Tras los despidos de 61 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), entre ellos quince vinculados al proyecto de pequeños reactores modulares CAREM, el Gobierno nacional anunció una inversión privada de 1.200 millones de dólares para construir el primer reactor modular pequeño (SMR) en el predio de Atucha.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que el proyecto será impulsado por la empresa Meitner Energy y utilizará tecnología desarrollada por el Estado argentino con financiamiento estadounidense. “Mantuvimos una muy buena reunión con directivos de Meitner Energy, quienes han presentado una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, el primero de su tipo a nivel mundial”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales.
El proyecto forma parte del denominado Plan Nuclear Argentino, también conocido como Plan Reidel, presentado en 2024 junto al director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. En este marco, la iniciativa propone dejar de priorizar la expansión del parque nuclear estatal y reposicionar a la Argentina como proveedor de energía para la economía de la inteligencia artificial mediante reactores modulares pequeños financiados por inversiones privadas.
Además, Meitner Energy buscará incorporar el emprendimiento al régimen de promoción de grandes inversiones conocido como Súper RIGI, que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos considerados estratégicos por el Gobierno nacional.
El anuncio se produjo en medio de fuertes cuestionamientos por la situación del proyecto CAREM, el reactor modular desarrollado íntegramente por la Argentina que permanece prácticamente paralizado por la falta de financiamiento y que volvió a quedar en el centro de la escena tras una nueva ola de despidos.
Según denunciaron trabajadores del sector, con las últimas cesantías ya son más de 500 los empleados desvinculados del proyecto. Mariano Saleh, trabajador de Atucha II, aseguró que existe “un proceso de vaciamiento en todo el sector estatal y el nuclear no es la excepción”.
En la misma línea, la expresidenta de la CNEA y diputada nacional Adriana Serquis advirtió sobre una creciente fuga de especialistas hacia el sector privado. “Hay gente que trabajaba en CAREM y ahora está en Meitner, atraídos por salarios muchísimo más altos que los que cobraban en la CNEA”, afirmó.
Derecho colectivo a una Argentina mejor
A estas declaraciones se le suma el comunicado conjunto de trabajadores y trabajadoras de Universidades, CONICET, INTA, INTI y CNEA difundido en las últimas horas. “Argentina sufre un proceso de destrucción de su sistema científico, tecnológico y universitario absolutamente irracional desde el punto de vista político, social y económico, obligando al conjunto de la sociedad a un sacrificio inútil y profundamente peligroso”, comienza el duro escrito. En esa línea, los autores mencionaron que la inversión pública en ciencia y tecnología se encuentra por debajo del 0,15% del PBI, siendo la más baja en la historia del país, “al menos desde los últimos 54 años.”
A su vez, denunciaron que el desfinanciamiento sostenido, los retiros voluntarios, los despidos, las renuncias de personal altamente calificado como consecuencia de las pérdidas salariales y la paralización de programas estratégicos en diversas instituciones “son un proceso planificado por el actual gobierno que busca destruir capacidades construidas durante décadas por generaciones enteras de argentinos y argentinas”. “Nunca un país que hizo un esfuerzo sostenido durante más de 200 años para generar capacidades científicas y tecnológicas al servicio de la sociedad las destruyó en tan corto tiempo”, expresaron.
“Desde nuestras instituciones y en conjunto denunciamos y alertamos de la crisis terminal que atravesamos y el impacto destructor para la Argentina en el presente y el futuro”
También enfatizaron en que el desmantelamiento que lleva adelante La Libertad Avanza no tiene relación con déficit cero o restricciones presupuestarias, sino que es “una decisión política y cultural tomada por un gobierno que ha declarado abiertamente su voluntad de destruir el Estado que conduce”. “Los países que hoy lideran la economía global invierten cada vez más en universidades, investigación, innovación y planificación estratégica. Argentina hace lo opuesto”, sostuvieron.
“¿Queremos una Argentina capaz de generar conocimiento propio, trabajo digno, innovación, producción y oportunidades para las próximas generaciones? ¿O aceptamos resignadamente un país donde el talento se expulsa, la ciencia se abandona, la educación se deteriora y millones de personas quedan condenadas a la pobreza?”, cuestionaron. “Lo que está en juego va mucho más allá del doloroso presente, lo que está en juego es el derecho colectivo a tener un futuro”, agregaron.
Para terminar, afirmaron que seguirán defendiendo un futuro que cuide a su pueblo, eduque a sus jóvenes, produzca conocimiento y construya esperanza colectiva. “Finalmente y dolorosamente, decidimos no firmar este comunicado con nombre y apellido por la persecución y militarización en algunas de nuestras instituciones”, concluyeron los trabajadores y trabajadoras.