50 años después: el balance de una justicia que avanza
El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado interrumpió el orden constitucional argentino e inauguró el período más oscuro de la historia reciente del país. Medio siglo después, el sistema judicial argentino sostiene una deuda pendiente con las víctimas del terrorismo de Estado: la de nombrar a los culpables, juzgarlos y condenarlos. Y aunque lenta, esa maquinaria no se ha detenido.
Desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la anulación de los indultos presidenciales, los tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias, en las que 1.231 personas fueron condenadas y 250 resultaron absueltas.
Los datos surgen del relevamiento sistemático de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de coordinar y monitorear estas causas a nivel nacional.
En el marco del 50° aniversario del golpe, hay 12 juicios en curso en distintas jurisdicciones del país. El dato no es menor: cada uno de esos debates representa años de instrucción, de testimonios de sobrevivientes, de búsqueda de pruebas, de lucha de organismos de derechos humanos y de fiscales que sostienen expedientes que el tiempo y la voluntad política intentaron clausurar más de una vez.
El estado de situación a 50 años del Golpe: entre detenidos, libres e impunes
El panorama procesal actual es complejo. Según la Procuraduría, 504 personas están detenidas por crímenes de lesa humanidad. De ese total, la inmensa mayoría, 425 personas, es decir más del 84%, cumple su detención en prisión domiciliaria. Solo 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 permanecen en establecimientos carcelarios comunes.
Pero la cifra que más inquieta a los organismos de derechos humanos es otra: 1.582 personas investigadas permanecen en libertad. La brecha entre quienes están detenidos y quienes circulan libremente mientras enfrentan causas por crímenes contra la humanidad es, según el propio registro histórico de la Procuraduría, la más grande desde que se llevan estos datos en 2015.
Esa ampliación de la brecha es el resultado de una sostenida reducción en la cantidad de personas detenidas, tendencia que preocupa a quienes monitorean el avance de estos procesos.
En la etapa de investigación preliminar, se encuentran en trámite 282 causas. La cantidad de personas procesadas en esas causas y en los juicios en debate asciende a 292. A su vez, hay 517 personas imputadas por fiscales que aún no han sido intimadas formalmente, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la definición de su situación procesal.
El número de prófugos se mantiene estable: 33 personas con paradero desconocido o no localizadas por la Justicia.
El juicio más reciente: Orletti, Base Pomar y el Plan Cóndor
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acaba de abrir el que, por ahora, es el último juicio en incorporarse a esta larga cadena de procesos. En el banquillo: cuatro exagentes de inteligencia acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 en dos centros clandestinos de detención que operaron bajo la órbita de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE): Automotores Orletti y Base Pomar.
Los acusados son César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar y Patricio Miguel Finnen, exagentes de la SIDE, y Julio César Casanova Ferro, personal inorgánico de ese mismo organismo. Los cuatro deberán responder por lo sucedido a 90 víctimas, cinco de las cuales eran niños al momento de los hechos.
El debate oral es llevado adelante por el fiscal general Pablo Ouviña y el auxiliar fiscal Santiago Ghiglione. La instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo. El tribunal está integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico.
En la apertura, el tribunal realizó la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. En uno de esos requerimientos, el fiscal Rívolo describió ambos establecimientos como “infiernos” y los definió como “lugares de represión, privaciones ilegales de libertad, aplicación de tormentos, torturas físicas, secuestros, homicidios, apropiación de menores y desaparición de personas”.
Las calificaciones penales
Las imputaciones son de máxima gravedad. Albarracín y Escobar son señalados como coautores responsables de privación ilegal de la libertad agravada por violencia o amenazas, reiterada en 89 oportunidades, siete de ellas agravadas por su duración superior a un mes, e imposición de tormentos agravados, también en 89 casos. Finnen enfrenta las mismas calificaciones respecto de 81 hechos. Ferro es acusado como partícipe necesario en ocho casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos.
Además, Finnen, Escobar y Albarracín están imputados por dos casos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años.
Automotores Orletti: el corazón del Cóndor en Argentina
El centro clandestino Automotores Orletti funcionó en la calle Venancio Flores 3519, en el barrio porteño de Flores, entre mayo y noviembre de 1976. Fue, según quedó probado en debates anteriores, la principal base de operaciones del Plan Cóndor en Argentina: la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que permitió el intercambio de detenidos, información e interrogadores a través de las fronteras.
