El Monasterio de Santa Catalina de Siena lleva 281 años en pie en el corazón de Buenos Aires. Sobrevivió a las Invasiones Inglesas, a los ciclos de demolición que arrasaron gran parte del tejido colonial porteño y a múltiples intentos de construcción en el predio vecino.
Pero en las últimas semanas, el edificio más antiguo del microcentro enfrenta una presión que, según sus propias autoridades y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pone en riesgo real su integridad estructural.
El detonante inmediato fue una obra pública: los trabajos de peatonalización de la calle Viamonte, en el marco del Plan de Transformación del Microcentro impulsado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad.
Las zanjas abiertas sobre esa arteria y los trabajos de adoquinamiento y nueva traza de las calles aledañas generaron, según denunciaron los responsables del templo, grietas visibles en el presbiterio, el techo del altar y algunas columnas.
En la secretaría parroquial y otras dependencias se registraron además roturas en paredes revestidas con durlock, derrumbe de mampostería y caída de luminarias.
Ante la gravedad del cuadro, las autoridades del monasterio tomaron la decisión de cerrar sus puertas de manera preventiva a partir del 19 de mayo. Desde entonces, las misas se celebran en el exterior, en el atrio ubicado en la intersección de San Martín y Viamonte, mientras se aguarda una evaluación técnica exhaustiva. El Gobierno porteño se comprometió a enviar un ingeniero estructuralista para determinar el estado del inmueble y si es viable continuar con las obras en el entorno.
«Si peatonalizar generó esto, no quiero imaginar qué puede hacer una edificación importante»
El domingo siguiente al cierre, el arzobispo Jorge García Cuerva celebró una misa frente al templo y expuso públicamente lo que describió como un «riesgo estructural» concreto.
Sus palabras fueron directas: «Si peatonalizar la calle Viamonte ha generado este tipo de rajaduras, no quiero ni imaginarme lo que puede generar otra edificación importante en la misma manzana».
La referencia no era casual. En paralelo al conflicto por las obras de la Ciudad, el monasterio enfrenta otro frente: la reactivación judicial de un proyecto para construir un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como la iglesia mormona, en el predio lindero, con una altura de 36,5 metros.
García Cuerva fue explícito al respecto: «Mi postura ha sido siempre la misma: si bien el terreno de al lado es un terreno privado, vendido a un privado, creo que en una manzana colonial no es bueno ningún tipo de construcción. Si fuese una iglesia católica, tendría la misma opinión». Y agregó un argumento técnico que resume el problema de fondo: «Estos edificios coloniales no tienen cimientos y requieren una preservación mucho más cuidadosa que cualquier otro tipo de construcción».
El arzobispo también reveló que mantuvo contacto directo con las más altas esferas del Ejecutivo porteño: «Hablé con el jefe de gobierno el lunes y hoy seguramente reciba al secretario del área. Nuestra postura es clara: queremos preservar este Monumento Histórico Nacional, un templo de 1745».
Sobre las grietas en sí, García Cuerva remarcó que fueron detectadas a partir del jueves anterior al cierre y que no figuraban en registros fotográficos de 2024, lo que contradice la versión oficial del Gobierno porteño, que sostiene que esas fisuras ya existían antes del inicio de los trabajos. El equipo del templo afirma contar con documentación fotográfica reciente que respalda su posición.
El lote lindero a Santa Catalina: una historia de proyectos fallidos y reclamos patrimoniales
Para entender la dimensión del conflicto, es necesario mirar hacia atrás. El predio en cuestión ocupa la manzana delimitada por las calles Viamonte, Reconquista y la avenida Córdoba, en el límite entre los barrios de Retiro y San Nicolás.
Durante décadas funcionó como estacionamiento, pero su historia es mucho más densa: fue parte de los jardines y el cementerio del convento desde el siglo XVIII, y en él se presume la existencia de enterramientos de monjas dominicas y de personas esclavizadas que habitaron la zona.
El arzobispo García Cuerva puso en valor esa dimensión arqueológica: «En el terreno lindero hay dos cementerios registrados: uno colonial de las hermanas religiosas y otro de familias afroamericanas, con lo cual también merece respeto».
No es la primera vez que ese terreno concentra disputas. En 2011, bajo la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno porteño autorizó la construcción de una torre de 60 metros con seis subsuelos de cocheras.
El proyecto fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, que cuestionó al Ejecutivo por priorizar intereses privados y omitir la intervención de áreas clave de planeamiento urbano. Años más tarde, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, un convenio urbanístico que preveía una torre de 18 pisos y una pequeña plaza tampoco logró consenso en la Legislatura y quedó archivado.
