Las organizaciones ambientales Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre y FARN presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero por el grave daño ambiental y social ocasionado por el Canal de la Patria.
La obra, diseñada para llevar agua a comunidades y actividades productivas del Chaco Seco, se ha transformado en una trampa mortal para la fauna silvestre —con más de 250 animales muertos en seis meses— y representa un riesgo sanitario para miles de personas, debido a su diseño inadecuado y a la falta de medidas de mitigación.
Una obra con costos invisibilizados
El Nuevo Canal de la Patria, construido con financiamiento nacional y gestionado por el gobierno de Santiago del Estero, abarca 250 kilómetros y atraviesa una de las regiones ecológicas más frágiles del país: el Chaco Seco.
A pesar de su función de abastecer agua a comunidades y actividades ganaderas, su diseño con paredes de hormigón resbaladizas y sin estructuras efectivas de escape ha provocado la muerte de animales silvestres que caen al intentar beber o cruzar.
Entre las especies afectadas figuran ejemplares amenazados como el Oso Hormiguero Gigante, la Tortuga Terrestre Argentina y el Pecarí de Collar. Según los registros de relevamientos en campo, muchas de ellas están catalogadas como vulnerables o con poblaciones en declive a nivel global.
Las organizaciones denuncian que, lejos de ser una solución sostenible, esta obra profundiza el deterioro ambiental en una provincia que ya lideró la deforestación nacional entre 2009 y 2023.
Peligro para la biodiversidad… y para las personas
El impacto del canal no se limita a la fauna. La putrefacción de animales muertos dentro del cauce genera un riesgo real de contaminación del agua, afectando la calidad del recurso destinado al consumo humano.
Además, se han reportado accidentes con personas y animales domésticos debido a la imposibilidad de salir una vez que caen al canal. Las comunidades rurales que dependen de esta infraestructura hoy se enfrentan a un peligro silencioso, derivado de la falta de previsión en el diseño y ausencia de monitoreo ambiental posterior.
A pesar de múltiples advertencias y pedidos realizados desde 2023, la respuesta de las autoridades fue limitada e ineficaz. Incluso luego de la Resolución N° 53/24 de la Defensoría del Pueblo que instaba a adoptar medidas correctivas, no se registraron avances significativos.
Qué exige la demanda presentada ante la Corte Suprema
Ante este escenario, las organizaciones recurrieron al máximo tribunal del país para solicitar la implementación de un Plan de Recomposición ambiental. Entre las medidas propuestas se incluyen monitoreo permanente de muertes de fauna, identificación de tramos críticos para entubamiento, instalación de bebederos y pasos seguros, y un plan de gestión ambiental con metas claras y plazos definidos.
Respaldada por informes científicos de instituciones como la UBA, la Universidad de Misiones, el CONICET y la Universidad del Comahue, la demanda plantea que el desarrollo no debe hacerse a costa de la biodiversidad ni de la salud de las personas.
“El canal debe existir porque cumple un rol vital para la región, pero no puede seguir funcionando de esta manera”, expresó el abogado ambientalista José Esain. Las organizaciones esperan que la Corte impulse soluciones permanentes y siente un precedente para que futuras obras contemplen la protección del ambiente como condición indispensable para el desarrollo.