Casi dos meses después de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunciara la licitación de sus medios (las radios AM 1110, FM 92.7 y el Canal de la Ciudad), se filtró un documento del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que le ordena frenar ese proceso. La medida ya había sido denunciada como una “privatización encubierta” tanto por los propios trabajadores como por legisladores.
Diego Pietrafesa, Secretario de Acción Social del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), fue quien difundió este comunicado que data del 10 de abril. El interventor de ENACOM, Juan Luis Ozores, alertó en dicho escrito que la licitación “colisiona” con el marco regulatorio vigente, principalmente con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) y el decreto 1225/2010.
El comunicado de ENACOM
Antes de la difusión de este documento, los trabajadores realizaron varias medidas y acciones para visibilizar el conflicto, como un festival de tango, junta de firmas y presentaciones ante la Justicia nacional y porteña. La demanda nacional terminó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 12, lo que derivó la intervención del ENACOM.
El escrito que le envió Ozores al GCBA indica que la licitación de La Once Diez, La 2×4 y el Canal de la Ciudad choca sobre todo con el artículo 44 de la Ley 26.522. Este establece que “la explotación de los servicios de comunicación audiovisual adjudicados por una licencia o autorización, será realizada por su titular”.
El mismo artículo considera una falta grave ceder total o parcialmente la programación a terceros, celebrar contratos de exclusividad con comercializadoras de publicidad o productoras de contenidos, u otorgar mandatos que impliquen sustituir a los titulares en la explotación de las emisoras.
En esa línea, el ENACOM remarca otro punto central de la norma: “La indelegabilidad de la prestación obedece al mantenimiento de la titularidad efectiva de la explotación de la emisora por quienes accedieron a la condición de licenciatario por estar calificados para la misma, y que en forma previa fueron evaluados por la Autoridad de aplicación”.
Ozores también mencionó los artículos 106 y 108 de la ley. El primero establece la sanción de caducidad para quienes incurran en las conductas previstas en el artículo 44, mientras que el segundo refuerza que la delegación de la explotación del servicio puede derivar directamente en la pérdida de la licencia.
En ese marco, el interventor le advirtió al Gobierno de Jorge Macri que “de persistir con el proceso licitatorio, este Organismo se verá obligado a iniciar el correspondiente proceso sancionatorio”.
La respuesta de los trabajadores
Tras darse a conocer el documento de ENACOM, trabajadores de los medios de la Ciudad le solicitaron al Juzgado “la habilitación de días y horas hábiles para que la Justicia falle a favor de la cautelar presentada antes de la apertura de sobres de oferentes previstas para el 12 de mayo”. Asimismo, le exigieron a Jorge Macri “que cumpla la ley y frene la concesión por ser ilegal e inconstitucional”.
“Nos parece importante que el organismo que vela por el control justamente de los medios pueda haber alertado sobre esta situación hace tantos días”, destacó Carina López Monja, vocera de los medios públicos de la Ciudad, en diálogo con Tiempo Argentino.
También salió en apoyo a los trabajadores la legisladora de CABA Graciana Peñafort con una publicación en X: “Ya te lo dije hace un tiempo: la privatización de los medios públicos de la ciudad, no sólo porque contradice la Constitución de la CABA, sino porque la ley de servicios de comunicación audiovisual no permite hacer esas cosas”.
López Monja también enfatizó en la amplitud de los apoyos: “Legisladores del bloque de Unión por la Patria, Graciana Peñafort, que es una institución en este tema, el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, el Frente Izquierda, en fin, casi todos los legisladores, a excepción del oficialismo, coincidieron con nosotros en que esto efectivamente va a contramano de lo que dice la legalidad y la constitución de la ciudad de Buenos Aires”.
Por su parte, el abogado de los trabajadores, Damián Loretti, le señaló a Tiempo Argentino que no pueden “dar fe de esa nota del ENACOM hasta tanto no se pueda dejar constancia de su autenticidad”. Sin embargo, sostuvo que, “en la medida en que eso esté ratificado, es una razón más para insistir con la medida cautelar requerida”.