Tras el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso por parte del presidente Javier Milei, la Comisión Bicameral convocó para este jueves a integrantes del Ejecutivo para que justifiquen la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.
Mientras los alcances del DNU se mantienen vigentes y se espera por la votación en las Cámaras del Congreso, el Frente de Izquierda (FIT) presentó un proyecto de ley para declarar la nulidad “absoluta e insanable” del mismo.
No obstante, antes de que el mega DNU ingrese a la Cámara de Diputados y de Senadores deberá pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. La misma ya definió a sus autoridades para la sesión que tendrá lugar este jueves a las 14.
La presidencia del cuerpo será comandada por el senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza (LLA); la vicepresidencia por Hernán Lombardi, del PRO; y como secretario estará Víctor Zimmermann, de la Unión Cívica Radical (UCR).
A su vez, para la citación también se convocó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Economía, Luis Caputo, como las figuras más destacadas. La invitación se hizo extensiva a Armando Gibert, Fernando Vilela, Omar Yasín, Mario Russo y Mariano De Los Heros; secretarios de Transformación del Estado y Función Pública; Agricultura, Ganadería y Pesca;Trabajo; Salud; y ANSES respectivamente.
Una vez discutidos los detalles del DNU en cuestión, se emitirá un dictamen para que pase a la instancia del Congreso en sus dos Cámaras.
El trayecto y las alternativas para el DNU de Milei
Como se mencionó, el Decreto de Necesidad y Urgencia quedará en manos de ambas Cámaras tras pasar por la Comisión Bicameral.
En esta instancia, las votaciones serán para aprobarlo o rechazarlo, sin posibilidades de suspensiones, agregados o modificaciones a la norma. Para que se haga efectiva la decisión final, se deberá obtener el voto de la mayoría de les miembres presentes.
Cabe resaltar que, para su aprobación, con obtener luz verde en una de las dos Cámaras, el DNU seguirá vigente. Por esta razón es necesario el rechazo tanto en Diputados como en Senadores para que pierda su validez.
Por su parte, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, continúa demorando una sesión en la Cámara alta donde pueda habilitarse el debate sobre el DNU.
Hoy en día, el Gobierno nacional se encuentra en negociaciones para intentar conseguir los votos, mientras que desde Unión por la Patria (UxP) insisten en sesionar cuanto antes.
Al mismo pedido ya se sumaron integrantes de la “oposición dialoguista”, por lo que, en principio, existiría un número viable para rechazar el DNU en el Senado. Sin embargo, debería igualarse esta postura en Diputados.
Los efectos inmediatos del DNU
Desde su implementación, el DNU se mantiene vigente en su mayoría porque otros apartados quedaron desestimados por la Justicia, la cual accionó a partir de medidas cautelares.
Algunas de las medidas que ya afectan a parte de la ciudadanía son la derogación de la Ley de Alquileres, la eliminación de la Ley de Góndolas, la de Ley de Abastecimiento y la de Compre Nacional.
También siguen vigentes los cambios en el mercado energético y minero, así como las modificaciones en el Código Civil y Comercial. Además, durante febrero, un juez reafirmó la validez del artículo que deroga la Ley de Tierras.
Sin embargo, el presidente recibió un revés con respecto a la Reforma Laboral que pretendía llevar adelante. Varios gremios, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT), presentaron medidas cautelares para dejarla sin efecto, y la Justicia falló a su favor. Esta situación se repitió con la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El proyecto del FIT contra el DNU
Frente a este contexto, en las últimas horas el FIT presentó lun proyecto de ley para declarar la nulidad “absoluta e insanable” del DNU 70/2023.
Esta iniciativa busca que se retrotraigan “todos los efectos de la medida impuesta por el Ejecutivo”. Desde el espacio entienden que el decreto elimina y limita “derechos y garantías individuales y colectivas que protegen a amplios sectores de la sociedad”.
Uno de los principales puntos de rechazo al accionar del gobierno es sobre los requisitos necesarios para implementar un DNU, el cual se debería tratar de “una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional”, de allí el nombre de “necesidad y urgencia”.
En este sentido, la diputada Myriam Bregman expresó que con el Congreso funcionando “no hay justificativo para que este mega decreto esté vigente ni para que se imponga esta modificación estructural, de decenas de leyes y cientos de artículos”.
Por su parte, el diputado Nicolás del Caño señaló que el DNU vigente “ya tiene graves consecuencias sobre el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, los territorios y la economía, entre otras diversas cuestiones que afectan la vida de millones de personas”.
Además, señaló que “el intento de vaciar la agencia de noticias Télam y dejar a cientos de familias en la calle, también se amparan en este mega DNU”.
En este sentido, el proyecto plantea que no alcanza con el pronunciamiento de la Comisión Bicameral ni con el de las Cámaras, sino que es necesaria la “nulidad absoluta para que se retrotraigan todos sus efectos”.