Los primeros 15 meses de la presidencia de Javier Milei se cumplen marcados por la tragedia de Bahía Blanca, pero están marcados por una serie de reformas ambiciosas que buscan redefinir las relaciones jurídicas entre los ciudadanos y el Estado. Bajo el lema de «desregulación» y «ajuste», estos cambios son sido justificados como una respuesta a un supuesto descalabro previo, aunque en la práctica significan una restricción de derechos para ciertos sectores sociales, bajos y medios, y una ampliación del poder con privilegios para otros, los altos.
El sentido de castigo y beneficio, es algo que Milei deja claro en cada acción de Gobierno.
Los instrumentos de reformas normativas y herramientas a las que apeló el Gobierno en este tiempo son la combinación perfecta además de cómo la “vieja política” nunca se terminó de ir. El caso de Edgardo Kueider así lo demuestra.
El Poder Ejecutivo mostró un impulso frenético y violenteo para materializar estas reformas, utilizando herramientas que le han permitido evitar, en gran medida, la intervención del Congreso. Entre estas herramientas la primera fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, la Ley Bases y las resoluciones ministeriales.
El DNU 70/23, emitido por el PEN, declaró la emergencia pública en diversas áreas hasta fines de 2025, otorgándose facultades extraordinarias sin precedentes. Este decreto derogó o modificó más de ochenta leyes, afectando ámbitos cruciales como las relaciones laborales, el alquiler de viviendas y la medicina privada.
Ese DNU sigue vigente, porque tras ser rechazado en el Senado, sigue con su análisis paralizado en la Cámara de Diputados. Algunas acciones aisladas en el Poder Judicial, pusieron frenos parciales a la aplicación total de ese conjunto de normas. Es el caso de la reciente declaración de inconstitucionalidad el aumento de las prepagas en 2024.
Ley Bases y facultades delegadas
La Ley Bases 27.742 refrendó la declaración de emergencia y otorgó al PEN facultades delegadas durante un año, permitiendo la aprobación de reformas económicas importantes como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esta ley legitimó el uso de decretos como herramienta fundamental de gobierno.
Desde entonces, Milei reformó a través de DNU el sistema nacional de inteligencia, el sistema de jubilaciones y pensiones, y el sistema de telecomunicaciones e internet. Estas reformas modificaron las reglas en numerosos ámbitos, retirando al Estado de algunas funciones mientras incrementaba sus capacidades de control y vigilancia en otras.
El Estado sí está presente cada miércoles en la Plaza de los Dos Congresos, para fajar a los jubilados. Es sabido que la “casta” debe perder los privilegios, el acceso a la calle y tal vez la vida. Aunque sea el propio Estado el que gaste recursos de la “gente de bien” en reprimirlos.
Limitaciones políticas y judiciales
En este año y tres meses de gestión, el presidente Milei enfrentó pocos límites políticos o judiciales a su “proyecto de transformación”. Con las facultades delegadas, intervino instituciones, disolvió organismos y modificó reglas de la administración pública. El Congreso, que tiene facultades para controlar los DNU y los decretos delegados, rechazó solo algunos decretos, como el que pretendía otorgar fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
En ese caso, no contó con la ayuda inestimable del PRO y otros aliados, que tuvieron un repentino y efímero ataque de republicanismo.
Estrategias para evitar el Congreso y resoluciones ministeriales
Otra estrategia utilizada por el gobierno para evitar el Congreso fue la publicación de decretos reglamentarios en lugar de cambiar las leyes. Esto pasó con decretos que restringen el acceso a información de interés público y modifican el sistema de clasificación de información por razones de seguridad nacional, por ejemplo.
El Gobierno también utilizó resoluciones ministeriales para modificar normas en materia económica, de salud y de seguridad. Estas disposiciones afectaron, por ejemplo, los mecanismos de control de las cuotas de medicina prepaga y las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta. El Protocolo de Bullrich es la muestra más escandalosa de cómo un derecho constitucional es vulnerado, en nombre del enorme problema de pisar la calle.
El silencio es salud, decían en la última dictadura. Las calles son para los autos de la gente de bien, se puede parafrasear casi medio siglo después.
