El pasado jueves 6 de junio, organizaciones sociales, de derechos humanos e institutos universitarios lanzaron el Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina. La inauguración fue en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En un contexto dónde cada vez más se atenta más contra el ambiente en el país, quienes lo defienden no dan un paso atrás. El objetivo del Observatorio es monitorear la implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina.
Al proyecto lo llevan adelante la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Amnistía Internacional Argentina; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA); Consciente Colectivo; el CONICET Santa Fe; la Universidad de Salta, entre otros.
A su vez, en estos días desde FARN publicaron el Informe Ambiental 2024 “Contra la corriente. Perspectivas para garantizar el derecho al ambiente sano”. Allí, analizan entre otras cosas por qué es necesario asegurar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
El Observatorio: unos anteojos necesarios
Repasemos. El Acuerdo de Escazú incluye a 15 estados partes de América Latina y el Caribe. Se creó para asegurar la implementación del acceso a la información ambiental, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a las cuestiones ambientales, así como el acceso a la justicia en estos casos.
Argentina es una de las naciones americanas que ratificó el tratado. Por eso, el Observatorio que se inauguró esta semana pretende velar por su efectivización. Uno de sus fines es obtener información territorial sobre distintos casos judiciales e iniciativas legislativas. A su vez, se propone analizar los obstáculos en materia de acceso a la información y la participación de la sociedad en la toma de decisiones.
Otras organizaciones detrás del proyecto son el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS); Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Sustentabilidad Sin Fronteras; el Centro de Derecho Ambiental (CEDAF); la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos; el Proyecto Meulen; y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
“En un contexto de negacionismo climático, de desregulaciones y retrocesos en materia ambiental, social y de derechos humanos, el Observatorio viene a marcar una hoja de ruta para señalar el camino hacia el cumplimiento integral del Acuerdo de Escazú”, señaló Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN, durante el evento de inauguración.
En ese sentido, a partir de los datos que obtenga el Observatorio, las organizaciones que lo conforman propondrán líneas de acción para instar a las autoridades el cumplimiento integral del Acuerdo en todo el territorio nacional.
Defensores ambientales: una tarea de riesgo
El Informe Ambiental 2024 “Contra la corriente. Perspectivas para garantizar el derecho al ambiente sano”, de FARN, reflexiona sobre la situación de les activistas por el clima en Argentina.
En ese sentido, tanto Pia Marchegiani como Andrés Nápoli (directores de la organización) plantearon en el texto que las políticas del gobierno no pueden desconocer que existen normas vigentes.
Por otra parte, aseguraron que la defensa del ambiente en el país depende de comunidades indígenas y campesinas, organizaciones sociales y ambientales y otros colectivos vinculados al activismo, la comunicación y la investigación.
“De manera organizada y actuando en red, buscan hacer valer un marco jurídico de derechos ambientales y humanos existente a nivel nacional y respaldado por acuerdos internacionales, como el reciente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú”, afirmaron.
Objetaron que, en definitiva, la de vigencia de las normas ambientales se efectiviza cuando existe movilización y demanda social. Es por eso que consideraron a les defensores del ambiente sumamente importantes para acompañar un liderazgo estatal en el diseño de políticas acordes a los desafíos que plantea la crisis ecológica.
“En la región más peligrosa para defender a la naturaleza, y cuando se avanza para implementar un plan de protección de personas defensoras a nivel regional, la Argentina necesita más que nunca de la vigencia del Estado de derecho”, pidieron.
Y concluyeron que, en vez de atentar contra elles, “se deberán garantizar los derechos fundamentales a la libertad de opinión y expresión, a la manifestación y a la protesta, a la petición a las autoridades y al acceso a la Justicia”. Tarea difícil, pero necesaria ya que planeta Tierra hay uno sólo.