ambiental

El Acuerdo de Escazú: ¿camino a una democracia ambiental?

Se ratificó el acuerdo de Escazú, es el primer tratado ambiental de carácter regional ambiental de América Latina y el Caribe.
Foto: Abriendo caminos.

En el día de ayer se ratificó el Acuerdo Escazú, llamado así en virtud de la ciudad costarricense en la que se lo adoptó el 4 de marzo de 2018. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer tratado ambiental de carácter regional ambiental de América Latina y el Caribe.  

Los países que ratificaron el acuerdo son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay

El objetivo de esta política es asegurar la implementación del acceso a la información ambiental, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a las cuestiones ambientales, así como el acceso a la justicia en estos casos. Busca garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a gozar de un ambiente sano y de un desarrollo sostenible. 

“Al establecerse estándares mínimos en toda Latinoamérica para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana en la gestión de recursos naturales y el acceso efectivo a la justicia ambiental contribuyen al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud. Y por lo tanto, a una democracia más sana y fortalecida. A partir de ahora, lo más importante es que ese bello texto plasmado en el Acuerdo, se pongan en práctica y que nosotros, como ciudadanos informados, conscientes y activos, las hagamos cumplir”, explica Nicolás Fiedotin, director de Fundación Metáfora y abogado especializado en Derecho Ambiental y Derecho Internacional Público.

Sobre el activismo ambiental

Este acuerdo pone, además, especial énfasis en proteger y darle herramientas a aquellas personas que luchan por garantizar los derechos humanos en cuestiones ambientales. En ese sentido, es importante remarcar que, acorde con Global Witness, América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para ser defensor ambiental: sólo en 2019 asesinaron a 200 activistas.

Foto: Izquierda Diario.

En ese sentido, Fiedotin declara que “la ratificación del Acuerdo de Escazú es una muestra de cómo las cuestiones socioambientales van incidiendo en la política”. Pero advierte que “hay que ver esta noticia en contexto, y la verdad es que el contexto es preocupante. Al mismo tiempo que incorporamos el Acuerdo a nuestro sistema jurídico, hay al día de hoy 12 personas injustamente detenidas por defender a la comunidad de Andalgalá, Provincia de Catamarca, Argentina, de la Megaminería”. 

“Entonces, estas situaciones nos deberían permitir dudar de si los Gobiernos de la Región han cambiado de perspectiva o si tan solo han incorporado la dimensión ambiental a sus discursos. No tengo dudas de que la sociedad argentina, y la de la región latinoamericana ya hemos empezado a cambiar el paradigma de pensamiento, pero…¿los Gobiernos? Ahora depende de nosotres exigir a nuestros representantes que el discurso se vuelva acción”, concluye el director de Fundación Metáfora.

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