Tal como se informó en diciembre del año pasado, la venta del predio de la Policía Federal Argentina (PFA) en Bajo Belgrano representa un esquema amplio de reconfiguración de tierras públicas. En ese entramado aparece Nicolás Pakgojz, legislador de La Libertad Avanza, quien tuvo un rol clave durante su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en la desafectación de activos estratégicos.
Esto último se debe a que Pakgojz firmó la Resolución 65/2025 que declaró “innecesario” el predio de casi 10.000 metros cuadrados ubicado en Bajo Belgrano. La medida habilitó que ese activo estratégico dejara de estar bajo la órbita de la seguridad federal para ingresar en el circuito de subastas millonarias. El dato adquiere mayor relevancia al considerar su trayectoria previa en Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), el holding liderado por Eduardo Elsztain, uno de los empresarios que luego participó en la puja por esos mismos terrenos.
Como se mencionó en diciembre, la venta del predio fue una puja entre grandes jugadores del negocio inmobiliario. En esa subasta, la oferta de Elsztain, considerado cercano al presidente Javier Milei, quedó relegada frente a los 46,5 millones de dólares que ofertó Argencons, la desarrolladora vinculada a Eduardo Costantini.
El monto final superó en un 120% el precio base de 21 millones de dólares y proyecta la construcción de unas 100 viviendas de lujo en lo que vecinos del barrio definen como la última gran manzana libre de Bajo Belgrano. Sin embargo, detrás de la cifra récord para el Tesoro Nacional, persiste la discusión sobre el costo operativo para la fuerza federal.
Cabe mencionar que en el predio funcionaban áreas clave como la Brigada de Incendios Forestales, talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.
Según relataron efectivos en diálogo con Data 24, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado fue un terreno en la intersección de Zepita y el Riachuelo, caracterizado por su bajo valor inmobiliario y condiciones edilicias deficientes.
El traslado se da en un contexto de malestar dentro de la fuerza. A la pérdida de infraestructura se suma una situación salarial crítica, con bonos considerados insuficientes por los propios efectivos y denuncias de condiciones laborales precarias.
Con el control mayoritario de Argencons en manos de Costantini, el destino del predio se inscribe en la expansión del mercado inmobiliario de alta gama sobre tierras previamente destinadas a funciones públicas. En paralelo, la participación de actores como IRSA en el proceso y el rol de exfuncionarios vinculados al sector privado alimentan el debate sobre los límites entre gestión estatal e intereses empresariales.