
Alberto Martín Del Valle está prófugo hace más de 10 años, pero la Justicia no lo busca. En 2009, en la localidad bonaerense de Puan, abusó sexualmente de su hijastra, quien entonces tenía 11 años. La joven tuvo un bebé y él nunca fue detenido.
Ante la falta de accionar por parte de la Justicia, Yamila Segovia, hermana de la víctima, decidió intervenir. Estudió abogacía y ahora pide ayuda tanto para encontrar a Del Valle como para que la causa no prescriba. “¿Podemos dejar a un tipo degenerado suelto por ahí? ¿Le vamos a perdonar la vida cuando no le importó nada, cuando se burló, cuando hizo su vida como si nada?”, cuestionó a través de las redes sociales.

Los abusos
Yamila vivía en Puan junto a su hermana y madre, quien rehízo su vida con Alberto Del Valle. Tras ganarse su confianza, el hombre comenzó a convivir con la familia. Por las noches, entraba a la habitación de la menor y la abusaba sexualmente mientras la amenaza a punta de pistola y con lastimar a su mamá.
Como consecuencia de las reiteradas violaciones, la niña quedó embarazada. Al enterarse del embarazo, Del Valle la llevó a la Ciudad de Buenos Aires con la intención de que se practicara un aborto clandestino. Según el relato de la hermana de la víctima, el abusador le ofrecía un libro para pintar para mantenerla tranquila.
Pese al intento de realizar un aborto, el embarazo siguió su curso. Tiempo después, una prueba de ADN confirmó que Del Valle es el padre biológico del niño. Aunque existen pruebas y también se secuestró el arma utilizada para amenazar, la respuesta estatal fue la desidia. El pedido de captura se emitió recién en 2012, dándole al agresor tiempo más que suficiente para fugarse.
Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se registraron, según el programa “Las Víctimas Contra Las Violencias”, 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas en consultas por violencia sexual. De ese total, un 77% eran niñas, y el mayor porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual se concentró en el rango etario de 12 a 17 años. El dato surge de un análisis de la cartera que dirige el ministro Martín Soria, en conjunto con Unicef Argentina.
Además, el 36,2% de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sucedió en el hogar, y el 3,4% en la vivienda de un familiar. De los agresores, el 56,5% eran familiares y 17,7% conocidos no familiares.

El estado de la causa
Yamila, hermana de la víctima, estudió la carrera de Derecho y se presentó como particular damnificada. Al tomar contacto con la causa, descubrió que en todos esos años el sistema judicial no había hecho absolutamente nada para encontrar al prófugo. Durante años, la causa quedó paralizada en la Fiscalía N°12 de Bahía Blanca.
Gracias a la investigación llevada adelante por ella misma, se supo que Del Valle nunca salió de la provincia de Buenos Aires y habría residido en Mar de Ajó, donde incluso se infiltraba como colaborador en merenderos y comedores comunitarios para acercarse a las infancias, demostrando que sigue siendo un peligro inminente.
Ahora, la lucha de Yamila tiene dos frentes: encontrar al abusador de su hermana y modificar el artículo 67 del Código Penal, que regula la interrupción de la prescripción de la acción penal. Respecto a esto último cabe mencionar que actualmente el Estado tiene plazos fijos para perseguir un delito, y el reloj sigue corriendo a favor del prófugo. El reclamo sostiene que, si la Justicia no busca a los acusados y estos logran mantenerse prófugos por su ineficacia, la prescripción debe interrumpirse de forma automática.
Mientras el pedido de captura continúa vigente, Yamila apuesta a la difusión pública para encontrarlo. Para canalizar esta búsqueda, abrió la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa, donde difunde la historia, publica fotos actualizadas de Del Valle y recibe información de manera confidencial.

