A dos años de la legalización del aborto, ¿qué ocurre con su aplicación en la ciudad de La Plata?

Semanas atrás, el municipio platense fue denunciado por no brindar información sobre las IVE realizadas. En esta nota dialogamos con María del Carmen Álvarez, integrante de la Campaña por el Aborto en La Plata.
Aborto
En la provincia de Buenos Aires, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021, el número de instituciones públicas de salud con servicios de IVE/ILE pasó de 196 a 494. Créditos: Educando en igualdad

A partir de la legalización del derecho al aborto, luego de la aprobación de la Ley 27.610 el 30 de diciembre del 2020, las consultas y los tratamientos se han ido incrementando en el país. Cabe destacar que desde comienzos del 2022 y hasta septiembre de este año, se realizaron 59.267 abortos en todo el territorio nacional. 

Sin embargo, en contraposición a ese marco legal, la municipalidad bonaerense de La Plata fue condenada por no brindar información sobre el derecho de las personas con capacidad de gestar.

María del Carmen Álvarez, integrante de la Campaña por el Aborto en La Plata, aseguró que “el cumplimiento no se ha modificado tanto desde la sanción de la ley, sí en cuanto a la sociedad que sabe que tenemos un derecho y que podemos acceder a él”. Para ella, el obstáculo principal se genera por “la falta de información”. 

En el primer semestre de 2022 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva distribuyó 38.229 tratamientos de misoprostol. Además, ya son cuatro los laboratorios públicos que producen o están en proceso de producir misoprostol. Uno de ellos es el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata.

Para la entrevistada, cuando en el 2018 no salió la ley lo que sucedió fue la despenalización social. “Se empezó a hablar en las mesas familiares, en el trabajo, en la escuela”, sostuvo. También agregó: “se habló de lo que siempre se supo que pasaba pero no se hablaba, de que tenemos que tener plena capacidad de decisión de nuestras vidas”.

Conocer los derechos

Semanas atrás, la capital de la Provincia de Buenos Aires fue condenada por no brindar información sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo. La jueza María Fernanda Bisio ordenó al municipio dar información sobre la implementación de la Ley 27.610.

Para María del Carmen, el problema es que al momento de querer interrumpir un embarazo “no se sabe dónde, ni los horarios, o qué hacer”. “Ahí empieza un derrotero de las personas que quieren acceder a una ILE/ IVE llamando a los centros de salud para ver donde se puede atender, en vez de poder acercarse a los centros de salud más cercanos que tengan en su barrio”, relató.

La medida surgió luego del reclamo por información acerca del cumplimiento de la ley presentado por distintas organizaciones. El municipio recibió 15 preguntas en las cuales se le consultaba sobre el cumplimiento de la norma. Dentro de ellas, nueve no fueron respondidas y las restantes se respondieron de modo incompleto.

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Desde la Campaña por el aborto legal convocaron a un pañuelazo en las calles y a una manifestación a través de las redes sociales para el viernes 30. Créditos: Argentina.gob.ar

La solicitud de informes se presentó en noviembre de 2021, luego en 2022 se volvió a presentar un amparo. A ese pedido el municipio respondió ninguneando a las organizaciones, como Socorristas en Red o la Campaña por el aborto, asegurando que no tenían derecho a solicitar información.

“No nos brindaban información sobre los efectores que realizaban, cuánto personal, ni cuantas IVES se habían realizado”, explicó la entrevistada. Ella también mencionó que “es información a la cual podemos acceder territorialmente como activistas”.

Por su parte, desde Amnistía Internacional aseguran que “la desinformación sostiene el estigma en torno al aborto, con efectos inhibitorios y/o disuasorios”. En relación a ello, desde la organización denuncian que “en el primer año de vigencia de la ley, ni el Estado Nacional ni los estados provinciales han realizado campañas de difusión sobre cómo y dónde ejercer el derecho al aborto”.

María del Carmen celebró que la medida sirva de ejemplo para otros lugares. Para la entrevistada, la capital provincial tiene “más privilegio que otras regiones, pero si acá no se cumple que queda para otras ciudades”. Al respecto, mencionó que en otras provincias les gestantes tienen que trasladarse kilómetros para poder acceder a una IVE.

¿A dónde voy si quiero realizar un aborto?

En la ciudad de La Plata, según la información brindada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, existen catorce centros de salud que realizan abortos. En todos ellos las personas con capacidad de gestar pueden solicitar la interrupción voluntaria de un embarazo.

Entre los centros se encuentran Hospital Subzonal Especializado Dr. José Ingenieros y el Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn H. Del mismo modo, el  Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín; el Hospital Interzonal General de Agudos Prof. Dr. Rodolfo Rossi y Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez.

Sin embargo, María del Carmen asegura que no todos los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) tienen consejería de salud sexual integral, como indica la ley. “Antes de la ley había dos y ahora hay tres más, pero que están atendidas por las mismas personas y no dan abasto”, sostuvo.

En la misma línea explicó que “la gran demanda que se produce después de la ley termina siendo absorbida por los hospitales provinciales”. Estos “ya acompañaban antes de la ley, y no tienen mucho más personal, por lo cual se genera mucha demorar para acceder a ecografías y turnos”, añadió.

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En Argentina entre 2020 y septiembre de 2022, el número de instituciones públicas de salud con servicios de IVE/ILE pasó de 907 a 1.437. Créditos: Amnistía Internacional

Antiderechos y trabajo en el territorio

María también se refirió a los objetores de conciencia. Al respecto sostuvo que “un objetor no puede ser un obstaculizador”. Según la ley, si no está de acuerdo con la práctica el personal de salud debe derivar a otro profesional que sí garantice la práctica. También cuestionó que no exista una lista de objetores de conciencia. 

La entrevistada denunció que “esa gente que es objetor de conciencia en  una clínica después de manera privada cobran para dar la información y hasta la medicación”. Al respecto mencionó que “hay una doble moral, públicamente dicen que son objetores y después lo hacen de manera clandestina”.

Por otro lado, la activista sostuvo que “no podemos ejercer un derecho sino sabemos cómo hacerlo”. Para responder a estas demandas, tras la aprobación de la ley, desde Socorristas en Red brindan talleres, acompañan durante los abortos e informan sobre los puntos de acceso a las prácticas.

Además, indican dónde hay consejerías o turnos para las ecografías donde sean “amorosas”. “Terminamos haciendo lo que el estado no hace, que son las campañas de información, realizamos actividades y repartimos folletería”, contó María del Carmen.

En la misma línea, desde la campaña, hicieron una plenaria de regionales donde seguir militando por abortos de calidad fue el eje central, es decir con perspectiva de género y de derecho. Dentro de los principales puntos a lograr se encuentran “la erradicación de los legrados”, y “defender en cada territorio la ley”.

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