Un grupo de organizaciones integrantes del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizó hasta el Ministerio de Economía, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar la asignación de fondos que permitan garantizar la continuidad de las prestaciones y el funcionamiento pleno de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025.
La concentración tuvo lugar frente al edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, donde representantes del sector entregaron una nota dirigida al ministro Luis Caputo, en la que solicitaron la “inmediata aplicación presupuestaria” y la transferencia de partidas destinadas a programas clave como Incluir Salud, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la cobertura de afiliados de PAMI.
Según advirtieron, la falta de financiamiento mantiene a numerosas instituciones en una situación crítica y pone en riesgo la continuidad de servicios fundamentales para miles de personas con discapacidad en todo el país.
El pedido: fondos para sostener prestaciones esenciales en discapacidad
En el documento presentado ante el Ministerio, las organizaciones reclamaron que el Estado nacional transfiera los recursos necesarios para sostener el sistema prestacional previsto por la ley vigente.
En un comunicado difundido durante la jornada, señalaron que “la emergencia en discapacidad continúa vigente” y que la falta de financiamiento afecta seriamente la sostenibilidad de instituciones que brindan atención diaria, terapias, acompañamiento y apoyos fundamentales.
“Muchas instituciones se encuentran hoy en riesgo”, remarcaron, y alertaron sobre la posibilidad concreta de interrupción de servicios por la demora en el envío de fondos.
La Ley 27.793 y el reclamo por su ejecución plena
El eje central del reclamo fue la plena ejecución de la Ley 27.793, sancionada en septiembre de 2025. Las organizaciones insistieron en que la norma resulta indispensable para sostener el sistema de prestaciones, especialmente para quienes dependen del Programa Federal Incluir Salud y de las pensiones no contributivas.
En ese marco, expresaron que la vigencia de la ley “resulta indispensable para el sostenimiento del sistema prestacional” y enfatizaron la urgencia de garantizar partidas específicas para evitar el colapso de instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
La reglamentación y el conflicto judicial con el Ejecutivo
La movilización se produjo pese a la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. El Gobierno nacional oficializó la normativa mediante el Decreto 84/2026, luego de que el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana ordenara en diciembre de 2025 la entrada en vigencia inmediata de la ley y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.
El fallo judicial declaró inválida la suspensión que había intentado el Poder Ejecutivo, que argumentaba falta de fondos para costear las nuevas prestaciones.
El conflicto institucional se había originado cuando el Ejecutivo buscó frenar la aplicación de la norma hasta que la Cámara de Diputados determinará la fuente de financiamiento. La disputa escaló tras un amparo colectivo presentado por O. G. J., en representación de sus hijos.
El juez resolvió a favor de los reclamantes y fijó un plazo máximo de 30 días para la reglamentación.
Qué establece el decreto reglamentario
El Decreto 84/2026 también prevé la participación del Observatorio de la Discapacidad y del Comité Asesor, además de exigir la presentación de un plan de auditorías periódicas dentro de un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma.
El texto, firmado por el presidente Javier Milei, aclara que el dictado del decreto no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial, pero establece que su cumplimiento es obligatorio.
Advertencia del sector: sin presupuesto la ley no se aplica
Las organizaciones movilizadas remarcaron que la reglamentación no alcanza si no se garantizan recursos concretos. En ese sentido, señalaron que, sin financiamiento adecuado, la ley no podrá implementarse en la práctica y el sistema prestacional continuará en riesgo.
“Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”, expresaron.
Convocan a una denuncia penal colectiva
En paralelo al reclamo ante el Ministerio, el colectivo Familias Argentinas por la Discapacidad difundió un comunicado en el que anunció la presentación de una denuncia penal federal por presunto incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y abandono de persona, al considerar que se está vulnerando la Ley 27.793.
Según indicaron, la iniciativa busca impulsar una “acción masiva” que permita investigar lo que califican como un “plan sistemático de desfinanciamiento”.
También informaron que para sumarse a la denuncia no se necesita abogado y que el trámite es gratuito. Entre los requisitos solicitaron copia del DNI del denunciante y del hijo o hija, copia del CUD, partida de nacimiento, el último recibo de la pensión y una nota del prestador que informe riesgo de corte del servicio.
Un conflicto abierto por el futuro del sistema prestacional
Mientras el Gobierno sostiene que existen limitaciones presupuestarias, organizaciones, familias y prestadores aseguran que la falta de partidas pone en riesgo la continuidad de tratamientos y apoyos fundamentales para miles de personas con discapacidad.
La protesta frente al Ministerio de Economía dejó en evidencia que, a pesar de la reglamentación formal, el debate sobre el financiamiento real de la emergencia en discapacidad continúa abierto.