El pasado 7 de octubre, el abogado y el presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), Juan Smith y Raúl Montenegro, realizaron una denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Los motivos fueron la tardía declaración de Emergencia Roja por parte del mandatario durante los incendios masivos de 2020-2021.
Este estado habilita el pleno auxilio de la Nación y otras provincias para combatir los incendios en Córdoba, debido a la magnitud y descontrol de los focos ígneos. Pero el juez de Control en lo Penal y Económico, Gustavo Enrique Hidalgo, rechazó a los denunciantes como querellantes. Esto quiere decir que no podrán ser parte del proceso de investigación y juzgamiento.
“Pese a que ya se registraron 3 muertes y hay más de 50.000 hectáreas quemadas, el gobernador sigue encaprichado en no declarar la emergencia Roja. Y en rechazar el ofrecimiento de auxilio pleno de la Nación”, aseveró el biólogo Montenegro en un comunicado de la institución.
Por su parte el abogado de FUNAM, indicó: “Resulta inaceptable que deban morir personas y ambientes nativos de la provincia porque Schiaretti no quiere solicitar auxilio nacional. El gobierno provincial se limitó a hacer compra de material de reemplazo en lugar de montar un verdadero sistema de prevención y control del fuego”.
¿No los afecta de forma directa?
Desde FUNAM informaron que uno de los argumentos del Juez para rechazar a los denunciantes fue que carecían de la legitimación subjetiva necesaria para otorgarle tal participación. Al no haberse hecho el pedido de querella desde una organización intermedia, Hidalgo consideró que no correspondía concederla. Es por ello que Smith y Montenegro afirmaron que apelarán la decisión del Juez en febrero de 2021.
En diálogo con Nota al Pie, Montenegro informó que el juez consideró que por ser parte de la ciudadanía no eran directamente afectados. Asimismo, hace alusión a que ‘’sería eventualmente distinto si fuéramos una ONG. Pero de hecho nosotros muchas veces nos hemos presentado como organización y también hemos tenido problemas” cuestionó el presidente de FUNAM.
Asimismo, arremetió contra el argumento de Hidalgo y señaló que ha habido efectos sobre las cuencas hídricas, sobre la provisión de agua y sobre la calidad de agua. Sumado a lo anterior, los incendios dejan a las cuencas sin protección vegetal, lo cual favorece las inundaciones y muertes derivadas. Esto termina contaminando los cursos superficiales de agua y los lagos donde se vuelcan esos ríos.
“Pareciera que para el Juez tanto Juan Smith como Raúl Montenegro tienen legitimidad para pretender una indemnización. Pero no para coadyuvar en el esclarecimiento de las responsabilidades penales que la vulneración de esos derechos genera», sostuvieron desde FUNAM.
Montenegro rememoró los dichos de Alicia Morales Lamberti, reconocida abogada del derecho ambiental en Córdoba, quien afirma que en la provincia el reconocimiento de querellantes es muy restrictivo.
“Al punto tal que, en algunos casos incluso a ONG’s, se exige que esté indicado en los propios estatutos la función de actuar como querellante. De hecho, ella (Morales Lamberti) indica que solamente en dos oportunidades se reconoció como querellante a por ejemplo a la defensoría del pueblo” comunicó el entrevistado.
«El Juez, al negarnos la participación como querellantes, facilita el archivo de nuestra denuncia contra el gobernador Schiaretti”, afirmaron los integrantes de FUNAM.
“La decisión del Juez Hidalgo estaría actuando como un escudo protector para el gobernador. Y también es una pésima señal para la ciudadanía, pues con este fallo se les dice que la alteración de las cuencas hídricas de la provincia no los afecta directamente. Por lo tanto, la Justicia no los reconoce como afectados», reflexionaron Smith y Montenegro.
La peor situación ambiental de su historia
El presidente de FUNAM aclaró que la posición que sostienen es que no se debe declarar emergencia roja cuando está todo descontrolado. Por el contrario, se deben utilizar todas las fuerzas disponibles para poder controlar los focos ígneos cuando estos no tienen una magnitud tan grande. Y cuando la probabilidad de salirse de control es muy baja.
“Sostenemos una hipótesis sobre el accionar gubernamental y es que existe una tendencia de cómo oficiar. Las autoridades que detentan el poder, lo hacen hace rato y con una suma de poder muy importante. Creen que se bastan a sí mismos y, si bien participan otras jurisdicciones, al generarse el control ígneo se compartiría el llamémoslo <honor de apagar el fuego>”, explicó el entrevistado.
Asimismo, aseveró que Córdoba es una de las provincias peor administradas, ambientalmente, de Argentina y señaló que la provincia vive la peor situación ambiental de toda su historia.
“El incendio termina complotando de alguna forma ya que se suma al efecto negativo del desmonte y el uso de pesticidas; los cuales año tras año reducen la diversidad nativa de monte acumulando superficies afectadas”, informó Montenegro.
Incesantes incendios en Córdoba
En el año 2020 los incendios que se produjeron y afectaron a más de 340.000 hectáreas fueron calificados como ecocidio. Hacia octubre de 2020, los fuegos en la provincia ya habían destruido más de 2.000 km2 de bosques, el equivalente a 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. Es menester destacar que la provincia no cuenta con una brigada de bomberos forestales.
«El sistema de bomberos de Córdoba, que funciona con voluntarios, trabaja para salvar vidas humanas y casas. Si hay un incendio forestal detectan la casa más cercana y se concentran en protegerla de los fuegos», explicó al medio digital BBC Nicolás Mari, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Y coordinador de la Red Latinoamericana de Teledetección e Incendios Forestales (RedLatif).
En ese momento, los focos ígneos se consideraron como uno de los 10 más grandes del mundo. Fueron comparables a los sucedidos en Estados Unidos, España, Portugal y Australia.
“Schiaretti y su gabinete no solo han demostrado impericia y negligencia para prevenir y enfrentar los incendios sino también ignorancia. Parecen no conocer que la única forma para que se reconstituyan las biodiversidades es la sucesión ecológica secundaria. Es decir, que los remanentes de ambiente nativo reconquisten los ambientes destruidos”, expresó Montenegro.
Asimismo, el presidente de FUNAM criticó la solución planteada por el gobernador la cual se limita a plantear planes de reforestación afirmando que la biodiversidad no se planta. “El gobernador es muy eficiente para obtener financiamiento de obras innecesarias como las autovías de Punilla y Paravachasca, ampliamente rechazadas por las comunidades afectadas. Pero no entiende, o no quiere entender, que los incendios, los desmontes y la expansión de la frontera agropecuaria impulsada por la Mesa de Enlace nos llevan al abismo”, denunció Montenegro.