El pasado 1ยบ de julio se conociรณ la sentencia de un Tribunal Superior de Florida, Estados Unidos, que condenรณ civilmente al ex marino Roberto Bravo. Deberรก pagar la suma de 27 millones de dรณlares a familiares de las vรญctimas del fusilamiento de 16 miembros de organizaciones polรญticas, conocido como โMasacre de Trelewโ. La matanza se llevรณ a cabo en la base Almirante Zar de la Armada el 22 de agosto de 1972.
Se declarรณ a Bravo responsable de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubรฉn Bonet y Ana Marรญa Villarreal de Santucho; como asรญ tambiรฉn del intento de ejecuciรณn extrajudicial de Alberto Camps por un Tribunal Civil del Distrito de Miami en los Estados Unidos.
El histรณrico fallo se concretรณ por medio de un jurado popular constituido por 12 personas en la Corte del Distrito Sur del Estado de Florida. El ex oficial militar argentino reside en los Estados Unidos desde 1973 y fue enviado a esa naciรณn como agregado naval por el Gobierno del ex presidente de facto, Alejandro Lanusse.
El fusilamiento y descargo de Bravo
Durante las primeras horas de aquel 22 de agosto, 19 preses desarmades, pertenecientes a organizaciones como el Ejรฉrcito Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros fueron atacades a balazos por integrantes de la Armada Argentina en la base aeronaval de Trelew.
Les detenides, luego de lograr su fuga del Penal de Rawson en Chubut, fueron trasladades a la base Azar. Diecisรฉis de elles murieron en el fusilamiento; en tanto, Marรญa Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo Renรฉ Haidar sobrevivieron y lograron dar testimonio de lo acontecido. Pocos aรฑos despuรฉs, fueron desaparecides por la รบltima dictadura cรญvico militar eclesiรกstica.
Roberto Bravo, quien liderรณ la matanza, declarรณ que en un claro intento de fuga le arrebataron su arma y que por esa razรณn tuvo que actuar en defensa propia. Sin embargo, el argumento del ex militar no fue creรญble para la justicia del Estado de la Florida, que lo declarรณ responsable de los hechos.
La batalla legal
Les familiares de las vรญctimas del fusilamiento iniciaron su periplo judicial en 2009 cuando lograron que la โMasacre de Trelewโ se investigara como delito de lesa humanidad. El juicio oral y pรบblico se desarrollรณ en mayo de 2012 a cargo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Los ex marinos Luis Marรญa Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubรฉn Norberto Paccagnini y Jorge Bautista fueron acusados como participantes activos del fusilamiento. Los primeros tres fueron hallados culpables y los รบltimos restantes absueltos en primera instancia.
Tiempo despuรฉs se revocรณ ese fallo y se ordenรณ un nuevo juicio que nunca se materializรณ porque los tres ex militares absueltos fallecieron mientras se prolongaba el largo proceso judicial.
En el presente el รบnico acusado que cumple condena es el ex cabo primero Carlos Marandino, a quien se lo encontrรณ culpable de haber participado del fusilamiento. Gracias a una confesiรณn de รฉl, se pudo reabrir la causa para la Justicia argentina.
En su momento, les familares de las vรญctimas solicitaron la extradiciรณn de Bravo, que fue rechazada en 2010. En la actualidad, se encuentra en trรกmite otro pedido de extradiciรณn. No obstante, depende del juez federal norteamericano Edwin G. Torres, quien no estรก sujeto a plazos para decidirlo.
Finalmente, se detuvo al exmilitar en 2019 por orden de la Corte del Distrito Sur de Florida. Roberto Bravo depositรณ una fianza de cinco millones de dรณlares para poder esperar en libertad la sentencia definitiva sobre la causa que pesa sobre รฉl.
Fundamentos de la denuncia
La presentaciรณn de los querellantes se basรณ en la ley de protecciรณn de vรญctimas de tortura (TVPA) que rige en Estados Unidos. Les denunciantes fueron acompaรฑades y asesorades por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el organismo de Derechos Humanos de los Estados Unidos: Center for Justice Accountability (CJA).
El estudio jurรญdico que patrocinรณ a les familiares de las vรญctimas fue Keker, Van Nest & Peters LLP y Markus / Moss PLLP. Presentaron la demanda civil en representaciรณn de familiares de cuatro de las vรญctimas.