Las decisiones que toma el recientemente asumido gobierno de Javier Milei se guían fuertemente por un objetivo: el de lograr la libertad de mercado. El diagnóstico de la gestión libertaria es que los problemas de la economía argentina se deben a la intervención desmedida del Estado y que la única salida a la crisis es desregular a fondo la economía.
Sin embargo, el gobierno no tiene el lente bien puesto en las demandas populares e ignora los desequilibrios que el libre mercado puede causar en la sociedad. En lugar de liberarlos, la falta de regulación y asistencia está ahogando a muchos sectores.
En este sentido, el Estado tiene la intención manifiesta de dejar a su suerte a las más de 100 mil familias que tienen sobre sus hombros el peso de una deuda millonaria a raíz de los créditos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo).
Para el Presidente, el gobierno no tiene la obligación de acercar soluciones a estas personas porque, en sus palabras, “a nadie se le puso una pistola en la cabeza” para tomar los créditos. “Ahora como el resultado es adverso quieren que lo pague otro, eso es incorrecto”.
Un escenario similar es el que sufren les inquilines. La derogación de la Ley de Alquileres dejó totalmente a la deriva a quienes necesitan alquilar una vivienda, ya que el sector inmobiliario tiene total libertad de imponer sus condiciones en los contratos.
Libertad para las inmobiliarias, incertidumbre para los inquilinos
Algunas semanas después de la derogación, el mercado de alquiler ya sufre cambios: Aumentos desmedidos, actualizaciones trimestrales, cobros en moneda extranjera, contratos a corto plazo; son algunos de los problemas que empiezan a asomarse.
Por esta razón, inquilines de todo el país se manifestaron en reclamo de soluciones. Además, fue presentado un recurso ante la Justicia para dar marcha atrás con las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei sobre los alquileres.
El sueño de la casa propia que se volvió pesadilla
Los créditos UVA, lanzados en el 2016, fueron pensados para el acceso a la casa propia, con la problemática condición de que las cuotas están atadas al porcentaje de inflación. Ahora, con el elevado aumento de precios inminente y la devaluación de la moneda, los valores se dispararon aún más.
Quienes contrajeron esos créditos se enfrentan a una situación muy difícil. En varias ocasiones realizaron manifestaciones frente al Congreso para pedir una forma de refinanciar la deuda, que en algunos casos asciende a 30 millones de pesos. Cualquiera podría entender que son cifras imposibles de afrontar para les trabajadores.
Hace unos meses, consiguió media sanción en Diputades un proyecto de ley para crear un fondo de compensación que pueda contener la actualización del capital en caso de, por ejemplo, devaluación de la moneda. No obstante, la iniciativa quedó frenada en el Senado.