La propuesta mormona, presentada públicamente en junio del año pasado por el elder Gary Stevenson, uno de los principales referentes de la iglesia, prometía un complejo de 26.000 metros cuadrados distribuido en dos edificios, con el 60% del predio destinado a espacios verdes abiertos a la comunidad. Sin embargo, el proyecto recibió un primer freno judicial cuando la jueza Andrea Danas, del Juzgado N°9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, hizo lugar a un amparo de la organización Basta de Demoler y suspendió cautelarmente la Disposición N°1957/24 de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), por la cual el Gobierno porteño había declarado el proyecto «factible» como local de culto.
La magistrada fundamentó la medida en que, por sus dimensiones —superiores a los 10.000 metros cuadrados—, el proyecto debía pasar por la Legislatura porteña mediante el procedimiento de doble lectura y audiencia pública.
Esa cautelar, sin embargo, fue luego revocada, lo que habilitó la reactivación del proyecto. Basta de Demoler anunció que apelará la decisión y continuará el reclamo en la Justicia.
Una «doble amenaza» y el reclamo por una zona de amortiguación
La organización patrimonial Basta de Demoler fue la que puso en palabras lo que muchos ven como la síntesis del problema: el monasterio enfrenta una «doble amenaza». Por un lado, las obras públicas de peatonalización que ya produjeron daños concretos.
Por el otro, la posible reactivación de un emprendimiento privado de gran escala en el lote adyacente, cuyos efectos, excavaciones profundas, vibraciones, afectación del asoleamiento, podrían ser aún más graves para un edificio de casi tres siglos de antigüedad.
La Comisión Nacional de Monumentos ya había emitido un dictamen en el que desaconsejaba nuevas construcciones o excavaciones en el entorno inmediato del monasterio, advirtiendo sobre la vulnerabilidad de las edificaciones coloniales frente a obras de gran escala.
Ese argumento técnico respalda el reclamo de las organizaciones civiles y del propio Arzobispado para que el área sea declarada zona de amortiguación, una figura de protección que hasta ahora no fue implementada.
Desde Basta de Demoler impulsan además una propuesta alternativa para ese lote: una plaza pública, con proyectos de ley con estado parlamentario en la Legislatura porteña que proponen declarar el predio de utilidad pública y destinarlo íntegramente a espacio verde.
El argumento no es solo patrimonial: el microcentro porteño padece una severa escasez de pulmones verdes de escala, y según datos del Instituto de Estadística porteño, apenas el 56% de los espacios contabilizados como «verdes» por el Gobierno corresponden efectivamente a parques y plazas.
Un testigo de 281 años que el centro no puede perder
La iglesia y el claustro de Santa Catalina de Siena fueron fundados en 1745 por monjas dominicas de clausura. Hasta 1974 permanecieron habitados por la comunidad religiosa, que ese año se trasladó a San Justo. Desde entonces, el Arzobispado asumió la custodia de los inmuebles, reconvertidos en museo, cafetería y punto de culto diario.
El conjunto conserva elementos únicos: galerías, un patio interno, puertas angostas del período colonial y un aljibe que data de la época de la Revolución de Mayo. En excavaciones realizadas en 2001 se hallaron restos materiales que hoy se exhiben en el propio monasterio.
Es, en palabras del arzobispo García Cuerva, un recordatorio de que «no todo lo pasado y todo lo anterior es viejo y hay que destrozarlo. Nos construimos sobre nuestro pasado, con las raíces».
El templo tiene además una historia entrelazada con los momentos fundacionales del país. Durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 fue ocupado y usado como hospital de guerra.
Las monjas de clausura colaboraron con Manuel Belgrano y sufrieron 30 horas de cautiverio durante el conflicto. El general Santiago de Liniers agradeció públicamente a la comunidad, y ese episodio quedó registrado en una placa en el interior del edificio.
García Cuerva apeló también a una comparación internacional para enmarcar el reclamo: «Hay que mirar cómo otras ciudades cuidan sus monumentos históricos y su patrimonio cultural. No es habitual encontrar edificios modernos pegados a construcciones coloniales. Tenemos que pensar en esa misma línea, porque no se trata solo de una cuestión del pasado, sino de nuestras raíces porteñas».
Por ahora, las obras de peatonalización están suspendidas de manera provisoria. La calle Viamonte permanece cerrada al tránsito, con máquinas a lo largo de su traza y vallados.
El monasterio sigue con sus puertas cerradas, las grietas marcadas con cintas, y la comunidad esperando que los técnicos determinen si el daño es reversible. Lo que está en juego, advierten quienes lo defienden, es mucho más que un edificio.