lunes 27 de mayo de 2024

Masacre de Trelew: Estados Unidos condena al ex marino Roberto Bravo

A 50 años de la tragedia, el Tribunal Superior de Florida lo condenó civilmente. El coautor de la ejecución de 16 preses polítiques en 1972 deberá pagar la suma de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas
Destacada CELS Jorge M
El objetivo de les familiares de las víctimas no es el resarcimiento económico, sino obtener la extradición del ex militar para que sea juzgado en la Argentina. Crédito: CELS.

El pasado 1º de julio se conoció la sentencia de un Tribunal Superior de Florida, Estados Unidos, que condenó civilmente al ex marino Roberto Bravo. Deberá pagar la suma de 27 millones de dólares a familiares de las víctimas del fusilamiento de 16 miembros de organizaciones políticas, conocido como “Masacre de Trelew”. La matanza se llevó a cabo en la base Almirante Zar de la Armada el 22 de agosto de 1972.

Se declaró a Bravo responsable de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho; como así también del intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps por un Tribunal Civil del Distrito de Miami en los Estados Unidos.

El histórico fallo se concretó por medio de un jurado popular constituido por 12 personas en la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida. El ex oficial militar argentino reside en los Estados Unidos desde 1973 y fue enviado a esa nación como agregado naval por el Gobierno del ex presidente de facto, Alejandro Lanusse.

El fusilamiento y descargo de Bravo

Durante las primeras horas de aquel 22 de agosto, 19 preses desarmades, pertenecientes a organizaciones como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros fueron atacades a balazos por integrantes de la Armada Argentina en la base aeronaval de Trelew.

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El Gobierno de facto de Lanusse envió a Bravos a EE.UU. para protegerlo y alejarlo de los hechos. Crédito: Infonews.

Les detenides, luego de lograr su fuga del Penal de Rawson en Chubut, fueron trasladades a la base Azar. Dieciséis de elles murieron en el fusilamiento; en tanto, María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar sobrevivieron y lograron dar testimonio de lo acontecido. Pocos años después, fueron desaparecides por la última dictadura cívico militar eclesiástica.

Roberto Bravo, quien lideró la matanza, declaró que en un claro intento de fuga le arrebataron su arma y que por esa razón tuvo que actuar en defensa propia. Sin embargo, el argumento del ex militar no fue creíble para la justicia del Estado de la Florida, que lo declaró responsable de los hechos.

La batalla legal

Les familiares de las víctimas del fusilamiento iniciaron su periplo judicial en 2009 cuando lograron que la “Masacre de Trelew” se investigara como delito de lesa humanidad. El juicio oral y público se desarrolló en mayo de 2012 a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.

Los ex marinos Luis María Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista fueron acusados como participantes activos del fusilamiento. Los primeros tres fueron hallados culpables y los últimos restantes absueltos en primera instancia.

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La extradición del ex marino depende de la decisión del Juez Torres, conocido por tomarse sus tiempos para esta clase de reclamos. Crédito: Télam.

Tiempo después se revocó ese fallo y se ordenó un nuevo juicio que nunca se materializó porque los tres ex militares absueltos fallecieron mientras se prolongaba el largo proceso judicial. 

En el presente el único acusado que cumple condena es el ex cabo primero Carlos Marandino, a quien se lo encontró culpable de haber participado del fusilamiento. Gracias a una confesión de él, se pudo reabrir la causa para la Justicia argentina.

En su momento, les familares de las víctimas solicitaron la extradición de Bravo, que fue rechazada en 2010. En la actualidad, se encuentra en trámite otro pedido de extradición. No obstante, depende del juez federal norteamericano Edwin G. Torres, quien no está sujeto a plazos para decidirlo.

Finalmente, se detuvo al exmilitar en 2019 por orden de la Corte del Distrito Sur de Florida. Roberto Bravo depositó una fianza de cinco millones de dólares para poder esperar en libertad la sentencia definitiva sobre la causa que pesa sobre él.

Fundamentos de la denuncia

La presentación de los querellantes se basó en la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA) que rige en Estados Unidos. Les denunciantes fueron acompañades y asesorades por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el organismo de Derechos Humanos de los Estados Unidos: Center for Justice Accountability (CJA). 

El estudio jurídico que patrocinó a les familiares de las víctimas fue Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP. Presentaron la demanda civil en representación de familiares de cuatro de las víctimas. 

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