En un revés contra la Verdad, que se inscribe además en una política estatal que reivindica la última dictadura cívico-militar, el Gobierno disolvió la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de Niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), creada mediante el decreto 715/2004. La decisión se realizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 727/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial.
Entre las argumentaciones se menciona que “invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes, consagrada en la Constitución Nacional”. El DNU que lleva la firma de Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona argumenta que “no puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del Estado Nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”.
🔴 Desde #Abuelas denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de las nietas y nietos apropiados durante la última dictadura. La decisión del Gobierno de eliminar la unidad de investigación de la CoNaDI favorece la impunidad.
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) August 14, 2024
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¿Qué era la Unidad Especial de Investigación?
El organismo reforzaba la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la cual entre sus objetivos contempla la búsqueda de “hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres”. En ese sentido, la unidad podía iniciar investigaciones por iniciativa propia; acceder de forma directa a los archivos del Estado que pudiesen contribuir con los fines de la CONADI; y requerir a organismos del Estado informaciones, testimonios y documentos sobre la materia.
En 2004, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se promulgó el decreto 715 que formalizó la creación de la UEI. El mismo facilitó el acceso a información clave para la localización de bebés apropiados, siendo un instrumento fundamental en la lucha por la restitución de la identidad.
Ya a fines de junio, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado en el que advertía la gravedad que implicaría la disolución. “La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la Justicia y un gasto para el Estado”, aseguraron. A su vez, sostuvieron que cuentan con alrededor de 7000 denuncias de posibles hijos de desaparecidos. “Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UNIFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable”, agregaron.
Ahora, esa advertencia es una realidad ya que el futuro de estas investigaciones queda en manos del Ministerio Público Fiscal.