Mientras que el Congreso está trabajando el proyecto de Ley Ómnibus, les trabajadores tuvieron buenas noticias cuando este lunes, tras el paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Justicia declaró inconstitucional los artículos destinados a Trabajo de la Ley de Bases y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. En este marco, el Ejecutivo recibe a sindicatos nacionales para discutir la situación salarial y generar acuerdos en torno a las paritarias.
Entre los artículos declarados como inválidos están el 73, 79, 86, 87, 88 y 97 que buscaban: regular y modificar las condiciones de retención de la cuota sindical; imponer reglas para la negociación colectiva; la vigencia de las cláusulas obligacionales; el derecho de hacer asambleas “sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”; infracciones graves por bloquear o tomar un establecimiento durante una medida de fuerza; entre otros.
En este contexto, las reuniones para negociar los salarios y derechos de les trabajadores siguieron su curso. Por su parte, les estatales y empleades de comercio lograron alcanzar acuerdos y aumentos en sus salarios, con revisión paritaria en febrero. Aunque, frente a la falta de respuesta, desde los sindicatos Luz y Fuerza y la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), dos de los que poseen más peso a nivel país, amenazan con medidas de fuerza y paros en las actividades.
El sector estatal y la conquista de paritarias
Les empleades estatales, uno de los sectores que ha recibido más amenazas desde la asunción de Milei, finalmente consiguieron alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo. Desde diciembre que los gremios de trabajadores del Estado se encuentran en estado de alerta y movilización permanente en defensa de sus puestos de trabajo y sus salarios. Sin embargo, el incremento salarial que les otorgó el presidente del 16% correspondiente a enero, “permite recuperar la pérdida salarial de diciembre y quedar por encima del acumulado anual de inflación”, aseguró Rodolfo Aguilar, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El aumento que alcanzaron los gremios de la administración pública va a llegar al bolsillo de les trabajadores del convenio 214/06 a partir del 1 de febrero. “El acuerdo actual permite recuperar los ingresos que habían quedado un 12,5% por debajo del acumulado inflacionario del 2023 luego de la última disparada de precios”, aseguró el Secretario de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE, Flavio Vergara. Así, tomando el periodo comprendido entre junio de 2023 y enero de 2024, el total acumulado para la negociación paritaria que nuclea a los trabajadores bajo el CCT 214/06, alcanza el 127,95%.
Además, “se asentó el compromiso por parte del Gobierno de convocar a otras negociaciones por fuera del convenio marco que abarca a los trabajadores más postergados en materia de derechos salariales», sostuvo el dirigente. En tanto, en la publicación del Boletín Oficial se fijaron también las remuneraciones de los profesionales residentes que cumplen funciones en los establecimientos que dependen del Ministerio de Salud y del Hospital Garrahan.
No obstante, pese a este entendimiento, ATE denunció este lunes en un comunicado oficial que «tras no recibir ningún ofrecimiento por parte del Gobierno, se acordó un cuarto intermedio y una nueva convocatoria para mediados de febrero».
Una negociación favorable para les trabajadores de Comercio
Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio (FAECYS), conducida por Armando Cavalieri, cerró la negociación paritaria con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, acordando un incremento salarial del 20% para enero, además de una recomposición para recuperar diciembre de 2023. Desde los gremios del comercio nucleados en la Federación, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) celebraron el aumento acordado.
La recomposición se traducirá en un incremento 11% para diciembre, que se suma al 13,3% acordado en el último cierre paritario y el aumento del 20% en enero. De esta manera, el salario básico con presentismo quedará en $573.423. Además, habrá una nueva instancia de revisión en febrero con el objetivo de definir paritarias mensuales de cara al conflicto inflacionario.
“Estos acuerdos no solo responden a las exigencias del momento, sino que también reflejan nuestro compromiso con los trabajadores”, indicó Cavalieri. A su vez, destacó que estamos en “un escenario marcado por la incertidumbre, con incrementos muy fuertes de los precios, y valoramos enormemente la colaboración entre todos los sectores involucrados para mantener un equilibrio justo y sostenible”.
El transporte público en emergencia
Luego de la renuncia del primer ministro de Milei, Guillermo Ferraro, quien estaba a cargo de Infraestructura, la Secretaría de Transporte pasaría a manos del Ministerio de Economía. Sin embargo, desde la UTA denunciaron no tener a nadie “con quien dialogar”. Si bien la negociación salarial debían iniciar en los primeros días de enero, según consta en el acta homologada por la ministra de trabajo de la gestión anterior, Kelly Olmos, todavía no han tenido una mesa paritaria. En este marco, desde el gremio insistieron en que deberán recurrir a una medida de fuerza para defender los salarios de les trabajadores.
En este contexto, mientras que las empresas manifestaron que a partir de la suba de los precios del gas oil y los repuestos esenciales para el funcionamiento del transporte, no tienen los costos actualizados; les choferes todavía se encuentran en veremos en lo que respecta a sus aumentos salariales. Frente a este escenario, la UTA alertó que “el transporte público está en emergencia” y pidió una audiencia con el ministro de Economía, Luis Caputo.
La propuesta bimestral del gremio, puesta sobre la mesa de negociación, exige un salario inicial conformado de $777.700 para el mes de enero, de $972.125 para febrero, y una suma no remunerativa de $126.921, como reconocimiento de la diferencia entre la inflación y el incremento acordado para el mes de diciembre de 2023.
A partir de un comunicado firmado por el secretario general, Roberto Fernández, la UTA adelantó que responsabiliza “a quienes con su comportamiento, y frente a la delicada situación, se pretende llevar a la lucha a los trabajadores en defensa de sus ingresos”. En este marco, la entidad gremial se dirigió a Caputo y advirtió que “está bajo su responsabilidad tomar el tema y encarrilar una solución que evite lo que irremediablemente sucederá, la gente no tendrá el medio básico que les permita movilizarse, poniendo en riesgo la paz social”.
Luz y Fuerza, la amenaza de paro
Tras una frustrada negociación paritaria luego de varias reuniones con les empresaries, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, conducida por Guillermo Moser, junto a los sindicatos de todo el país, aseguró que se agotaron las instancias de diálogo y convocaron a un paro total de las actividades del sector para el próximo 5 de febrero.
A partir de un comunicado, desde el gremio remarcaron que la medida de fuerza se realizará luego de “no alcanzar un acuerdo paritario con las empresas del sector, a pesar de múltiples reuniones mantenidas”. Se unirán al paro total personal técnico, manual, operativo y administrativo que, atendiendo al carácter esencial de la actividad, mantendrán las guardias mínimas contempladas por ley.
El documento, que lleva las firmas de Moser y el secretario gremial de la Federación, Lauro Paz, asegura que está medida es una respuesta a “la actitud empresaria” que “desconoce las necesidades o vulnera los derechos”. Además, enfatizan: “Somos una organización siempre dispuesta a transitar el camino de la paz social, en la medida en que no sean vulnerados los irrenunciables derechos de los trabajadores”.