Esta semana se hizo público el 12º Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos (RNCT) de 2022, el cual analiza los casos de torturas denunciados y revelados por los organismos de derechos humanos en cárceles tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires.
A partir del relevamiento de 7 unidades penitenciarias federales y 12 bonaerenses, se alcanzó un total de 956 casos de víctimas que sufrieron 3.711 hechos de tortura y mal trato.
El informe, que se realiza desde hace 12 años, analiza anualmente once tipos de torturas, entre los que se encuentran: malas condiciones materiales de detención, aislamiento, falta o deficiente asistencia de la salud, falta o deficiente alimentación, agresiones físicas, impedimento de vinculación familiar y social, requisa personal vejatoria, traslados gravosos, robo o daño de pertenencias, amenazas, y traslados constantes.
El mismo es elaborado en conjunto por los mecanismos locales de prevención de la tortura provincial, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y federal, la Procuración Penitenciaria de la Nación. Además de la participación del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) que pertenece al Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Violencia en las cárceles nacionales
En 2022 se registraron 956 casos de víctimas de torturas y malos tratos que sufrieron un total de 3.711 hechos de violencia. Estas cifras responden al trabajo de campo llevado a cabo en 7 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en 12 unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense, además del relevamiento individual de otras víctimas.
En total, se relevaron 858 víctimas varones, 84 mujeres y 14 personas trans. Respecto a las franjas etarias, la población expuesta a estas situaciones son en su mayoría la juventud. En este marco, el 53% de los casos los atravesaron personas de entre 22 y 34 años, mientras que un 18% responden a la franja entre los 35 y 44 años.
Las malas condiciones de detención fueron los casos más destacados con una frecuencia de 770 hechos descritos. Seguidos por el aislamiento y la falta o deficiencia en la asistencia a la salud, ambos con una sumatoria 555 hechos. El cuarto lugar lo ocupó la falta o deficiencia de alimentación con una frecuencia de 543 casos, seguido por las agresiones físicas con un recuento de 383 hechos. Aunque los testimonios recolectados, dan cuenta de que las torturas tienen un carácter multidimensional que confluye con las distintas expresiones.
Hechos de tortura en la Provincia
En la Provincia de Buenos Aires desde la CPM se analizó el accionar del Poder Judicial en las cárceles, entendiendo a la justicia como el “eslabón central” en el marco de generar las condiciones del despliegue de malos tratos y torturas, legitimando la captura policial y pasando sin escalas a la etapa de encarcelamiento. “El sistema carcelario provincial se estructura sobre medidas judiciales que aceleran y amplían el ingreso”, así como “retrasa y achican el ingreso”, explica el apartado sobre Ideología e intervención del poder judicial en las cárceles bonaerenses.
En este sentido, el estudio abordó la “descripción, comprensión de las formas de comunicación, trato y vínculo” que el poder judicial establece con las personas privadas de su libertad. Además de sus funciones y desempeño frente a los malos tratos y las torturas en tanto producción, control, reparación, persecución y sanción de la misma.
Estos mecanismos pueden visualizarse, por ejemplo, en el uso generalizado de la prisión preventiva, para diciembre de 2022 solamente el 49% de les detenides a cargo del SPB tenían sentencia firme. “El poder judicial emerge en los relatos de las personas detenidas como un colectivo homogéneo que funciona articuladamente entre los/as diversos/as actores/rices que la integran”, destaca el informe. Además, aclara que tanto les procuradores, defensores, fiscales y jueces conforman una “cofradía” que “atenta a su propia salvaguarda y reproducción”.
¿Cómo se realiza el informe?
El relevamiento se realiza a partir de una ficha por persona que haya sufrido torturas o malos tratos. En ella se incluyen datos acerca de la fuente, de la víctima y de los hechos correspondientes especificando qué tipo de tortura o mal trato sufrieron.
Si bien, como el informe deja establecido, la gran mayoría de las torturas y los malos tratos no llegan a denunciarse por “temor, naturalización, dificultades de acceso y descreimiento en la actuación del Poder Judicial”. Los mecanismos locales y federales contemplan a la hora de generar el análisis, de todas aquellas personas detenidas o allegadas que estén dispuestas a informar aunque no haya denuncias formales elevadas a la Justicia.
Por último, se eligen víctimas que hayan sufrido este tipo de violencia en un período de dos meses previos a la entrevista para garantizar la actualidad de la información. Las situaciones pueden haber sucedido tanto en la vía pública como en comisarías, ya que se busca que el registro sea diverso y concientice sobre los continuos padecimientos que atraviesan las víctimas.