La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta), presentó una medida cautelar ante la justicia para frenar el DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei. Se trata de una iniciativa para defender los cambios en las leyes vinculadas a los servicios audiovisuales, internet, medios públicos y actividades culturales.
La medida fue requerida en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad. En ella se solicitó que se dejen sin efecto las reformas que el decreto introduce a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), y la ley Argentina Digital (27.078).
Para conocer más acerca de la iniciativa, Nota al Pie dialogó con Mariano Suárez, abogado de CONTA y trabajador de Télam.
“El DNU está arrogándose facultades propias del Parlamento, se cuestionan puntualmente el campo de normas vinculadas con la comunicación”, afirmó Suárez.
¿Qué modifica el DNU?
El decreto busca evitar cualquier debate legislativo y elimina cualquier restricción sobre la acumulación de licencias a nivel nacional, lo que eleva la concentración de medios existente.
Además, consolida la exclusión de la televisión por cable de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley 26.522, como la cuota de pantalla y la organización de la programación.
También se suma la exclusión de los servicios satelitales y presenta una redacción confusa en relación a los tributos audiovisuales, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Nacional para un DNU.
“Nos encontramos con un sistema que va a una concentración cada vez más profunda. Y, al mismo tiempo, nuevos actores del mercado que tienen condiciones preferentes para funcionar”, expresó la periodista Natalia Vinelli en diálogo con Radio AM 530.
“Las reformas del DNU levantan todas las barreras a la acumulación de licencias a nivel nacional, lo cual obviamente favorece a los grandes operadores del mercado y compromete la existencia y supervivencia de las televisoras sin fines de lucro que por ley tienen garantizado al menos el 33% del espectro radioeléctrico”, explicó Suárez.
La solicitud de esta medida fue realizada por los canales comunitarios Urbana Tv y Barricada Tv de Buenos Aires; PAREStv de Luján; Giramundo Tv de Guaymallén, provincia de Mendoza y Canal 9 Proa Centro, de Villa Cura Brochero, Córdoba. Está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, y el responsable de este caso es el Dr. Diego Cormick.
La inconstitucionalidad del DNU
A través de la medida cautelar, desde CONTA cuestionaron la transformación de las empresas de medios públicos en sociedades anónimas. Además, pidieron la suspensión de los efectos de la derogación de la Ley 26.736, que regula la fabricación y comercialización de pasta celulosa y papel de diario.
“También habilita a los grandes operadores internacionales a intervenir en el mercado de la televisión satelital”, dijo el abogado laboralista sobre las consecuencias del DNU. “Es probable que incluso afecte al sector sin fines de lucro”.
Esto es así porque ahora también se excluyen a los operadores de televisión por suscripción del cable, así como a los operadores de televisión satelital, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Dicha legislación tiene como objetivo brindar financiamiento al desarrollo de los medios comunitarios a través de una serie de tributos e impuestos.
Ese es otro de los motivos por los cuales se solicita la suspensión de la medida, ya que “de manera indirecta está tratando una materia tributaria, que es una de las áreas en las que constitucionalmente un DNU no puede tratar expresamente”, dijo Suárez, quien anticipó que habrá más noticias en febrero.
El decreto y la Ley Ómnibus afectan los derechos de todes les argentines, pero el caso de los medios y la cultura es crucial para una vida democrática. Se trata de la diversidad de voces, la pluralidad y la soberanía audiovisual.
De igual manera, se arremete contra un derecho humano universal, como es el derecho a la información y la libertad de expresión.
Como consecuencia, se promueve una mayor concentración de medios de comunicación, lo cual afecta la diversidad de opiniones y la viabilidad de medios comunitarios y alternativos.
Por último, cabe destacar que entre los beneficiarios de las medidas se destacan Claro y Telefónica, quienes podrían ofrecer televisión satelital sin regulación estatal.