El Gobierno nacional avanza con la venta de un terreno perteneciente a la Armada Argentina en Ushuaia y despierta la preocupación en las Fuerzas Armadas. La medida se oficializó a través de la Resolución 101/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que incorporó el inmueble al proceso de enajenación de bienes públicos impulsado por el Poder Ejecutivo.
El lote tiene una superficie de 2.939 metros cuadrados y se encuentra delimitado por las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en las inmediaciones de la planta Orión. De acuerdo con la documentación oficial, el Ministerio de Defensa comunicó el año pasado que no existían proyectos para utilizar ese espacio en el futuro, motivo por el cual fue considerado prescindible. A ello se sumó un relevamiento de la AABE que concluyó que el terreno no posee ocupación permanente, salvo un uso temporal de Camuzzi Gas del Sur para almacenar materiales.
Aunque el Ejecutivo presenta la operación como parte de una política destinada a optimizar el patrimonio inmobiliario estatal, integrantes de las Fuerzas Armadas tienen una lectura muy distinta. Oficiales sostienen que el criterio aplicado para definir qué inmuebles son “innecesarios” deja de lado aspectos vinculados a la planificación estratégica y prioriza exclusivamente el valor económico de los bienes.
Las críticas se concentran especialmente en la ubicación del predio. Ushuaia es considerada un punto clave para la proyección argentina hacia el Atlántico Sur y la Antártida, además de constituir un enclave de importancia logística y militar en una región donde confluyen intereses internacionales y continúa vigente la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.
En ese marco, algunos militares consideran que desprenderse de terrenos en la capital fueguina envía una señal contradictoria respecto del discurso oficial sobre el fortalecimiento de la presencia argentina en el extremo sur del país. “No se trata de cuánto vale el terreno, sino del lugar donde está ubicado y de lo que representa para la defensa nacional”, resumió una fuente castrense. Un oficial explicó la gravedad de la medida asegurando que es como “si Estados Unidos decidiera venderle al mercado un terreno estratégico del Comando Sur en Florida”.
La venta forma parte del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar, que establece que el 70% de lo recaudado por la comercialización de inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Armadas debe destinarse a la compra y modernización de equipamiento. Sin embargo, dentro del ámbito militar existen dudas sobre el cumplimiento efectivo de ese mecanismo.
La desconfianza se apoya, según explican las fuentes, en los recortes presupuestarios registrados durante el último año. Por ese motivo, varios oficiales consideran que no existen garantías de que los recursos obtenidos por estas operaciones regresen finalmente al área de Defensa y advierten que el patrimonio podría reducirse sin una compensación concreta.
El malestar también está influido por el escenario geopolítico del Atlántico Sur. En las Fuerzas Armadas señalan que la creciente relevancia de la región, tanto por cuestiones militares como energéticas, logísticas y antárticas, exige fortalecer la infraestructura disponible y no desprenderse de activos considerados estratégicos. Incluso mencionan como antecedente reciente la presencia de un buque de guerra británico en Punta Arenas, Chile, un hecho que, aseguran, no recibió una respuesta diplomática por parte del Gobierno argentino.
Mientras la Casa Rosada sostiene que la política de la AABE busca reducir costos de mantenimiento y obtener recursos mediante la venta de inmuebles sin uso operativo, en sectores militares advierten que la discusión excede este caso puntual. El interrogante, afirman, pasa por definir hasta qué punto la necesidad de generar ingresos puede justificar la pérdida de espacios con valor estratégico para la defensa y la soberanía nacional.