La disputa por el futuro de los medios públicos porteños sumó un nuevo capítulo judicial. La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto al Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), presentó una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para frenar la licitación que busca concesionar la gestión de las radios AM 1110, FM 92.7 y el Canal de la Ciudad.
El planteo, patrocinado por Jonatan Baldiviezo y Cecilia Pazos, apunta directamente contra la Resolución N° 7/MJGGC/26 y los pliegos licitatorios que habilitan el traspaso del gerenciamiento operativo y de contenidos a manos privadas por un plazo de cinco años.
Además de pedir la nulidad e inconstitucionalidad de la medida, las organizaciones solicitaron una cautelar urgente para suspender el proceso antes de la apertura de sobres prevista para el 12 de mayo.
El conflicto tiene como telón de fondo una decisión política ya explicitada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien defendió el cambio de modelo bajo el argumento de reducir el gasto público: “No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor”, sostuvo al anunciar la iniciativa.
El esquema prevé concesionar las emisoras a cambio de un canon y transferir a los adjudicatarios la responsabilidad técnica, operativa y comercial de los medios.
Sin embargo, el amparo pone el foco en lo que considera una “omisión inconstitucional continuada” por parte del Estado porteño. Según el escrito, desde la sanción de la Constitución de la Ciudad en 1996 nunca se creó el ente autárquico encargado de administrar los medios públicos, tal como lo establece el artículo 47.
Para los demandantes, avanzar con una concesión privada sin haber cumplido previamente con esa obligación implica una violación directa del marco legal vigente.
En esa línea, sostienen que delegar en empresas privadas la definición de la programación y la gestión del personal supone un “vaciamiento de funciones indelegables del Estado”.
También cuestionan la falta de convocatoria a audiencias públicas, un requisito contemplado en la Constitución local para decisiones que afecten bienes públicos estratégicos como el espectro radioeléctrico.
El patrimonio cultural de la Ciudad en riesgo
Más allá de la discusión jurídica, la demanda construye un argumento centrado en el valor simbólico de los medios involucrados. La FM 92.7 La 2×4, única emisora pública del mundo dedicada íntegramente al tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, aparece como uno de los casos más sensibles.
Según advierten, los pliegos no garantizan suficientemente la preservación de esa identidad frente a lógicas de rentabilidad.
La AM 1110, con casi un siglo de historia desde su origen como Radio Municipal, y el Canal de la Ciudad, con la obligación legal de transmitir las sesiones legislativas, completan un mapa que, para las organizaciones, excede lo comunicacional y se inscribe en el terreno del patrimonio cultural.
Bajo esa perspectiva, cualquier modificación en su gestión debería haber sido acompañada por estudios de impacto y mecanismos de participación ciudadana que, según denuncian, fueron omitidos.
Medios: un conflicto que también es político
El escenario se complejiza por la coexistencia de proyectos legislativos que buscan, justamente, saldar la deuda institucional que señala el amparo: la creación del ente autárquico para los medios públicos.
La presentación judicial advierte que, si la concesión se concreta por cinco años, cualquier avance en ese sentido quedaría condicionado por contratos vigentes, generando hechos consumados y potenciales litigios contra el Estado.
En paralelo, la oposición ya había comenzado a moverse en la Legislatura. El diputado Leandro Santoro presentó un pedido de informes para conocer detalles del proceso, desde los criterios de adjudicación hasta el impacto laboral sobre los cerca de 500 trabajadores de las señales. También reclamó precisiones sobre cómo se resguardará el carácter cultural de los medios.
Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que el nuevo esquema garantizará una gestión “moderna y eficiente”, con exigencias técnicas, planes de inversión y la reserva de un 30% de la programación para contenidos institucionales y de interés público.
La judicialización del proceso abre así un frente que excede lo administrativo y pone en discusión el rol del Estado en la producción y circulación de contenidos, la preservación del patrimonio cultural y los límites de la gestión privada sobre bienes públicos.
Con la licitación en marcha y la cautelar en evaluación, el desenlace de este conflicto definirá no solo quién administra los medios porteños, sino también bajo qué lógica se construye la comunicación pública en la Ciudad.