El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversos organismos de defensa de los derechos humanos presentaron ante la Convención Constituyente de Jujuy un texto en rechazo al proceso de reforma constitucional. Organizaciones sociales y sindicatos llevan adelante jornadas de lucha en las calles de la provincia repudiando el proyecto.
Una reforma constitucional regresiva
El CELS desarrolló un documento junto a otras 11 organizaciones, como Amnistía Internacional y Serpaj, en el que remarca su “preocupación ante los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma de la constitución” de Jujuy. A su vez, el texto plantea que el proyecto afecta discrecionalmente a organizaciones y sindicatos que luchan por mejores condiciones de vida y derechos laborales.
“La criminalización de la protesta está siendo un tema de campaña entre sectores que asocian la idea de orden con que no haya conflictos, pero sin resolver los reclamos”, declaró en TV Pública Manuel Tufró, director de Justicia del CELS. Por otro lado, el documento expresa que el proceso de reforma constitucional estuvo signado por numerosos defectos. “Se concretó en poco tiempo, sin la participación ni el debate necesario y tiene problemas de legalidad y de legitimidad”, destacó.
Entre las modificaciones a la Constitución provincial que impulsa Morales hay algunos puntos violatorios del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos originarios. “Siete pueblo indígenas solicitaron formalmente ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa, pero no fueron recibidos”, aclararon las organizaciones en el documento.
Jujuy, epicentro de protestas callejeras
El rechazo a la reforma constitucional generó un escenario de movilización política en las calles de la provincia. En las últimas semanas sucedieron diferentes protestas por parte de diferentes gremios, como es el caso de los docentes. Concretamente se han movilizado reclamando el aumento de sus salarios en un contexto de creciente inflación. A partir de ello, sindicatos convocaron para esta jornada a cacerolazos y concentraciones en secciones gremiales y a la orilla de las rutas mientras llamaron a una nueva marcha de antorchas.
Uno de los ejes que encendió la oposición al proyecto de reforma es el nuevo artículo 113, que establece tres tipos de sanciones para quienes participen en movilizaciones o actos en la vía pública. Limita las manifestaciones públicas con multas de hasta 250.000 pesos e inhabilitación para funcionarios y cesantías para empleados públicos que participen de las protestas. Se trata del decreto Nº8464 que modifica dicho artículo de la Ley Nº5860 “Código Contravencional de la Provincia de Jujuy”.
Al masivo rechazo de organizaciones sociales y partidos de izquierda se sumó el repudio de la UTEP, la CGT y la CTA. “La criminalización de la protesta está siendo un tema de campaña entre sectores que asocian la idea de orden con que no haya conflictos, pero sin resolver reclamos”, indicó Tufró. De hecho, la detención arbitraria de Milagro Sala en enero de 2016 se inscribe en la misma línea que hoy Morales quiere consolidar.
Morales no cede
Frente al panorama de protesta generalizada, el gobernador jujeño anunció ayer que derogará el polémico decreto que el conjunto de las organizaciones sociales, políticas y sindicales consideran “antidemocrático”. De todos modos, arremetió contra los sindicatos docentes advirtiendo que “se descontarán los días de huelga” si no levantan sus medidas de fuerza. A su vez, planteó que su gestión no detendrá la marcha de la reforma constitucional.
En efecto, el rechazo al nuevo texto constitucional fue el detonante de una férrea oposición al gobierno de Morales, referente de Juntos por el Cambio y aspirante a formar parte de un tándem presidencial junto a Horacio Rodríguez Larreta. Si bien el referente de la Unión Cívica Radical en el Norte Grande cedió ante el masivo repudio al decreto, su amenaza a los sindicatos docentes deja entrever que no permitirá cuestionamientos a su plan económico. A fines de 2023 lo sucederá Carlos Sadir pero el panorama político se ha empantanado para un bloque político que, en el proceso de reforma, contó con el beneplácito del Partido Justicialista.