La niñez en alerta por el vaciamiento del sistema de protección infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enfrentan una situación crítica. Así lo advierte el nuevo informe de ATE Capital, que denuncia el desfinanciamiento sistemático de las Defensorías Zonales del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA).
Crisis institucional: cuando cuidar deja de ser prioridad
Las Defensorías Zonales, piedra angular del sistema de protección integral previsto por la Ley 114, hoy funcionan con el 30% de sus equipos incompletos. En zonas como el sur de la ciudad, cada equipo debe abordar entre 500 y 700 casos activos, en condiciones de extrema precariedad. A esto se suma una preocupante ola de violencia laboral, persecución interna y más de 40 renuncias en el último año.
Según el informe, alrededor del 40% del personal se encuentra bajo modalidad de monotributo, con ingresos que ni siquiera alcanzan dos salarios mínimos vitales y móviles, vulnerando el principio de corresponsabilidad del sistema y debilitando el rol territorial de las defensorías.
Desmantelamiento y judicialización: dos caras del retroceso
ATE también alerta sobre el uso político de esta crisis para justificar reformas regresivas a la Ley 114, incluyendo traspasos orgánicos que diluyen la autonomía del Consejo. En paralelo, se constata una preocupante judicialización de la pobreza, donde las defensorías se ven subordinadas a jueces que las utilizan como “policías de familia”, relegando su función preventiva y comunitaria.
La falta de dispositivos adecuados y recursos básicos para las familias atendidas, junto con la presión burocrática y la falta de articulación interinstitucional, colapsa el sistema y deja a niñas, niños y adolescentes sin la protección adecuada.
“¿Quién cuida a quienes cuidan?”
El informe plantea una pregunta clave: ¿cómo garantizar derechos si quienes deben hacerlo no los tienen? La sobreexigencia, el desgaste emocional y los bajos salarios convierten a las trabajadoras y trabajadores del sistema en víctimas de un esquema que prioriza informes judiciales por sobre la promoción de derechos.
En este escenario, el reclamo se extiende a toda la sociedad: fortalecer el sistema requiere financiamiento adecuado, condiciones laborales dignas y un compromiso político real para con las infancias y adolescencias.
En la ciudad con el índice de desarrollo humano más alto del país, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes debería ser un deber irrenunciable. Sin embargo, la realidad expuesta en este informe muestra que el sistema está al borde del colapso. La emergencia exige una respuesta urgente del Estado y la sociedad.