El proyecto, que preveía un edificio de hasta 38 metros de altura lindero al histórico Monasterio de Santa Catalina de Siena, quedó suspendido por orden del Juzgado N°9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a cargo de la jueza Andrea Danas.
La medida responde a un amparo presentado por la organización patrimonial Basta de Demoler y deja sin efecto, de manera cautelar, la Disposición N°1957/24 de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), mediante la cual el Gobierno porteño había considerado “factible” el emprendimiento como “local de culto”, incluso antes de que se solicitara el permiso de obra definitivo.
El fallo marca el primer límite institucional a una iniciativa que, desde su anuncio público en junio pasado, reavivó una disputa de larga data en torno al destino de uno de los terrenos más codiciados y sensibles del casco histórico porteño.
Un proyecto bajo la lupa judicial en la Ciudad
El predio en cuestión ocupa una manzana delimitada por las calles Viamonte, Reconquista y la avenida Córdoba, en el límite entre Retiro y San Nicolás. Allí, en un terreno que durante décadas funcionó como estacionamiento, la iglesia mormona proyectaba construir un complejo de 26 mil metros cuadrados compuesto por dos edificios: uno de 38 metros sobre avenida Córdoba y otro de 22 metros sobre Viamonte, separados por un espacio de acceso público.
Según había sostenido la DGIUR, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el uso del suelo era compatible con un templo religioso. Sin embargo, la jueza Danas advirtió que, por sus dimensiones, superiores a los 10 mil metros cuadrados, el proyecto debía ser tratado por la Legislatura porteña a través del procedimiento de doble lectura y audiencia pública, tal como lo establece la normativa vigente.
Además, justificó la urgencia de la cautelar al señalar que permitir el avance de los trámites administrativos podría tornar más gravoso un eventual freno posterior. En otras palabras: cuanto más avanzara el proyecto, más difícil sería detenerlo.
Desde Basta de Demoler celebraron la resolución y afirmaron que “la Justicia le tiende una mano al patrimonio de la Ciudad”, en defensa del conjunto arquitectónico del convento y la iglesia de Santa Catalina de Siena, fundados en 1745 y declarados Monumento Histórico Nacional.
Santa Catalina: un testigo de la Buenos Aires colonial
El conflicto no puede entenderse sin poner un ojo en el valor histórico y simbólico del entorno. En pleno microcentro, rodeado de torres de oficinas y tránsito constante, el Monasterio de Santa Catalina de Siena conserva todavía sus galerías, su patio interno, puertas angostas y un aljibe que data de la época de la Revolución de Mayo. Es uno de los pocos vestigios de la arquitectura colonial que sobrevivieron en una ciudad que, a lo largo de los siglos XIX y XX, demolió buena parte de ese pasado en nombre del progreso.
Santa Catalina no solo atravesó las Invasiones Inglesas en 1806 y 1807, durante las cuales fue ocupada y utilizada como hospital de guerra, sino que también albergó a monjas de clausura que colaboraron con Manuel Belgrano.
A su valor arquitectónico se suma una dimensión arqueológica clave: en excavaciones realizadas en 2001 se hallaron restos materiales que hoy se exhiben en el propio monasterio, y se presume que el antiguo camposanto lindero podría contener enterramientos de monjas y de personas esclavizadas que habitaron la zona.
Para los especialistas, cualquier obra de gran porte en el predio vecino implica riesgos concretos: desde la afectación del asoleamiento, fundamental para evitar humedades en un edificio del siglo XVIII, hasta posibles daños estructurales derivados de excavaciones profundas.
Un conflicto que se repite
No es la primera vez que el destino del terreno enfrenta intereses privados y reclamos patrimoniales. En 2011, durante la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno porteño autorizó allí la construcción de una torre de 60 metros con seis subsuelos de cocheras. El proyecto fue finalmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia, que cuestionó duramente al Ejecutivo por priorizar intereses privados y omitir la intervención de áreas clave de planeamiento urbano.
Años más tarde, ya bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, un convenio urbanístico que preveía una torre de 18 pisos y una pequeña plaza pública tampoco logró consenso legislativo y quedó archivado.
La actual propuesta mormona se inscribe en esa misma secuencia de intentos fallidos, aunque con una particularidad: fue presentada públicamente antes de contar con avales definitivos. “Será el templo más grande de la Argentina”, anunció en junio el elder Gary Stevenson, uno de los principales referentes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quien prometió que el 60% del predio se destinaría a espacios verdes abiertos a la comunidad.
Desde la administración de Jorge Macri, sin embargo, relativizaron esos anuncios. “Aún no fue evaluado. Lo que han hecho circular es su proyecto, pero habrá que ver si cumple con la normativa o requiere cambios”, señalaron fuentes oficiales.
¿Un templo o una plaza?
Más allá del debate religioso, el conflicto volvió a poner sobre la mesa una discusión estructural: la falta de espacios verdes en el microcentro porteño. Basta de Demoler impulsa desde hace años la campaña “Una plaza para el Microcentro”, que propone declarar el predio de utilidad pública, catalogarlo como Urbanización Parque y destinarlo íntegramente a un espacio verde.
Según datos del Instituto de Estadística porteño analizados por este medio, apenas el 56% de los espacios verdes contabilizados por el Gobierno de la Ciudad corresponden efectivamente a parques y plazas, mientras que el resto incluye canteros, veredones y derivadores de tránsito.
En un área densamente construida, con escasos pulmones verdes de escala significativa, los impulsores de la iniciativa sostienen que una Plaza Santa Catalina permitiría preservar el conjunto colonial, mitigar el efecto de isla de calor y revitalizar un barrio golpeado por la pospandemia.