El 29 de febrero, el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) aprobó un plan que implica la venta de 55 áreas de hidrocarburos. Esto afectará, sobre todo, a los yacimientos maduros ubicados en Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.
Cabe resaltar que los sectores que serán vendidos representan el 60% de la producción de petróleo convencional y el 40% de la producción de gas convencional a nivel nacional.
Según estableció el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el detrimento de la producción petrolera en las provincias se debe al proceso de inversión en Vaca Muerta para la explotación de áreas no convencionales. Es decir, apuntan a explotar reservorios de gas natural y crudo de muy baja permeabilidad o formaciones sedimentarias que contienen petróleo de muy alta viscosidad.
Asimismo, el documento afirmó que la venta de yacimientos implicaría un avance en los proyectos en el offshore en Mar Argentino. Esto último es respecto al primer pozo exploratorio Argerich, pronto a perforar; y el no convencional en la roca madre Palermo Aike, en Santa Cruz.
Desinversión en YPF
El informe del CEPA sostuvo que la idea de venta de los yacimientos siempre estuvo en la mira por diversas conducciones de YPF durante los últimos años. En ese sentido, consideraron que ya se trabajaba en esta cuestión como consecuencia del decaimiento en la producción petrolera de dichas provincias.
Además, el contexto actual de ajuste y de determinación para la privatización de recursos nacionales es propicio para el avance en el plan trazado. En esa línea, el CEPA aseguró que con el nuevo directorio de YPF se da pie a “una política de liberalización de los precios de hidrocarburos, la paridad de precios con el mercado internacional y por ende la libre exportación de las operadoras”.
Asimismo, sostuvo que la producción primaria de hidrocarburos se divide un 50% en Vaca Muerta y un 50% en el convencional. Pero el plan es que la producción de crudo o gas natural sea un 80%, mientras que los yacimientos convencionales representen el 20%.
El CEPA planteó que la decisión del directorio significa un riesgo para las provincias y que lo que realiza el Gobierno corresponde con el achicamiento del Estado. Esta decisión política es algo que la gestión mileísta ejecuta desde el inicio de su mandato.
El Caso de Mendoza
El centro de investigación estudió el caso de la provincia de Mendoza. Para ello tomó en cuenta sus dos cuencas. En ese estudio también se consideraron cuencas de Neuquén, por presentar similitudes. El trabajo arrojó que los niveles de producción en Mendoza van en caída desde el 2009, esto se traduce en una contracción superior al 40%.
A su vez, explicaron que hay un descenso en el ritmo de perforaciones. Al respecto hubo estímulos fiscales entre el 2020 y 2022, pero sin perforaciones nuevas, por lo que consideran que habrá una mayor caída en la producción en un futuro próximo.
La generación del derrumbe petrolero en Mendoza afectó a la recaudación fiscal. En el 2015 la producción de petróleo era de 4.497.592 m3 por año y las regalías eran de 189,81 Muds por año, mientras que en el 2023 la producción bajó a 3.179.726 y las regalías a 134,19.
Esto quiere decir que hubo una caída del 55,62% con respecto al 2015. La caída entre el lapso temporal significa aproximadamente 50 millones de dólares menos por año en regalías. De acuerdo con el informe, la recaudación producto de yacimientos afecta de manera directa en el desarrollo de la economía de la provincia.
Por otro lado, la situación impactaría a miles de trabajadores tanto directa como indirectamente. El CEPA asegura que la desinversión y venta afectaría a 10 mil empleades.