En la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un habeas corpus colectivo para reclamar el cese del agravamiento de las condiciones de detención de 20 mujeres encarceladas allí. El documento fue autorizado por el Tribunal Oral Criminal N° 5 del mismo barrio.
Estas mujeres se encontraban en una celda creada para alojar a seis personas, sin recibir visitas ni realizar llamadas telefónicas frecuentes o acceder a la atención médica. A pesar de que una de ellas tiene VIH y otra epilepsia, que le genera cuadros de convulsiones, permanecían detenidas en condiciones insalubres.
Nota al Pie dialogó con Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria, el mecanismo local de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires, para conocer en detalle el caso.
Según relató el secretario, en San Isidro había una situación de “hacinamiento extremo”, ya que dentro de la celda contaban con seis camastros, o sea que debían turnarse para dormir o bien debían dormir en el piso. También padecían el frío, porque no tenían calefacción o abrigos.
“Solo comían lo que las familias les enviaban y las viandas que les daban llegaban frías, en cantidad insuficiente, es decir, realmente no eran comibles, no se podían cocinar y no contaban con los medios para calentar las cosas”, contó Cipriano García.
El reclamo fue integrado por los jueces Pablo Adrián Rolón, María Angélica Sallago del Castillo y Marcela López Ramos. El pedido de la CPM se resolvió favorablemente para las damnificadas, al reconocer la vulneración de derechos y la necesidad de garantizar un cupo correcto, adecuado para el alojamiento de personas, así como también la obligación del Estado de garantizar todos los derechos que las personas detenidas tienen.
A raíz de esto, se pidió de forma inmediata que las dos personas enfermas sean alojadas en la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un lugar que tuviera la infraestructura necesaria para poder atender las patologías crónicas que tienen.
Un caso que representa la situación carcelaria del país
“Lo que sucede en esta comisaría y en el resto de las comisarías provinciales es muy grave desde el punto de vista de la perspectiva de derechos humanos. Las personas se alojan en cuevas inhumanas, en muchos casos inmundas, sin ventilación, sin luz natural, sin calefacción, sin retretes para la cantidad de personas que se alojan, sin camas, realmente son lugares espantosos”, detalló Cipriano.
Además, añadió que “la mayoría de las comisarías están clausuradas por orden judicial o por resolución administrativa. El Ministerio de Seguridad solo tiene oficialmente inaugurados 1.264 cupos en camastros en comisarías provinciales, pero al mes de junio de este año se alojaban 3.858 personas, es decir, un 198% de sobrepoblación”.
A pesar de que las comisarías son lugares de alojamiento transitorio, es decir que no se puede alojar a las personas por más de 48 horas en el lugar, esto no se respeta. Muchos sujetos permanecen meses y hasta años.
“Tanto en comisarías de la provincia como en cárceles, la tortura y los maltratos son prácticas sistemáticas”, reclamó el secretario de la Comisión por la Memoria. Se producen padecimientos psicológicos, físicos, aislamientos, traslados constantes, el hambre, la tortura.
La situación crítica de las mujeres encarceladas
Desde las tres semanas anteriores a la presentación del habeas corpus las detenidas no recibían la visita presencial de sus familiares, a quienes solo se les permitía acercarse a la dependencia policial para dejar alimentos y productos de higiene.
El cuadro de vulneraciones se completa con la inexistencia de plan o protocolo de seguridad y evacuación para casos de siniestros, lo que podría haber resultado en hechos fatales como las masacres de Pergamino y Esteban Echeverría.
Por todo esto, la CPM consignó que “la situación descrita representa un enorme riesgo para la integridad personal y la vida de las mujeres alojadas en la dependencia, y debe ser subsanada con carácter urgente”.
“Conforme lo expuesto y las condiciones inhumanas de detención de las mujeres alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro, se requiere la inmediata clausura, prohibiendo el ingreso de nuevas personas al recinto, ordenando el traslado inmediato a ámbitos habilitados y dignos cercanos a los domicilios familiares, así como la comunicación familiar efectiva -y constatando su cumplimiento”, agregó el organismo.