*Por Lorena Pokoik, Diputada Nacional- Unión por la Patria.
La detención preventiva de Alesia Abaigar no puede interpretarse como un hecho aislado, ni mucho menos como una aplicación neutral del derecho. Se trata de una expresión concreta del nuevo orden represivo que se está consolidando en la Argentina: uno en el que la protesta social ya no es leída como un derecho constitucional, sino como una amenaza al programa de gobierno. No es una medida jurídica, es una decisión política.
A Alesia se le imputa haber colocado un pasacalle y arrojado estiércol en la vereda del domicilio del diputado nacional José Luis Espert. Un acto simbólico de repudio, sin violencia, que en ningún caso constituye un delito penal. En el peor de los escenarios, podría considerarse una contravención administrativa. Sin embargo, el aparato judicial reaccionó con un nivel de severidad absolutamente desproporcionado: operativos de la Policía Federal, detenciones, incomunicación, negativa de excarcelación y una prisión preventiva que no resiste el menor análisis jurídico.
Desde el miércoles 25 de junio, Alesia —militante política y funcionaria pública de la provincia de Buenos Aires— permanece detenida por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Durante el allanamiento, también fueron arrestadas su madre de 70 años y un amigo que se encontraba en la vivienda, ambos luego liberados. Alesia fue incomunicada durante casi 48 horas, sin que se le informaran con claridad los motivos de su detención ni las pruebas en su contra. No hay riesgo de fuga. No hay posibilidad de entorpecimiento. No hay pruebas pendientes. No hay delito. Hay, sí, un mensaje de fondo: quien cuestione al poder, puede ser castigado con la cárcel.
Este caso no es un exceso puntual. Es parte de un patrón. Un síntoma de un proceso más amplio: el reemplazo del Estado de Derecho por un Estado policial. Allí donde las instituciones deberían funcionar como garantías, se transforman en instrumentos de disciplinamiento. La división de poderes —fundamento básico del sistema republicano— se erosiona peligrosamente: el Poder Judicial actúa como engranaje auxiliar de un plan de gobierno que necesita represión para sostener el ajuste.
Cuando protestar se vuelve delito y perseguir judicialmente a una persona por un acto simbólico se vuelve norma, lo que está en juego no es solo la libertad individual de una militante, sino la salud institucional de nuestra democracia. La represión no se sostiene solo con garrotes: también necesita jueces que convaliden el atropello, fiscales que miren para otro lado y medios que construyan un relato de criminalización.
La pregunta es inevitable: ¿cuál es la vara con la que se mide la violencia en la Argentina actual? Mientras Alesia permanece detenida por un acto de repudio sin consecuencias materiales, otras figuras públicas —con responsabilidades institucionales de primer orden— emiten discursos de incitación directa a la violencia y permanecen impunes.
El diputado José Luis Espert ha llegado a decir, sin ambigüedades: “A los delincuentes hay que llenarlos de agujeros”, “colgarlos en la Plaza”, “el próximo sos vos, hijo de puta”. En referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo ante miles de personas:
“¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”. Todo esto está registrado, documentado, y ha sido denunciado públicamente. Sin embargo, no hay sanciones, ni investigaciones judiciales serias, ni medidas cautelares. La violencia del poder parece no tener consecuencias.
Del mismo modo, el presidente Javier Milei ha convertido la agresión en estilo de gobierno. Ha deshumanizado a opositores, ha amenazado con “ir a buscar hasta el último rincón del planeta” a quienes se le opongan, ha naturalizado la idea de enemigos internos y ha deslegitimado la política como herramienta de transformación. Su retórica autoritaria no es retórica solamente: se complementa con decretos, protocolos represivos y decisiones institucionales que configuran un modelo de democracia restringida, con altos niveles de violencia estatal y bajos niveles de tolerancia.
El contraste es brutal: el que protesta, preso; el que incita al odio, impune. Esa inversión de roles debilita las bases mismas del contrato democrático. Porque si el castigo se aplica sobre los cuerpos que resisten, y no sobre las voces que amenazan, lo que se está desmoronando no es solo la justicia: es la posibilidad misma de la política como herramienta de emancipación.
En un contexto de miseria planificada, recorte de derechos y violencia discursiva desde las más altas esferas, la protesta no solo es legítima: es necesaria. Y criminalizarla es un modo de blindar el ajuste con miedo. Si el objetivo es disciplinar, la respuesta no puede ser el silencio. La democracia no se defiende persiguiendo a disidentes, se defiende garantizando libertades.
Por todo esto, exigimos la inmediata liberación de Alesia Abaigar. Porque lo que está en juego no es solo su libertad personal: es el derecho colectivo a protestar, disentir y vivir en un país donde la ley no sea la excusa del poder.