Hace 16 años se sancionó la Ley 26.160, de emergencia y relevamiento territorial de pueblos originarios. Debido a que aún quedan muchas tierras por registrar, las comunidades solicitan su nueva prórroga. Además de presentarles una carta a les diputades, la Mesa Nacional de Organismos de Derechos Humanos convoca a un Encuentro por la Emergencia Territorial Indígena a realizarse en el Congreso de la Nación el próximo martes 5 de julio a las 17 h.
La sanción de la Ley 26.160 declaró en noviembre de 2006 la emergencia en materia de posesión y propiedad de los territorios indígenas. La misma tenía un plazo previsto de cuatro años, en los que no se podían ejecutar sentencias ni desalojos de dichas tierras.
Además, se le debía entregar a cada comunidad una “carpeta técnica” que acredite la titularidad de las tierras. Al vencerse el plazo, fue prorrogada por el poder legislativo en 2009, 2013 y 2017.
Alberto Fernández proveyó la última prórroga provista mediante un DNU en 2021. Ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores y ahora buscan que lo apruebe también en Diputados.
En este marco, Nota al Pie dialogó con David García, integrante de la Fundación Napalpí. El objetivo de esta entidad es la recuperación y visibilización de la historia y la cultura de los pueblos indígenas de Chaco.
En ese sentido, reivindican la cultura y también trabajan para reconstruir la historia perdida a causa del genocidio de Napalpi. En mayo de este año, la Justicia reconoció la masacre como un crimen de lesa humanidad. Al respecto, García señaló que es “bastante complejo el tema de la politización, genera mucho conflicto dentro de nuestra propia comunidad”.
La larga espera de la Ley 26.160
“El relevamiento fue iniciado en 2007 con más de 900 comunidades registradas para ser relevadas”, sostienen en la carta de la Mesa Nacional. Allí aclaran que, en la actualidad, de un total de 1.790 comunidades identificadas hay 780 resoluciones y entrega de carpetas técnicas. Además, ya son más de mil las comunidades abordadas por el relevamiento (con el proceso iniciado).
Luego de 16 años de la declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad a las tierras que ocupan las comunidades indígenas, desde la Mesa Nacional denuncian que “pese a que la ley lo prohíbe, en estos años desalojaron a decenas de comunidades. Muchas veces con niveles de violencia extrema que ha incluido represión, heridos graves y lamentablemente asesinatos”.
El avance del relevamiento
Desde la Fundación Napalpí participan de la puesta en marcha del relevamiento territorial. “Hay un 70% ya trabajado en las comunidades indígenas. El equipo de la Fundación trabaja junto con el Ministerio de Ambiente”, indicó García.
A su vez, comentó: “Muchas cosas sucedieron y perjudicaron a nuestras comunidades debido a la tardanza de la aplicación del reglamento territorial”. También se han visto perjudicades por la falta de información concreta y por no definir con claridad la ubicación de cada comunidad.
“Hay comunidades que se han tenido que enfrentar a distintos desalojos por el hecho de que los lugares que ocupaban no estaban identificados como pueblos indígenas”, añadió el representante de la Fundación Napalpí.
En este marco, agregó que son contadas las zonas que cuentan con título comunitario. “Esto es muy importante para nosotros y hoy por hoy se está terminando en distintas partes. Se tuvieron que intervenir territorios porque había atropellos e intentos de desalojo”, sostuvo.
Además, García señaló que “Catastro a veces tiene esa metodología de acción de vender las tierras sin consultar y sin hacer un relevamiento del espacio”. Entonces, los lugares figuran en su mayoría como terrenos fiscales y a veces son vendidos. “Pero resulta que está una comunidad ahí adentro porque no estaba identificado como ocupación de las comunidades indígenas”, explicó. Por eso, luego deben desalojar la zona.
Desde la Fundación continúan trabajando en el relevamiento, acelerando lo más posible para que se termine cuanto antes. “Esperamos concluirlo a fin de año”, expresó García.
Normativa sobre Derecho Indígena en Argentina
El colectivo Originarios.ar publicó un artículo sobre la Normativa de los derechos indígenas en Argentina. En él señalan que existen más de 39 pueblos indígenas que hablan 16 idiomas distintos al castellano.
Entre los derechos que adquirieron se encuentra la reconocida “preexistencia al Estado”. Esto se logró en la reforma de la Constitución Nacional en 1994, mediante el artículo 75, inc. 17.
Allí se establece que le corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”; además de “garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”.
Asimismo, la Carta Magna establece que el Parlamento debe “reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”; así como “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.