martes 16 de abril de 2024

Andrés Nápoli, un argentino en el Comité de Apoyo del Acuerdo de Escazú

El también director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales es uno de les integrantes de ese órgano internacional. Nota al Pie dialogó con él para saber más acerca de su rol en el Comité, y sobre la problemática ambiental de la región.
Andrés Nápoli
Andrés Nápoli es uno de les sietes integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Crédito: Futuro Sustentable.

Andrés Nápoli es un referente en el país en lo que se refiere a la temática medioambiental. Por eso, se lo seleccionó en el pasado mes de abril para ser miembro del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. 

Nápoli es abogado especialista en derecho ambiental y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Anteriormente, fue uno de les representantes electos del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú. 

Pero, ¿qué es el Acuerdo de Escazú? Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Este organismo internacional tuvo su segunda Conferencia de las Partes (COP 2) este año en Buenos Aires, en el mes de abril.

Allí, los países parte definieron la conformación de su Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento. Andrés Nápoli es el único argentino entre les siete miembres que lo componen. 

Nota al Pie dialogó con el especialista para conocer su mirada sobre el rol de ese organismo. “No es un tribunal”, explicó sobre el Comité del que forma parte. “Lo que va a brindar es la posibilidad de que los países hagan realidad la letra del Acuerdo”, sostuvo.

CEPAL ONU 2
La COP 2 también eligió como miembros del Comité a Guillermo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Joseph Olivetti (Granada), Patricia Madrigal (Costa Rica), Carole Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá). Crédito: CEPAL.

América Latina y el Caribe por el medio ambiente 

El verdadero nombre es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.  Se lo conoce como Acuerdo de Escazú, se firmó en 2018 y su implementación comenzó en 2021. 

Este es el primero del estilo en la región. Su puesta en marcha es clave en un continente tan rico en materia medioambiental y a la vez, tan atacado. De los 33 países que integran América Latina y el Caribe, sólo 24 lo firmaron y 15 lo ratificaron. 

Estos últimos son Antigua y Barbuda; Argentina; Belice; Bolivia; Chile; Ecuador; Granada; Guyana; México; Nicaragua; Panamá; San Vicente y las Granadinas; Saint Kitts y Nevis; Santa Lucía y Uruguay. 

Su primera reunión oficial fue en 2022, en Chile. Y aunque se determinó que se realizará una Conferencia de las Partes cada dos años, el pasado mes de abril se celebró una extraordinaria. Se conoció como COP 2, y uno de sus objetivos fue conformar el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento

Andrés Nápoli, uno de sus miembros, explicó más sobre su funcionamiento a Nota al Pie. “Es un organismo que tiene como función, principalmente, apoyar a las partes a que puedan implementar el Acuerdo”, afirmó.

De esta forma, deberá brindar toda la asistencia posible para que puedan hacer realidad todos los postulados que establece el Acuerdo, en materia de derechos de acceso a la información, participación, justicia y protección de les defensores ambientales. 

“Es por lo tanto un espacio colectivo”, reflexionó Nápoli. “Recién va a poder actuar realmente a partir de la segunda Conferencia Ordinaria de las Partes, que se va a realizar el año que viene en abril”, adelantó. Mientras tanto, deberán establecer una serie de reglamentaciones y seleccionar sus autoridades, que aún no se eligieron.

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En septiembre se realizará un encuentro del Acuerdo de Escazú en Panamá. Crédito: CEPAL.

El continente más peligroso para les defensores ambientales 

Si bien América Latina y el Caribe forman un territorio muy grande, con diferentes problemáticas en cada rincón, hay una situación que une a todos sus países. Según un informe de Global Witness, es la región más peligrosa del mundo para les activistas ambientales.

El estudio data de septiembre de 2022. Determinó que al menos 1.733 defensores de la tierra fueron asesinades en todo el mundo en la última década. Más de dos terceras partes de los homicidios ocurrieron en Latinoamérica. Entre ellos, la población indígena sufrió el 39% de las víctimas.

Andrés Nápoli se refirió a esta preocupante problemática. “Sin duda, lo más urgente para trabajar es la protección de las personas defensoras del ambiente”, confirmó. “Es una región sumamente riesgosa, la más peligrosa del mundo”.

El especialista explicó que la situación cambia según el país, “pero lo que no disminuye es el nivel de impunidad y de violencia contra los defensores”, se lamentó.

“El Acuerdo de Escazú ya está trabajando en la redacción de un plan de acción”, adelantó. El documento se cerrará en septiembre de este año, en un encuentro que se realizará en Panamá. Lo deberá aprobar la próxima COP, a realizarse en Santiago de Chile entre el 22 y 24 de abril del 2024.

“La idea es que surja de los insumos que la propia comunidad de defensores de la región y los grupos que trabajan con ellos están aportando al proceso”, profundizó Nápoli. “Y a partir de ahí, comenzar esta segunda etapa”.

La problemática argentina 

Uno de los pilares del Acuerdo de Escazú es la participación ciudadana, y la transparencia en las decisiones de política medioambiental. 

“En relación al acceso a la información pública, Argentina cuenta con legislación”, explicó Nápoli. En ese sentido, mencionó la Ley 25.831, que establece el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. También, la Ley 27.275, de Derecho de Acceso a la Información Pública.

A su vez, afirmó que en la práctica, la situación es diversa. “En algunos lugares ya está difundida, como en el gobierno nacional y en ciertas provincias”, puntualizó.

“Hay que trabajar para que la implementación y la posibilidad de acceder a la información sea cada vez más fácil para la gente; y no se tenga que hacer un montón de trámites burocráticos para algo que tiene que ser de libre disponibilidad”, concluyó.


Si de problemática ambiental en el país se trata, no se puede dejar de lado la lucha por el litio, tan en foco en las últimas semanas por la situación en Jujuy. “Yo no diría que la cuestión del litio sea la próxima batalla, sino que ya se está dando hoy”, anunció el integrante del Comité. 

¿Qué sucede con este material? Nápoli lo explicó de forma breve y fácil de entender. “El litio está presente en salares. En el caso argentino, en Catamarca y en las Salinas Grandes (Jujuy y Salta)”, afirmó.

El principal problema radica en que allí, puntualmente, habitan los pueblos originarios. “Se impulsa la producción de litio, pero no existe la consulta a esas comunidades”, denunció Nápoli. 

El director de FARN contó además que así lo exige el Convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, como también las normas constitucionales argentinas.

“Por supuesto que el litio es indispensable para la producción de baterías destinadas a la electromovilidad. Estas, a su vez, son importantes para disminuir la emisión de dióxido de carbono que producen los combustibles fósiles”, problematizó.

Sin duda, son las cuestiones que deben ponerse en el foco de la discusión pública, sobre todo en un año electoral donde el pueblo argentino tiene que elegir a sus representantes. Mientras tanto, les defensores ambientales, como Andrés Nápoli, luchan por mantener lo más sana posible la tierra donde vivimos.

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