Las detenciones y torturas que se juzgan en este proceso estuvieron a cargo del grupo de Operaciones Tácticas (OT) 18. Los testimonios de sobrevivientes confirman que miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID), ambos de Uruguay, concurrieron al lugar a interrogar a sus propias víctimas.
Por Orletti pasaron detenidos clandestinos de nacionalidad uruguaya, chilena, boliviana, cubana y argentina. La mayoría continúa desaparecida. El centro cerró el 5 de noviembre de 1976, tras la fuga de dos personas.
Base Pomar: el eslabón porteño de Pompeya
El segundo centro clandestino involucrado en el juicio, Base Pomar, funcionó en 1977 en la calle Teniente Coronel Gregorio Pomar 4171, en el barrio de Pompeya. Su misión específica fue la detención ilegal de personas y su alojamiento.
La acusación sostiene que allí también actuó parte del personal de la OT 18. Las pruebas determinaron que ejercía un liderazgo de hecho el fallecido Aníbal Gordon, figura vinculada a la Triple A, quien operaba bajo la cadena de mando de la SIDE.
El secuestro de Anatole y Victoria: niños en el Plan Cóndor
Uno de los episodios más estremecedores del juicio involucra a dos hermanos: Anatole Boris Julien Grisonas, de 4 años, y Victoria Eva Julien Grisonas, de apenas 1 año y cuatro meses.
Ambos fueron secuestrados el 26 de septiembre de 1976 en el domicilio familiar en General San Martín, provincia de Buenos Aires. En el operativo, su padre, Mario Roger Julien Cáceres, fue asesinado. La madre, Victoria Lucía Grisonas, y los niños fueron llevados a Automotores Orletti.
Testimonios de sobrevivientes del centro clandestino los ubican allí. Luego, según se estableció judicialmente, los niños fueron trasladados clandestinamente desde Argentina a Uruguay y después a Chile por efectivos uruguayos.
Fueron abandonados en el Parque O’Higgins de Valparaíso, vivieron en un orfanato y fueron adoptados legalmente en Chile. Años después, la familia biológica logró dar con ellos y los hermanos pudieron, por fin, conocer su verdadera identidad.
En el operativo de secuestro, la acusación señala la participación del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina junto a personal de la SIDE, con posible participación del Ejército y la Policía Bonaerense, dado que involucró vehículos militares, corte de calles e interrupción de servicios de electricidad y comunicaciones.
Justicia bajo asedio: negacionismo y presiones sobre los juicios
El avance de los juicios no ocurre en un vacío político. En los últimos años, y con mayor intensidad desde 2023, los procesos por crímenes de lesa humanidad enfrentan un contexto hostil caracterizado por declaraciones públicas que reivindican o relativizan el accionar de la dictadura, intentos de revisar la narrativa sobre los 30.000 desaparecidos y cuestionamientos a la continuidad de los juicios por parte de sectores del gobierno nacional.
Los organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el CELS y otros, han alertado reiteradamente sobre el riesgo que estas presiones representan para la integridad de los procesos judiciales, la seguridad de testigos y la preservación de la memoria colectiva.
La ampliación histórica de la brecha entre detenidos y personas investigadas en libertad que registra la Procuraduría es leída por muchos de estos organismos como una señal de alarma sobre el estado del sistema judicial en estas causas.
Una deuda que persiste y una sociedad que no olvida el Golpe
50 años después del golpe, los juicios por lesa humanidad son, al mismo tiempo, un logro histórico y una tarea inconclusa. Argentina construyó uno de los sistemas de justicia transicional más robustos del mundo: más de 1.200 condenas, cientos de causas en trámite, una institucionalidad especializada que incluye la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y una red de fiscales dedicados.
Todo eso es producto de décadas de lucha de los organismos de derechos humanos, de sobrevivientes que testificaron una y otra vez, y de familiares que nunca aceptaron el silencio.
Pero los números también hablan de lo que falta: casi 300 imputados en causas que aún no llegaron a juicio, 33 prófugos, 1.582 investigados en libertad y la brecha más amplia de la historia entre quienes esperan juicio libres y quienes lo hacen detenidos.
La apertura del juicio por Automotores Orletti y Base Pomar es, en ese sentido, una señal de que la Justicia argentina sigue en movimiento.
A 50 años del comienzo de la dictadura, la persistencia de estos procesos es también la persistencia de una sociedad que elige, una y otra vez, no mirar para otro lado.