Esta mañana se realizó una nueva audiencia pública virtual para estudiar las propuestas de Edenor y Edesur con respecto al próximo aumento de tarifas de electricidad. Además de la postura de las empresas, tomaron parte las distintas entidades que representan a usuaries de los servicios de energía residencial.
Durante la reunión, que estuvo mediada por las autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los representantes de las distribuidoras de electricidad no determinaron un porcentaje de aumento, sino que plantearon que el ajuste debe ser “el necesario para hacer frente a los costos de operación”.
Federico Méndez, de Edenor, señaló que si se aplican los ajustes tarifarios solicitados el “80% de los usuarios residenciales” del área de cobertura de la compañía pasará a pagar una factura promedio de $2.757 mensuales. Jorge Lemos, de Edesur, no dio precisiones sobre valores actualizados en las boletas, pero advirtió que el déficit operativo de la firma sería de $118.600 millones si no se aplicaran aumentos.
Los portavoces de ambas compañías mencionaron que las tarifas resultantes de los aumentos solicitados seguirían estando “muy por debajo” de los servicios de televisión por cable, internet o telefonía celular.
La respuesta del ENRE
El titular del ENRE, Walter Martello, exigió a las empresas un plan de inversión para ser auditado por el organismo como condición para llevar adelante la adecuación tarifaria. A su vez, advirtió que Edenor y Edesur no conseguirán el ajuste que pretenden, sino que las tarifas definitivas deberán ser “asequibles para los usuarios”.
Asimismo, Martello subrayó que a diferencia de las audiencias previas convocadas por el organismo regulador para discutir las nuevas tarifas, esta es la primera ocasión donde se tiene en cuenta la segmentación de les usuaries en la discusión.
El titular del ente regulador recalcó que “nuestro interés está en la economía real, en que las tarifas sean asequibles, que se ubiquen dentro de la verdadera capacidad de pago de los usuarios del servicio, y que abonar dicho servicio no implique un esfuerzo excesivo sobre la economía familiar”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), María José Lubertino, recalcó: “Usuarios y usuarias venimos participando de todas las audiencias públicas que han tenido que ver con los aumentos de tarifas, segmentación y quita de subsidios, y nos estamos oponiendo a este nuevo aumento de tarifas”.
En caso de definirse un incremento, mencionó que este “no debe representar un aumento mayor a la inflación” o a la actualización de los salarios. “La prioridad es garantizar el acceso universal a servicios energéticos con tarifas justas y razonables», sostuvo la dirigente.
El ajuste sobre la sociedad no tiene freno
Luego de que el Gobierno nacional le perdonara una deuda millonaria a las distribuidoras de electricidad, este nuevo aumento en las tarifas supone otro golpe al bolsillo de la población. Lubertino, que también forma parte de la Comisión de Usuarios del ENRE, remarcó que la caída del salario real y el poder adquisitivo es sostenida y genera más pobreza.
La titular recordó que “la prioridad es garantizar el acceso universal a servicios energéticos con tarifas justas y razonables”.