El ataque militar de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura y traslado forzado del presidente Nicolás Maduro y su esposa fuera del país no es solo un hecho de impacto internacional. Para la Argentina, y para América Latina, es una señal de alerta histórica. No por simpatía o antipatía con el gobierno venezolano, sino porque lo que está en juego es algo mucho más grave: la vigencia de la soberanía de los Estados frente a la lógica del garrote.
A 35 años del arresto del general Manuel Noriega en Panamá, Estados Unidos volvió a hacer lo que América Latina conoce demasiado bien. Actuar de manera unilateral, sin mandato de organismos multilaterales, sin resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y con una narrativa conocida: orden, seguridad, lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el crimen, defensa de la democracia. El libreto no es nuevo. Lo nuevo es la naturalización con la que parte del sistema político y mediático global parece aceptar que un país capture al jefe de Estado de otro. Ni hablar de los medios hegemónicos de nuestro país, quienes derraman baba del gusto.
Para la Argentina, este episodio resuena con fuerza por razones históricas. El continente tiene memoria: Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Panamá en 1989. Cada vez que una potencia decidió que el destino de un país debía resolverse desde afuera, las consecuencias fueron más violencia, más dependencia, más deuda externa y menos democracia real. Nunca lo contrario.
En ese sentido, la pregunta que debería atravesar el debate público argentino no es si Maduro “merecía” o no este desenlace. Esa discusión es secundaria y, en muchos casos, funcional a desviar el foco. La pregunta central es otra:
¿qué precedentes se habilitan cuando una potencia (guiada, además, por un Donald Trump sin autoridad moral de nada) decide quién gobierna en América Latina y cómo debe caer un gobierno?
La Argentina tiene, además, una responsabilidad política particular. No solo por motivos históricos, que nos encuentran hermanados desde nuestros orígenes en la lucha emancipatoria, con los grandes libertadores José de San Martín y Simón Bolívar a la cabeza, sino también por la perspectiva geopolítica en el siglo XXI. Abrazar carnalmente a Estados Unidos y celebrar su intervención en nuestro continente, como hizo Javier Milei, es la aceptación explícita de un orden donde manda el más fuerte.
Trumpo no tiene ningún problema en afirmar que intervinieron para garantizar sus intereses económicos vinculados al petróleo. Así funciona su mirada del mundo. La de Javier Milei, sometida a este «trumpcolonialismo», subordinada al único interés de obtener el aval de Trump para sostener su proyecto político a toda costa, es la clásica perspectiva cipaya, vendepatria, traidora, como supo ser calificada a lo largo de las décadas.
Esto no implica justificar autoritarismos ni negar las gravísimas crisis que atraviesa Venezuela desde hace años. Implica algo más elemental y más incómodo: defender principios incluso cuando el gobierno atacado no nos resulta simpático. Porque cuando el derecho internacional se relativiza según afinidades ideológicas, lo que queda es la ley del poder, y en eso Estados Unidos sigue siendo el más grande, a pesar de su progresiva decadencia.
Para un país como el nuestro, endeudado, periférico, dependiente y con una historia marcada por la injerencia externa, este episodio debería leerse como una advertencia estratégica. Si la región no construye posiciones comunes, si no fortalece mecanismos propios de resolución de conflictos, la soberanía se convierte en una palabra vacía.
Estados Unidos no atacó solo a Venezuela. Atacó la idea de que los pueblos pueden resolver sus crisis sin tutelajes militares externos. Y frente a eso, la pregunta ya no es qué pasa en Caracas, sino qué tipo de mundo, y cuál es nuestro lugar en él, estamos dispuestos a aceptar desde Argentina.