El rol del Poder Judicial en la era Milei
La autopercibida “Justicia” no puso límites significativos al uso de facultades legislativas por parte del PEN. Aunque algunos fallos frenado ciertas reformas, como la desregulación de la medicina privada y la derogación de la ley de tierras, la mayoría de las causas que cuestionan la inconstitucionalidad del DNU 70/23 fueron desestimadas por razones formales.
El último capítulo en la relación con el Poder Judicial es la novela de la Corte Suprema. Después de casi un año sin que Milei haya logrado las voluntades en el Senado para designar por la vía institucional a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, apeló a un decreto. Con la excusa que el Congreso no estaba en su período ordinario, los nombró en comisión por un año.
Pero como las lealtades en política a veces duran lo que un suspiro de adolescentes enamorados, García-Mansilla asumió casi en secreto y una semana después votó en contra de que Lijo se tome licencia de su cargo de juez federal.
Así, de alguna manera, dejó en una mala posición al Gobierno, que puede (si los senadores se apegan a los principios y no a los valores como Kueider), perder la votación de ambos pliegos en las próximas semanas.
Bahía Blanca como paradigma del mileísmo
A una semana de haber asumido el gobierno de La Libertad Avanza, un tornado se desató sobre la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. El Presidente viajó con parte de su gabinete, disfrazado de militar y en pocas palabras les dijo que “ante estos eventos tan adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos poner siempre a prueba nuestra resiliencia y solidaridad». Luego agregó aquella frase tan recordada de «por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes».
Era la prueba concreta de su promesa-amenaza de campaña: no hay plata.
En un año donde gozó de todas las herramientas políticas para generar un sufrimiento enorme a las mayorías, la solución a las consecuencias del temporal e inundación de Bahía Blanca queda en manos del Ejecutivo nacional.
A diferencia de aquel diciembre de 2023, esta vez ya prometieron unos 10 mil millones de pesos. Se trata de la décima parte de lo que se supone ya gastaron de los fondos reservados de la SIDE, antes que el Congreso rechazara ese decreto.
Lo que no se privó de hacer Milei y su gabinete fue intentar sacar rédito del desastre. Desde las acusaciones en redes al gobernador Axel Kicillof por la falta de obras, siendo el gobierno que se jacta de haberlas paralizado, hasta el show montado en la noche del viernes, con la presencia de Patricia Bullrich y Luis Petri.
Los ministros de Seguridad y Defensa llegaron acompañados del diputado nacional José Luis Espert, uno de los cruzados contra Kicillof. Lejos de ser un especialista en materia de catástrofes, el economista y legislador, está haciendo su propia compaña montado en la denuncia del “baño de sangre” que es la Provincia.
La foto de la mesa de operaciones donde están junto al intendente Federico Susbielles, de Unión por la Patria, es la muestra de la escenificación del accionar para redes, montado para el bien público, mientras quedan en las sombras los negociados de carácter financiero y especulativo, del que el escándalo de la estafa con $Libra es apenas la punta del iceberg.
Esta vez, Milei ni siquiera sobrevoló la zona. No fue a la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, donde había sido invitado por el gobernador Alfredo Cornejo, un radical violeta. En cambio, se quedó en Olivos “monitoreando” la situación. Acaso, con los restos que dejaron los fondos reservados que le otorgó por decreto a la SIDE, haya tenido la información de lo que le iba a pasar a Bullrich y Petri, abucheados cuando se iban de la ciudad, que aún sigue casi aislada.
Es la vieja política que no se va, si no se la empuja con alternativas renovadas, populares y transformadoras. Una salida que sea capaz de gestionar lo público sin darle la espalda al pueblo y también a las instituciones y a la propia Constitución Nacional.
De eso depende que el entramado de políticas públicas, como la de la ciencia, no terminen de desaparecer y a los próximos estudios de los impactos de cambio climático no se los tire a la basura, después de ser despedazados por la motosierra del ajuste.
Bahía Blanca es eso: cambio climático, falta de previsión aún ante lo incierto y escasa respuesta del Gobierno. Son los lugares adonde no hay fallas de mercado, pero tampoco llega el Estado.