La titular del Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Moreno, Mirta Liliana Guarino, resolvió prohibir nuevos ingresos a la Comunidad Terapéutica Fénix tras hacer lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La medida judicial se tomó luego de constatar graves irregularidades en las condiciones de alojamiento y tratamiento de las personas internadas, en un espacio que funcionaba de manera ilegal al no contar con habilitación municipal ni provincial.
Denuncias por secuestros, violencia y encierro
La intervención de la CPM comenzó tras una denuncia anónima que advertía sobre prácticas violentas de ingreso, incluyendo secuestros y golpizas, además de internaciones involuntarias sin respetar lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental.
Según la denuncia, en el lugar había personas adultas y menores de edad alojadas contra su voluntad y sin control judicial, una condición especialmente grave en el caso de adolescentes.
El 8 de junio, un equipo interdisciplinario del organismo realizó una inspección en el establecimiento y relevó múltiples vulneraciones.
Condiciones inhumanas y castigos
Durante la visita, el equipo constató que las personas alojadas vivían bajo un régimen de encierro extremo y castigos físicos y psicológicos.
Entre las prácticas denunciadas, se detectó que quienes ingresaban al lugar eran trasladados por la fuerza, con el rostro cubierto y bajo medicación, en vehículos particulares.
Además, se comprobó el uso de sobremedicación y aislamiento prolongado como mecanismos disciplinarios.
Las condiciones de vida incluían baños de apenas 60 segundos con agua fría, supervisados por otra persona dentro del baño; prohibición de circular libremente por el espacio; y la obligación de pedir permiso incluso para hablar con operadores.
Hacinamiento y riesgo edilicio
La inspección también reveló graves deficiencias estructurales. En la planta baja había siete camas cuchetas, tres de ellas unidas entre sí, sin espacio adecuado para la circulación.
En un altillo se detectaron pequeñas subdivisiones con camas sin separación ni calefacción.
Además, el lugar presentaba instalaciones eléctricas precarias con cables expuestos, humedad, presencia de roedores y acumulación de residuos, además de ausencia de medidas mínimas contra incendios.
Intervención judicial y sanitaria
Mientras el equipo de la CPM se retiraba del lugar, detectó una situación en la que un operador impedía que una persona abandonara el establecimiento.
Ante la gravedad de la escena, se dio intervención inmediata a la jueza Guarino, quien se presentó en el lugar y tomó testimonio a varios jóvenes que expresaron temor a represalias.
También intervino la Subsecretaría de Salud Mental del Municipio de Moreno, que dispuso el traslado de varias personas al Hospital Mariano y Luciano de la Vega para su evaluación.
Tras los controles médicos, se determinó que ninguno de ellos presentaba criterios de riesgo que justificaran su internación.
La resolución judicial
A raíz de las pruebas recolectadas, la CPM presentó un habeas corpus correctivo y una denuncia penal ante la Fiscalía N°8 para investigar posibles delitos de acción pública por parte de los responsables del lugar.
Luego de nuevas constataciones y entrevistas, la jueza declaró ilegítimas las condiciones de alojamiento, tratamiento y régimen de vida dentro de la comunidad terapéutica.
En su resolución, ordenó que la institución se abstenga de recibir nuevos ingresos o alojar personas bajo cualquier modalidad hasta tanto se certifique el cumplimiento de todos los requisitos administrativos y sanitarios exigidos para la atención en salud mental.
Además, advirtió que cualquier incumplimiento será informado al Ministerio Público Fiscal.
Un debate abierto sobre estos dispositivos
Desde la CPM señalaron que el caso de Fénix vuelve a exponer la falta de controles sobre comunidades terapéuticas que operan al margen de la ley y que, en muchos casos, reproducen prácticas de encierro y violencia incompatibles con los estándares de derechos humanos.
El organismo remarcó que viene advirtiendo sobre la situación de estos espacios y reclamando mayores controles por parte del Ministerio de Salud y otras áreas competentes.