A las 2.30 del jueves, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, observando desde uno de los palcos del recinto, la Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639).
El resultado fue contundente: 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Afuera, en las inmediaciones del Congreso, la escena era otra: fuerzas de seguridad corrían a manifestantes por la Avenida de Mayo, en lo que organizaciones ambientalistas denunciaron como represión y que configura a esta altura, el paisaje habitual de los miércoles y de cada debate importante en el Congreso.
La jornada había comenzado el día anterior, a las 15.13, y se extendió por más de once horas, con discursos en su mayoría contrarios a la reforma, interrumpidos por cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos del reglamento que la oposición utilizó para instalar temas incómodos para el Gobierno, el caso LIBRA, las propiedades del vocero Adorni, la suspensión de acreditaciones a periodistas, y que fueron todos rechazados.
Represión afuera del Congreso
Mientras se desarrollaba el debate, una multitudinaria protesta bajo la consigna «La Ley de Glaciares No Se Toca» congregó a organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas en los alrededores del Palacio Legislativo.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo y en un momento corrieron a los manifestantes por un tramo de Avenida de Mayo. Hubo marchas también en otras ciudades del país, incluida Mendoza.
¿Qué cambia la nueva Ley de Glaciares?
La reforma redefine el objeto de protección de la norma original. Hasta ahora, la ley protegía a todos los glaciares y zonas periglaciares como «reservas estratégicas de recursos hídricos».
Con la modificación, solo recibirán tutela legal aquellas formaciones que acrediten un «aporte hídrico relevante y comprobable» a las cuencas, según determine cada provincia. Muchas formaciones de hielo menores quedarían así fuera del amparo legal, allanando el camino para proyectos mineros.
El texto también otorga a las jurisdicciones provinciales el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el retiro de alguna formación del Inventario Nacional si estudios técnico-científicos propios consideran que no cumple funciones hídricas.
Adicionalmente, faculta a las provincias para determinar, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto minero implica una «alteración relevante» sobre el ecosistema.
El Gobierno argumentó que a 15 años de vigencia de la ley original solo se completó el nivel 1 del Inventario y que resta determinar la función hídrica efectiva de las geoformas. La oposición respondió que la norma vigente fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema y que el crecimiento de la minería bajo la ley actual demuestra que no era un obstáculo.
¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra?
Acompañaron al bloque de La Libertad Avanza el interbloque Fuerza del Cambio, PRO, UCR y aliados, los bloques provinciales de Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan y Tucumán, además de varios integrantes del interbloque Provincias Unidas y dos diputados de Unión por la Patria.
El rechazo provino del grueso de Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), Coherencia (Marcela Pagano) y Primero San Luis (Jorge «Gato» Fernández).
Las tres abstenciones correspondieron a los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, que querían votar positivo en general pero modificar el artículo 3°, y a la neuquina Karina Maureira.
Las voces del debate en Diputados: once horas de argumentos
El debate en el recinto comenzó con las palabras del presidente de la comisión de Recursos Naturales, el libertario José Peluc, quien defendió la audiencia pública previa y la calificó de «histórica». Destacó que de los 106.467 inscriptos, 113 participaron presencialmente, 98 de manera virtual, 90 subieron videos y 2.999 se pronunciaron de forma escrita.
«Tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto», afirmó.
Nicolás Mayoraz, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que «no se afecta el paradigma de protección de los glaciares» y que la reforma viene a «dar el rigor técnico que varios científicos venían criticando». Aseguró que quedaba «desmentido» que la norma afecte el principio de no regresión.
«Estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación. Es inconstitucional, viola el artículo 41 de la Constitución».
Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica
La diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuestionó que el oficialismo «se basa en datos que no son científicos».
«El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva», sostuvo.
El jefe del bloque UP, Germán Martínez, advirtió que gran parte de los desarrollos mineros en curso «ya cuentan con una seguridad jurídica» que la propia Ley de Glaciares les garantiza, y que el cambio podría ponerla en riesgo. También criticó las audiencias públicas, a las que calificó de «amañadas», y recordó los mensajes del Papa Francisco y de Juan Domingo Perón en defensa del agua y el medioambiente.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman apuntó directamente contra Luis Petri, quien presidía ese tramo de la sesión, recordando que en 2011 él mismo había votado en contra de la explotación minera a cielo abierto en Uspallata, siendo parte del bloque radical en la Legislatura mendocina. «Quieren doblegar a los manifestantes de afuera a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN», lanzó, y denunció «una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía y un verdadero proyecto de saqueo».
