Sin el apoyo del Congreso, el gobierno de Javier Milei se concentra en utilizar las herramientas que tenga a mano el Poder Ejecutivo para llevar a cabo su plan de ajuste, sin depender de la aprobación parlamentaria.
Una de estas herramientas para reducir el déficit fiscal consiste en el recorte de los subsidios a los servicios públicos energéticos, que en el 2023 representaron más del 1,5% del PBI (Producto Bruto Interno).
La propuesta de la Secretaría de Energía radica en la focalización de las subvenciones estatales en lo que llaman “hogares vulnerables”. El criterio de asignación de recursos se estipularían a partir de una Canasta Básica Energética (CBE), que contemple los montos para el acceso a las necesidades básicas de energía.
Para determinar la implementación del nuevo esquema de subsidios, se realizará una audiencia pública el próximo 29 de febrero desde las 10 horas, a través del sitio web de la Secretaría que maneja Eduardo Rodríguez Chirillo.
Los subsidios, ¡afuera!
El actual sistema de subsidios fue estructurado por el gobierno de Alberto Fernández y consiste en la división de les consumidores en tres grupos determinados por nivel de ingresos. Los subsidios para el nivel de mayor ingresos ya fueron eliminados, pero los sectores medios aún pagan las facturas subvencionadas.
Con el objetivo de garantizar el “uso responsable de los recursos públicos”, el gobierno mileísta presentó un nuevo esquema que regirá a partir del 1 de abril. El mismo reduce los subsidios sólo a los hogares de menores ingresos, definidos de acuerdo a la CBE.
De esta forma, el subsidio será otorgado sobre el diferencial entre los ingresos de un grupo conviviente y la CBE. Es decir, si el valor de la canasta supera el nivel de ingresos, el subsidio cubre la diferencia.
Para avanzar con esta propuesta “se tomarán en cuenta los ingresos reales, regulares y corrientes de un hogar y el abastecimiento de las necesidades básicas, cuyo cubrimiento se pretende asegurar mediante el otorgamiento de subsidios”, comunicó la cartera.
Los tarifazos a la vuelta de la esquina
Otro punto a destacar es que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) decidió que el precio del gas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) sea trasladado gradualmente a las facturas.
Se trata del precio del gas de boca de pozo que se inyecta al sistema de transporte. Actualmente les consumidores finales pagan un 17% del valor en la factura. Ahora, el valor en su totalidad estará incluido en las tarifas mediante actualizaciones del 33% en febrero, marzo y abril.
Sumado a esto, las empresas distribuidoras de gas piden un aumento de más del 500% del Valor Agregado de Distribución (VAD), un componente que representa un 26,2% del importe total de la factura.
Por su parte, las compañías transportistas exigen actualizaciones tarifarias de hasta 567%, que según argumentan están atrasadas desde el 2018 y no alcanzan para afrontar costos operativos y laborales.
Considerando todos estos factores, la sociedad argentina se enfrentará a un duro escenario de tarifazos a lo largo del 2024, que provocará un mayor deterioro de los ingresos, que ya sufrieron una caída del 14% en diciembre.