Esta semana se cumplieron los primeros 100 días de gobernabilidad de Javier Milei al frente de la Argentina y, aunque parece muy poco tiempo, muchas de sus políticas implementadas tuvieron un efecto inmediato en lo económico, político y social.
Entre los aspectos más destacados de las políticas del Gobierno libertario se encuentran la suspensión de la obra pública, la reducción de los subsidios de energía y transporte, la eliminación de la Ley de Alquileres, los despidos de empleades estatales y la eliminación de la pauta oficial a los medios de comunicación.
A esta batería de medidas, muchas de ellas impulsadas a través del DNU 70/2023, se le suman la reducción de los ministerios y secretarías, como el de Desarrollo Social; Mujeres, Género y Diversidad; Educación y Cultura, entre otros. También se destaca el cese de las transferencias del Estado Nacional a las provincias, el reemplazo del sistema SIRA y la eliminación de los derechos de exportación.
En esta ocasión, en Nota al Pie, analizamos otro aspecto clave dentro de la política de La Libertad Avanza: el ataque a los medios de comunicación, especialmente a aquellos que expresan opiniones contrarias a la política libertaria.
La Libertad Avanza contra los medios públicos
Una de las primeras medidas contra los medios durante el primer mes del mandato de Milei fue la implementación del Decreto 117/2024. A través del mismo, el gobierno nacional anunció la intervención de la agencia Télam, Radio y Televisión SE, el portal Educ.Ar y la firma de Contenidos Públicos.
Además, fueron intervenidos los canales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal, así como también el Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino.
La medida se prolongará por un año, con la opción de ser prorrogada, y se designó a Diego Chaher y Diego Sebastián Marías como interventores. Según el Boletín Oficial, la intervención se implementó para reestructurar el funcionamiento de las instituciones, abarcando aspectos como su conducción y el personal, entre otros. Esto, según manifestaron, tiene como objetivo “optimizar la eficacia y eficiencia”.
Otra de las políticas de ajuste del Gobierno que impacta de lleno en los medios públicos es la eliminación de la pauta oficial. Mediante el Decreto 89/2023, el mismo estableció una suspensión de un año para las campañas institucionales de publicidad y comunicación. Esta medida también podrá ser prorrogada.
Como consecuencia, la medida implica una reducción de ingresos para todos los medios del país, sin importar su tamaño. Es evidente que esto no solo afecta la pluralidad de voces, sino que pone a cientos de medios pequeños y medianos en una situación complicada, a pesar de que son los sectores que reciben menos pauta publicitaria.
En contraposición, los conglomerados de grandes medios, como el Grupo Clarín, Indalo y Octubre, resultaron beneficiados económicamente por estas políticas. Tal es así que, se estima que, solo en el caso de Clarín, recibió $4.100 millones de pesos durante el 2023.
Despidos en medios nacionales y privados
En la actualidad, la agencia oficial Télam continúa en la lucha por la recuperación de los puestos de trabajo. Aunque no se produjeron despidos explícitos, el gobierno mileista suspendió las actividades de más de 800 trabajadores. Hasta el momento, estos se encuentran desafectados de la agencia por 14 días. En simultáneo, a partir del 11 de marzo se implementó un plan de retiro voluntario.
El lunes 4 de marzo, mientras la noticia se hacía eco en la sociedad y se abría un nuevo frente de polarización sobre la importancia de Télam, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó el cierre de la agencia por tener una pérdida de 20 mil millones de pesos.
Mientras tanto, en Radio Nacional, ahora liderada por Héctor Caballero, se despidieron a 100 trabajadores que formaban parte de la producción, coordinación de aire, y empleades administratives. Estos se encontraban contratados de forma tercerizada, como monotributistas y percibían sueldos mínimos.
Por otro lado, de forma reciente se difundió el despido de 29 trabajadores de América TV y A24. Según comunicó el Grupo América, decidió prescindir del personal por reducción de costos. Y esta medida parece hacerse extensiva a medios como Crónica, que mantiene a muchos de sus empleades “en negro”.
Asimismo, los despidos se dan en un marco de reclamos y huelgas por parte del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID). Desde el espacio liderado por les trabajadores tildaron el accionar de la empresa como una medida antisindical.
Aquí la mentirosa de "la periodista" se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL @madorni .
— Javier Milei (@JMilei) January 9, 2024
Así de "serios" son algunos de estos mentirosos seriales… https://t.co/SyJ29hW4rV
Agresión a periodistas en números
En el marco del debate de la Ley Ómnibus, Sipresba contabilizó el ataque a cerca de 30 trabajadores de prensa en las afueras del Congreso Nacional. Aquella noche del jueves 1 de febrero, les trabajadores presentes fueron rociados con gas pimienta, además de recibir disparos de balas de goma y golpes.
Dicho suceso significó el primer paso rumbo a las agresiones físicas por parte del gobierno de Javier Milei. Este, en reiteradas ocasiones, se encargó de insultar y agredir a periodistas a través de las redes sociales o entrevistas. Estas actitudes también se observan en varies funcionaries de su gabinete.
En ese sentido, FOPEA realizó un informe que revela que el 40% de los ataques a la prensa son cometidos por el gobierno libertario. La entidad determinó que entre el 10 de diciembre y el martes 19 de marzo se registraron 37 casos de ataques a la prensa. 15 de ellos fueron propiciados por el Presidente de la Nación y 2 por su vocero, Manuel Adorni.
A su vez, planteó que cinco de estos casos fueron generados por ministros o integrantes de sus equipos, y ocurrieron durante la organización del acto de asunción presidencial, así como en el contexto de las represiones del 1 de febrero y el 18 de marzo.
No cabe duda que Argentina vive una de las etapas más complicadas, no solo a nivel económico sino también en lo social relacionado a la libertad de expresión. De forma paradójica, sólo hay libertad real si se sigue un cierto lineamiento a favor del gobierno de Javier Milei. De lo contrario, sos un blanco perfecto para agresiones de todo tipo.
Lo grave del asunto es que esa línea proviene del máximo jefe de gobierno de nuestro país, quien mediante decretos censura la pluralidad de voces y restringe el acceso a la información. Además, establece las bases para la persecución política, como lo demuestra el reciente caso de una integrante de H.I.J.O.S.