El jueves 12 de agosto se presentó un nuevo proyecto de Ley de Alquileres. Fue en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Su impulsor es el senador por el Frente de Todos, Francisco ‘Paco’ Durañona. El evento contó con la presencia del presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, junto a la Unión de Consumidores Argentina, la Defensoría del Pueblo y Asociaciones de Inquilinos y Consumidores bonaerenses.
El proyecto de ley busca la protección del Estado a les inquilines a la hora del ingreso a una vivienda. Establece la obligatoriedad de la publicación de los honorarios y cuotas, en los locales y páginas webs de las inmobiliarias y martilleros públicos.
También que los honorarios y cualquier otro gasto relativo a los trámites por locaciones de inmuebles urbanos o rurales sean costeados por les propietaries. El senador Durañona sostuvo en la presentación del proyecto que “hay que quitarle presión a los inquilinos de gastos que no corresponde que hagan ellos”.
Por su parte, el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, expresó en el mismo acto que “hay que entender que somos cada vez más inquilinos y se concentran las viviendas en pocas manos. El acceso a la vivienda tiene que ser política de Estado. Si el Estado participa se puede vivir dignamente”. El proyecto de ley ya se encuentra vigente en La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y Río Negro.
El tema de los alquileres estuvo en boga durante el 2020, a raíz de la cuarentena causada por la pandemia de Covid 19. Jerónimo Guerrero Iraola, del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, contó a Nota al Pie que en su área de trabajo los reclamos de inquilines aumentaron en un quinientos por ciento.
“Durante la pandemia se dictaron normativas de alcance nacional. Por ejemplo el decreto 320 y sus prórrogas que suspendían los desalojos y extendían la fecha de vencimiento de los contratos”, ilustró Iraola. “Tuvimos muchos reclamos como pedido de información sobre esas extensiones y la celebración de nuevos contratos”.
¿Qué cambios instalaría la ley?
En caso de aprobarse, la Ley de Alquileres establecería alivios económicos para les inquilines a la hora de rentar un inmueble. Nota al Pie habló con German Schierff, miembro de la Asociación Platense de Inquilines (API) para entender las modificaciones que propone el proyecto y conocer la situación de los alquileres en la post pandemia.
“El objetivo del proyecto es trasladar los costos de alquilar a través de una inmobiliaria al propietario y que no recaigan en el inquilino”, explicó Schierff. Esos montos representan a veces el equivalente a dos o tres meses de alquiler, lo que “genera que muchas unidades, principalmente las de mejores condiciones, terminen siendo inaccesibles para muchos sectores sociales”.
El integrante de la API justificó que, teniendo en cuenta que la inmobiliaria brinda un servicio de administración a les dueñes de las viviendas, “lo más lógico es que esa comisión se la cargue al propietario”. Sobre todo, desde que en el año 2011 la ley vigente en la provincia de Buenos Aires incluyó una “trampilla”, que permite que una de las partes (les inquilines) se hagan cargo del total de los honorarios.
Schierff afirmó que esta ley es un derecho básico, “increíble que todavía estemos tratando de que se apruebe, cuando es una lucha de años”.
¿Qué preocupa a les inquilines?
El integrante del API coincidió con Jerónimo Guerrero Iraola en lo referente a las solicitudes de ayuda que reciben en su asociación. Si bien antes la mayoría de los pedidos versaban en la mejora de situaciones edilicias de quienes alquilan, en la actualidad las dudas se volcaron a lo económico.
Los grandes aumentos, contratos ilegales, costos agregados y cómo rescindir contratos son algunas de las principales consultas. “Todo esto surge de un salario devaluado y una presión muy grande en el bolsillo de los inquilinos”, aseguró Schierff.
El especialista explicó que quienes alquilan buscan la estabilidad en la vivienda, pero esa no es la variable que domina el mercado. “La inestabilidad permite ajustar precios, poner condiciones, es un poco con lo que siempre se juega. Nosotros le llamamos el famoso “si no te gusta ándate”. A esto hizo referencia el impulsor del proyecto de ley, cuando aseguró que les inquilines se deben enfrentar a un “tómalo o déjalo” por parte de las inmobiliarias.
Los efectos de la pandemia
Los sectores inmobiliarios debieron aumentar el precio de los alquileres para vencer la inflación. Esto afectó fuertemente en el bolsillo de les inquilines. Desde la API registraron en sus encuestas un gran desplazamiento de personas hacia peores condiciones habitacionales.
“Una de cada tres personas dejó de alquilar una propiedad por cuestiones económicas” aseguró Schierff. Elles se trasladan a barrios periféricos, sectores más baratos pero con peores servicios. Otres vuelven a casas de conocides o familiares donde se generan condiciones de hacinamiento.
También hay quienes continuaron el alquiler pero generaron un gran endeudamiento. Según un informe del Cels, la deuda de les inquilines aumentó en un sesenta por ciento.
Mucha gente elije propiedades más baratas, con menos garantías. El problema es que “en lo que se conoce como alquileres para pobres es fácil entrar pero también salir, porque te pueden echar” se lamentó el integrante del API. “Empezamos a ver muchos desalojos violentos, como cuando llegas a tu casa y tenés las cosas en la calle”.
Son muchos los cambios que se deben realizar en cuanto a materia de alquileres de propiedades. La presentación del proyecto de ley fue solo un pequeño paso. Schierff explicó que ya se contemplan legalmente garantías más flexibles para sectores vulnerables.
“Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que sufren violencia de género y deben huir de sus hogares? ¿O un jubilado, quien le va alquilar solo con su recibo de haberes? Es importante que se empiece a avanzar sobre eso”, finalizó.