
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un acuerdo con Nación por el pago de la deuda de la coparticipación a través de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses. Pese al arreglo y a la ampliación del Presupuesto porteño, un informe reveló la profundización de los recortes en áreas tales como salud, educación y vivienda.
Finalmente, tras un sinfín de reuniones y negociaciones el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sellaron un acuerdo para pagar la deuda que se generó durante el último año respecto a la coparticipación.
En total se saldrán $800 mil millones que se acumularon desde agosto del año pasado al Gobierno interrumpir el pago semanal del 1,55% de la Coparticipación que había impuesto una medida cautelar de la Corte en 2022. Queda por fuera la deuda que acumuló la gestión de Alberto Fernández, por la cual desde Ciudad insistirán en su debido momento.
El conflicto viene desde 2016 cuando el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, decidió aumentarle el porcentaje de la coparticipación a Ciudad desde el 1,4% al 3,7%.
Posteriormente, en 2020 con Alberto Fernández en Casa Rosada, se retrotrajo hasta el 2,3% lo que derivó en que el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, judicialice la medida.
En diciembre de 2022, la Corte Suprema hizo lugar a la cautelar que estableció el monto a percibir por CABA en 2,95%, dotado de un 1,4% de transferencia automática y el 1,55% que la gestión de Milei había interrumpido el año pasado.

El Presupuesto de la Ciudad que ajusta las áreas sociales
Recientemente, el Gobierno de la Ciudad solicitó una ampliación del Presupuesto para recalibrar partidas producto de la escalada inflacionaria y contemplando el inminente acuerdo, ahora confirmado, del cobro de la deuda de la coparticipación.
Pese a la ampliación del Presupuesto, se observa una serie de recortes en distintas áreas sociales según un informe del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA que comparó la asignación de fondos desde 2022.
El titular del Observatorio, Juan Pablo Costa, hizo un análisis de la ejecución del Presupuesto: “Lo que se ve es que hay una reasignación regresiva del gasto público, porque los datos revelan que hay recortes en la mayoría de las áreas sociales, en salud, en educación, en vivienda”, precisó.
En contrapartida, señaló que “hay incrementos de recursos destinados al sector privado, sea a servicios concesionados, sea a la educación privada y también a la deuda pública”, en palabras a Tiempo Argentino.
Uno de los datos más resonantes del informe es el presupuesto para el Instituto de la Vivienda (IVC) que cayó un 46% respecto de 2022 mientras que el programa de urbanización e integración de villas tuvo una merma del 58%.
Según denuncias de los propios trabajadores del IVC, el gobierno porteño tiene como objetivo el cierre del organismo, para lo cual La Libertad Avanza en la Legislatura porteña presentó un proyecto para tal fin que podría dejar alrededor de 1300 trabajadores despedidos.

En el área de educación se detectó un 13% menos del presupuesto respecto a 2023, donde el programa de Carrera Docente cayó 51%, las becas estudiantiles 36% y la asistencia alimentaria escolar 13%. En tanto, el gasto total en personal docente disminuyó un 16%.
Respecto a educación, Costa habló de un panorama generalizado de ajustes donde la educación inicial, primaria, media y educación técnica caen en todos los casos entre 3,5% y el 5%.
El área de Salud no fue ajena a los recortes y sufrió una baja del 10% respecto a 2023. Dentro del ajuste están los hospitales maternoinfantiles (Gutiérrez, Sardá, Elizalde) que tuvieron un ajuste del 12%.
El sector PyMES fue el más castigado, debido a que se interfirió en el programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas en un 82% en contraste con 2023.
En conclusión, el gasto de la Ciudad en 2025 sufrió una caída real del 4% respecto a 2022, con la particularidad que los recortes fueron direccionados hacia áreas tales como educación, salud y vivienda, priorizando a los sectores con alta participación privada.

