Dic 15, 2023 | Economía

Primera semana de Milei: medidas antipopulares, gremios en alerta y la casta ilesa

El paquete económico anunciado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, afecta a los bolsillos de la población y a la clase media, a la vez que contribuye al aumento de la inflación. Al cóctel se le suma el reciente protocolo antipiquetes gestado por Patricia Bullrich.
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La campaña de Milei sostenía que el ajuste recaería sobre la clase política. Sin embargo, a días de asumir, tomó una serie de medidas que perjudican a las mayorías populares. Crédito: Diseño Nota al Pie.

El pasado domingo, Javier Milei asumió la presidencia de la República Argentina. La primera semana de gobierno se distinguió por el anuncio de medidas económicas contundentes, en el marco de lo que el actual oficialismo denomina “plan de estabilización”.

El país que el nuevo gobierno hereda presenta una inflación elevada, que acumula un 148% hasta el mes de noviembre, un mercado de cambios volátil, una deuda en aumento con los acreedores privados y las reservas del Banco Central comprometidas para afrontar los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Caputo, quien participó en el gobierno de Mauricio Macri y fue responsable de la firma de aquel acuerdo con el FMI, fue seleccionado por Milei para liderar el Ministerio de Economía. Caputo, en una de sus primeras declaraciones sobre su nueva función, afirmó que se encuentra “ante la peor herencia de la historia”.

Lo cierto es que, más allá de la herencia, el nuevo gobierno tiene el objetivo de realizar un fuerte ajuste a la economía argentina, sin considerar las consecuencias que eso conlleva en los ingresos ya deteriorados, para el consumo pujante y el empleo en crecimiento que se registra pese a las problemáticas antes mencionadas.

En este sentido, una de las primeras decisiones que tomó el gobierno fue la suspensión por un año de la pauta oficial, el presupuesto del Estado destinado a sostener los medios de comunicación, garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces.

Luego, el ministro de Economía anunció, a través de un video, un paquete de medidas de urgencia económica. Como habíamos anticipado, la primera fue implementar una devaluación de la moneda de 119%, llevando el dólar oficial a $800. 

Como el corazón del denominado “plan motosierra”, Caputo confirmó la eliminación total de la obra pública nacional y comunicó la reducción de subsidios a las tarifas de servicios y transporte. Para compensarlo, anunció el incremento del programa social Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

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Luis Caputo, quien fue ministro de Economía durante el macrismo, tiene las riendas de la cartera económica en el gobierno de Milei. Crédito: TV Pública.

Así, lo que desde La Libertad Avanza (LLA) llamaron “campaña del miedo” del ex candidato a presidente Sergio Massa, se transformó en realidad. Porque, tal como advirtió, con la quita de subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el boleto de colectivo pasará de $52,96 a $797 y el de tren superaría los $1000.

Por otro lado, Caputo dispuso el aumento provisional del Impuesto País a las importaciones y de las retenciones a las exportaciones. Además, serán reducidas al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias, lo cual tendrá consecuencias en la capacidad de pago de salarios de les trabajadores provinciales.

Como es sabido, la devaluación de la moneda nacional tiene un impacto inmediato en los precios y, por lo tanto, en el poder adquisitivo del salario. Sumado al aumento de los combustibles desatado por la liberación de los precios (acumuló un 57% de aumento en la última semana), la inflación aumentará de manera exponencial en los próximos meses.

Las reacciones tras las medidas

Estas medidas, aunque fueron avisadas durante la campaña, tomaron por sorpresa a algunos sectores que confiaron en el slogan de campaña de Milei, que sostenía que “el ajuste lo paga la casta política, no el pueblo”.

En realidad, una vez más, el programa de ajuste apunta a los sectores populares y la clase media, los cuales sufrirán en carne propia las consecuencias, sin expectativas de que sus demandas sean atendidas por un gobierno que se dice anti-intervencionista. En tanto, el presidente se escuda en su célebre frase “no hay plata”.

Entendiendo que el ajuste significa el empobrecimiento de les trabajadores, los gremios  afines a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentina (CTA), su par autónoma (CTAA) y los que nuclean a les empleades estatales se declararon en estado de alerta.

Por otro lado, la Unidad Piquetera (UP), que agrupa a diversas organizaciones sociales de izquierda, junto a sectores del movimiento obrero, definen por estas horas un plan de lucha en rechazo al ajuste y en defensa del derecho a la protesta.

Es que otra de las disposiciones que se realizaron esta semana fue un protocolo de seguridad de la ministra y ex candidata a presidenta Patricia Bullrich. En el mismo se contemplan sanciones, persecución y represión para quien interrumpa el tránsito como instrumento de manifestación social.

Otro sector que mostró descontento, uno que difícilmente sea reprimido en caso de protestar, es el de les productores agropecuarios. El campo expresó su rechazo a la decisión del gobierno de aumentar las retenciones, ya que consideran que se trata de una medida inesperada que perjudicará a la actividad productiva.

No obstante, quien se expresó optimista por el paquete de políticas económicas fue el FMI. Desde su sede en Washington, Estados Unidos, calificaron las medidas como “audaces”. Lo cierto es que el Fondo, con su potestad para presionar al país a cambio de desembolsar recursos, exige este tipo de política económica hace tiempo.

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El valor del boleto del transporte público en el AMBA se dispararía tras la quita de subsidios a partir de enero. Crédito: Data Gremial.

La “casta” resiste el ajuste

Mientras la sociedad discutía las medidas de ajuste anunciadas, se desarrolló una sesión especial en el Senado Nacional, convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no estuvo exenta de polémicas ligadas a la corrupción.

En la sesión, la senadora de Unión por la Patria (UP) Juliana Di Tullio denunció que, frente a la mirada testigo de la presidenta de la Cámara, “se negociaron despachos y cargos a cambio de dinero”.

Además, aunque el gobierno asegura que “no hay plata” para evitar el estancamiento económico, el Banco Central dispuso la emisión de un bono para estatizar la deuda en dólares de las empresas importadoras.

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