La noticia de la semana en materia de Derechos Humanos la brindó la Sala II de la Cámara Federal de Casación. Este organismo otorgó el fallo de prisión domiciliaria para tres represores, entre los que se encuentra Miguel Etchecolatz.
La resolución fue tomada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma quienes definieron de forma unánime en cada caso.
Otro beneficiario de las prisión domiciliaria fue el exjefe de Contrainteligencia del Batallón 601 durante la última dictadura militar, Luis Ángel Firpo, de 90 años. Ya le habían revocado una domiciliaria en el pasado tras violar la restricción.
El fallo alcanzó también al militar retirado Mario Ocampo de 74 años. Tanto Firpo como Ocampo fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín por el caso Contraofensiva Montonera.
Se espera que se hagan efectivas ambas domiciliarias cuando se cuente con los dispositivos electrónicos para vigilarlos, según consignó Télam.
Por su parte, para el ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz no se podría hacer efectivo el fallo debido a que pesan sobre él otras ocho condenas a prisión perpetua.
Esta situación generó un repudio de familiares y organizaciones de Derechos Humanos en general. Tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) como la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos comunicaron su rechazo.
Las causas sobre las que se falló
En total son nueve las condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad contra Miguel Etchecolatz, quién fuese el torturador de Jorge Julio López durante la última dictadura cívico militar.
Desde el 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López está desaparecido en democracia. Días antes, había declarado contra el propio Etchecolatz en lo que fue el primer juicio tras la reapertura de las causas, en la ciudad de La Plata.
Sobre este contexto, en la causa que se falló a favor de Etchecolatz fue en la del asesinato del militante de 22 años, Horacio Alejandro Benavides.
El joven fue ejecutado en septiembre de 1976 en las inmediaciones de la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones.
En la actualidad, el genocida tiene 93 años y está internado en una clínica de Merlo, lo que es el principal factor por el cual justifican la prisión domiciliaria. La defensa de Etchecolatz alega la falta de recursos por parte del Servicio Penitenciario Federal para que tenga una asistencia adecuada.
Por otro lado, Luis Ángel Firpo y Mario Ocampo fueron beneficiados en el marco del caso conocido como Contraofensiva Montonera. En este caso se condenaron los secuestros seguidos de torturas y muertes contra militantes de Montoneros.
Repudio generalizado
La noticia de prisiones domiciliarias para genocidas vino acompañada de un fuerte rechazo por parte de las organizaciones de Derechos Humanos.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos repudió la medida de les jueces que favoreció a los tres represores.
En un comunicado, hicieron su descargo: “Miguel Osvaldo Etchecolatz tiene 9 sentencias a prisión perpetua. Actualmente sigue siendo juzgado en otras causas”.
Y recordaron: “fue uno de los principales responsables del circuito Camps. Amenazó a nuestro compañero Jorge Julio López antes de su secuestro, sigue guardando silencio sobre el destino de todas sus víctimas, incluyendo a Clara Anahi Mariani a quien seguimos buscando”.
Y concluyen: “para los genocidas el único lugar es la cárcel. Si no hay justicia, hay escrache. No a la prisión domiciliaria a genocidas”.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos apuntó: “el genocida Etchecolatz debe cumplir su condena en cárcel común”.
En este sentido, calificaron la decisión del Poder Judicial como “una provocación no sólo a las víctimas y sus familiares, sino también al movimiento de derechos humanos y la sociedad toda».
Y cerraron el comunicado con esperanza: «situaciones similares que se repiten en diferentes puntos del país han logrado revertirse en algunos casos»; pero aseguraron que no deberían tener que enfrentar la situación de “un Poder Judicial que parece deslegitimar una lucha de más de 40 años».