Este mes se cumplieron 40 años del secuestro y asesinato de Ana María Martínez por la dictadura cívico militar. Para recordarla y continuar exigiendo justicia, desde la comisión que lleva su nombre realizarán una actividad de manera virtual. El doce de febrero, de 16 a 18 h, la Comisión Ana María Martínez realizará una jornada vía Zoom, que también será transmitida en vivo por su página de Facebook. “Haremos un homenaje virtual, al que invitamos a participar a todas las organizaciones comprometidas con la lucha por la memoria, verdad y justicia”, expresaron desde la organización.
“Rendimos homenaje a Ana María Martínez, y reivindicamos su lucha y militancia, como la de los 30 mil. Por un mundo diferente, sin explotación ni opresión, por el cual lucharon y dieron la vida”, concluyeron.
Ana María Martínez
El 4 de febrero de 1982, cerca de las 20 h, Ana María fue secuestrada por una patota de la dictadura militar en la esquina de la casa en que vivía, en Villa de Mayo (Provincia de Buenos Aires). Su cuerpo apareció acribillado el doce del mismo mes, en el Canal Villanueva y la calle Brasil (Tigre).
Ana María era obrera y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Provenía de Mar del Plata, de donde debió irse porque su casa fue allanada y alrededor de 30 de sus compañeres fueron asesinades. Al momento de su desaparición, cursaba un embarazo de dos meses.
Desde la Comisión Ana María Martínez explican que organismos de Derechos Humanos, abogades, dirigentes y partidos políticos, repudiaron el asesinato. También la prensa se hizo eco de su caso. Sin embargo, “algunos medios buscaban presentarlo como un ‘crimen pasional’ o producto de alguna interna por dinero entre subversivos”.
Desde la organización exigen justicia, dado que con la Ley de Punto Final, Obediencia Debida y los Indultos su caso quedó inconcluso.
La Comisión
En el año 2012, la cuñada de Ana María, Carmen Metróvich, fundó junto a un grupo de compañeres la Comisión para luchar por justicia y contra el olvido. Metróvich falleció el agosto pasado, sin embargo la lucha sigue en pie.
Desde la organización explican que fueron “desplegando distintas iniciativas, tomando contacto con excompañeres, buscando testimonios y pruebas; organizando acciones e iniciativas para hacer público el reclamo de justicia”.
Reclamo de justicia
El seis de diciembre de 2018 lograron la condena a perpetua de Norberto Apa y Pascual Muñoz, del Estado Mayor de Campo de Mayo, considerados responsables de su secuestro y asesinato. Sin embargo, explican que “la banda policial, que actuaba por orden de los generales, aún no ha sido juzgada”.
Entre los integrantes de esa banda se encontraba Fabián Fernández Garello, fiscal general de Mar del Plata. Según la Comisión, ha sido “protegido por el Poder Judicial y el poder político, que han impedido que sea procesado”.
Dentro de los pedidos, exigen a la Cámara de Casación Penal que “confirme la condena de los genocidas juzgados en diciembre de 2018, porque su dilación atenta contra todo principio de justicia y solo favorece a la impunidad”.
En la misma línea, reclaman a los partidos políticos, que en varias ocasiones impidieron la conformación del Jury (Juntos por el Cambio, Frente Renovador y Frente para la Victoria), que dejen de garantizar impunidad a Fernández Garello.
Por último, un pedido compartido con otras organizaciones de Derechos Humanos, es que el Estado “abra todos los archivos de la dictadura”. Esto porque “estamos seguros que allí habrá más elementos de pruebas que pueden permitir que haya justicia para las víctimas”, sostienen desde la Comisión.
“Han pasado 40 años y no podemos seguir esperando. Los genocidas obtienen beneficios de los jueces todo el tiempo, mientras las víctimas se mueren sin poder conseguir justicia para sus familiares, amiges y compañeres”, indican desde la Comisión Ana María martínez.
El apoyo de la comunidad
Dentro de las organizaciones que adhieren a la actividad de homenaje se encuentran: la Asociación ExDetenidos Desaparecidos; la Comisión Vecinos Justicia por Campomar; el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS); el Centro de Profesiones por los Derechos Humanos (CeProDh); el Nuevo MAS; la Emancipación SUR; la Propuesta SUR; la Corriente de Acción Judicial; el Encuentro Memoria Cachito Fukman; el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA); y la Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, entre otras.
También apoyan les diputades nacionales del Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca; el senador provincial Lautaro Jiménez; les legisladores Juan Carlos Giordano, Monica Schlotthauer, Graciela Calderón, Pablo Almeida, Mercedes Trimarchi, Blanca López, y Olga Ortigoza, (esta última concejal de La Matanza).