El Gobierno nacional se reunió con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ofreció un aumento en salarios docentes a cambio de que se desista con la Ley de Financiamiento Universitario. Sin acuerdo, continúa el tire y afloje mientras se espera una definición de la Corte Suprema de Justicia.
En la reunión de ayer, por parte de gobierno se presentó el subsecretario de Políticas Universitarias que integra el ministerio de Capital Humano, Alejandro Álvarez.
Por el otro lado, estuvieron los rectores de la Universidad de Rosario (UNR), Franco Bartolacci y de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN), Anselmo Torres, en sus roles de presidente y vice del CIN.
En ese encuentro, el Ejecutivo hizo un ofrecimiento salarial para docentes del 21,33% en junio, más otro de 3% en octubre. A su vez, añadían $50 mil millones para los hospitales universitarios, los cuales no están contemplados dentro del Presupuesto 2026.
Además, ofrecieron un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, congeladas desde 2024.
Si bien desde las universidades no ven con malos ojos los ofrecimientos, el pedido a cambio de retirar la cautelar sobre la que debe expedirse la Corte Suprema respecto a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, resultó inaceptable.
La posición del gobierno libertario se explica ante un posible fallo desfavorable para sus intereses por parte del máximo tribunal. Resulta que en ese caso, deberían cumplir con la ley de financiamiento lo que significa un desembolso que ronda los $2,5 billones para las universidades.
Desde el gobierno ya habían intentado buscar recortes en sus obligaciones de pago cuando en febrero enviaron un proyecto de financiamiento universitario al Congreso. En aquel entonces, buscaban la recuperación salarial de los docentes correspondiente a 2025 pero dejando por fuera toda la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y 2024.
El Gobierno le pide a las universidades que levanten la demanda
El Gobierno de Javier Milei se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario pese a que la misma fue aprobada por el Congreso e insistida tras los vetos presidenciales.
Desde octubre del año pasado que el Ejecutivo desistió de cumplir con la ley y en cambio, decidió judicializar la situación para no aplicar la voluntad del Congreso. Ante ello, las universidades procedieron con una demanda judicial que derivó en una cautelar favorable, ratificada en dos ocasiones.
En esa instancia, el gobierno presentó un recurso federal extraordinario que fue aceptado con la suspensión de la medida cautelar pero que ahora será la Corte Suprema la que defina, sin un plazo para expedirse.
Antes de la resolución, es que la gestión libertaria busca desactivar el conflicto judicial con ofrecimientos salariales ante una potencial derrota que le significaría un mayor desembolso de dinero.
Mientras tanto, los gremios universitarios mantienen las protestas para visibilizar sus reclamos, tal como la Universidad de Buenos Aires (UBA), que la semana pasada realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos sectores con una actividad central frente al máximo tribunal.
Además, la Federación de Docentes de la Universidades (FEDUN) realizó un paro durante las 24 horas del viernes. A su vez, los sindicatos adelantaron posibles nuevas medidas según los resultados de las negociaciones salariales y de la situación general presupuestaria para con las universidades.
Por su parte, como apoyo a los docentes, hubo toma de escuelas por parte de los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Carlos Pellegrini.
El desfinanciamiento de las universidades nacionales públicas es tal, que los ranking internacionales ya lo reflejan dado que las siete instituciones argentinas bajaron en sus posiciones respecto a 2025. La UBA cayó del puesto 409 al 423; la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue del 752 al 768 y la Universidad Nacional de Córdoba retrocedió desde el 819 al 845.
En tanto al conflicto entre el Gobierno con las universidades, no se descartan nuevas reuniones de negociación en el transcurso de la semana pero que aparentan estar lejos de un acuerdo definitivo.