«Milei tiene claro que fue elegido por las corporaciones para un saqueo rápido. Los pueblos tienen memoria y se van a acordar de la entrega infame de este modelo».
Myriam Bregman, Frente de Izquierda
Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, se pronunció en contra con una sentencia directa: «Esta ley es un retroceso, es un hecho negativo y abre camino a la reforma de la Ley de Bosques. No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio».
Su compañero de bloque Nicolás Massot, en cambio, argumentó a favor señalando que «el criterio de protección siempre fue hídrico, y no meramente geológico», y que las provincias harían lo que el IANIGLA no pudo completar en tres gobiernos.
«El único sentido de la ley es habilitar la minería de glaciares porque es terraplanista, envenenada, corruptora e inconstitucional».
Juan Grabois, Unión por la Patria
Juan Grabois, de Unión por la Patria, se despachó con su estilo habitual: «Quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo que son los argentinos», y pidió un aplauso para los investigadores del Conicet.
Su compañero de bancada Jorge Taiana puso el foco en el agua como recurso estratégico del siglo XXI: «No podemos aceptar que se modifique esta ley porque esta reforma destruye el federalismo argentino y reemplaza el federalismo de concertación por un federalismo de fragmentación».
Desde el campo oficialista, la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, titular de la Comisión de Minería, insistió en que «lo que vengo viendo es que estamos fundamentalmente ante un problema de percepción. Se ha dicho que el objeto de la ley cambia. Eso no es real».
La sanjuanina Nancy Picón Martínez, del bloque Producción y Trabajo, remató con una ironía dirigida a quienes critican la minería: «Díganme, ¿qué hacen con celulares en las manos? ¿O creen que viene del Espíritu Santo?»
«En la Argentina de Milei exportamos petróleo; con el kirchnerismo lo importábamos. A la Argentina la estamos poniendo de pie».
Gabriel Bornoroni, presidente del bloque La Libertad Avanza
Máximo Kirchner, en tanto, rechazó el argumento de que la ley vigente frenaba la producción: «El aumento de la explotación de litio se hizo con esta ley». Y advirtió que el Gobierno tiene «todas las leyes que quiere» y que «no hay excusas para los resultados que están teniendo».
El cierre del debate lo tuvo Gabriel Bornoroni, jefe del bloque LLA, bajo la mirada de Karina Milei desde el palco: «Hace falta una aclaratoria de esta ley que nos da la posibilidad de devolverle lo que nosotros llamamos federalismo. El artículo 124 de la Constitución nos da la potestad de las tierras a cada una de las provincias».
La audiencia pública que no fue: 106 mil inscriptos, menos del 2% habló
Uno de los ejes más ríspidos del debate fue la audiencia pública previa. El oficialismo la defendió como un hito participativo; la oposición la calificó de «farsa» y «bochornosa».
Más de 106 mil personas se inscribieron para participar, pero solo pudieron hacerlo 113 de manera presencial y 98 de forma virtual,en dos días del 25 y 26 de marzo, lo que representa menos del 2% del total.
La diputada de UP Sabrina Selva denunció el lobby de las empresas mineras y recordó que en las comisiones «solo se escuchó a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que estaban a favor del proyecto».
La oposición también alertó que la modalidad no cumplió con lo establecido en la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú, lo que forma parte de los argumentos que llevarán a la Justicia.
La judicialización, próxima batalla
Distintas ONG’s, asociaciones ambientalistas y particulares anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar la reforma. Los argumentos centrales serán dos: la inconstitucionalidad de la norma, por representar una regresión en materia ambiental en violación del artículo 41 de la Constitución Nacional, y las irregularidades del proceso de audiencia pública, que consideran no cumplió con los estándares legales exigidos.
La oposición también señaló que la ley abre un «camino peligroso» hacia la reforma de otras normas ambientales, como la Ley de Bosques. «Esta ley tan mala no la defendió nadie en su cuestión de fondo», sintetizó el santafesino Agustín Rossi, de UP.
La reforma, que fue redactada en el marco del Consejo de Mayo e impulsada a pedido de los gobernadores de las provincias cordilleranas con ambiciosos proyectos mineros, pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación. La calle, sin embargo, ya anticipó que la disputa está lejos de terminar.