Ante el paro general convocado por la Confederaciรณn General de Trabajo (CGT) para el prรณximo 24 de enero, al que se sumarรกn mรกs gremios y organizaciones, el Ministerio de Seguridad de la Naciรณn, liderado por Patricia Bullrich, ejerce presiรณn sobre el derecho a la protesta.
En ese marco, desde sindicatos y organizaciones sociales denunciaron que en las รบltimas horas recibieron cartas documento con multas altรญsimas por su participaciรณn en la marcha del pasado 27 de diciembre.
Desde el ministerio, a cargo de Bullrich, enviaron multas a al menos 20 organizaciones sindicales y sociales. Las mismas oscilan entre 40 y 50 millones de pesos cada una, con el fin de cubrir el costo del megaoperativo realizado los dรญas 22 y 27 de diciembre.
La reacciรณn de los gremios
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) consideran โantidemocrรกticoโ pretender avanzar con dicha intimaciรณn. Tal es asรญ que, el secretario general del sindicato, Agustรญn Lecchi, repudiรณ la decisiรณn.
โEs algo antidemocrรกtico porque existe el derecho de protesta y, obviamente, lo vamos a repudiar y a responder legalmente porque no tiene ningรบn sustentoโ, dijo en declaraciones a Radio Provincia.
En esa lรญnea agregรณ que, desde el Poder Ejecutivo, buscan โperseguir a las organizaciones sindicales que enfrentamos el modelo econรณmico violento, agresivo y en contra de los sectores populares que propone Javier Mileiโ.
Por รบltimo, informaron que tambiรฉn se sumarรกn al paro general del 24 de enero: โBuscarรกn perseguirnos, amedrentarnos e intentar dividirnos. Nosotros tenemos que tratar que no lo logren y el 24 debemos ser millones para repudiar el DNU 70/2023 y la Ley รmnibusโ.
La protesta como derecho constitucional
Las reacciones de diversos espacios polรญticos no tardaron en llegar y, en general, destacan que la protesta es un derecho constitucional. Desde Libres del Sur, la Dirigente Nacional Silvia Saravia expresรณ que se trata de โuna provocaciรณn mรกs de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionalesโ.
Respecto a la Jornada Nacional de lucha que se realizรณ el 22 de diciembre, sostuvo que la misma ยซdenunciaba la interrupciรณn total de la asistencia alimentaria por parte de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un marco de emergencia social y econรณmica donde el deterioro de las condiciones de vida de la poblaciรณn se acelera de forma abruptaโ.
A su vez, denunciรณ que la ministra hizo ยซun spot amenazante hacia quienes reclamรกbamos las medidas concretas de su ‘billetera abierta’, sin dar precisiones sobre su gestiรณn como funcionaria pรบblica hacia quienes tienen dificultades para acceder a una alimentaciรณn saludableยป.
Resolver los problemas de la gente? Dar asistencia alimentaria? Explicar las polรญticas pรบblicas? No, mejor condicionar la protesta social, eso prefiere el gobierno de Milei. Encima ese dรญa no hubo corte de calles, solo concentraciรณn en el Obelisco. pic.twitter.com/paiMG6MVaO
— Silvia Saravia (@silvia_saravia) January 12, 2024
En tanto, la CGT emitiรณ un comunicado en el que condena la intimidaciรณn por parte del gobierno. โNo representa los intereses de una โcastaโ, sino los de trabajadores de nuestro paรญs que, en una sociedad democrรกtica y conforme la Constituciรณn Nacional, tienen el derecho a gozar de la protecciรณn de las normas, a la organizaciรณn sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestaciรณn y huelgaโ, seรฑalaron en el documento.
Desde la central obrera, informaron que presentarรกn una queja formal contra el gobierno de Milei ante la Organizaciรณn Internacional del Trabajo (OIT) debido a โesta nueva provocaciรณnโ. Ademรกs, desde la CTA afirmaron: โQuieren atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometidoโ.
Por su parte, la Convenciรณn Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciรณ vรญa X sobre la situaciรณn. โRecuerden que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democrรกticas y que el Estado debe respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresiรณn y reuniรณn pacรญfica, de conformidad con los estรกndares interamericanos de derechos humanosโ, expresรณ.