La semana pasada, la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) denunció a los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert por realizar investigaciones irregulares y arbitrarias contra el juez de garantías Gabriel Vitale.
La denuncia tiene un primer antecedente, cuando la entidad de DDHH se hizo oídos de la situación que se vive en Lomas de Zamora, en relación al caso del fiscal Enrique Ferrari, quien se encuentra actualmente suspendido. Allí denunciaron que la Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Sebastián Scalera, había intervenido de manera irregular en este y muchos otros procesos judiciales.
En aquella oportunidad, la CPM había realizado una presentación en la corte informando la situación. Nota al Pie conversó con Federico Schmeigel, director de programa de la CPM. “Exigimos información con respecto a lo que sucedía con esas denuncias de armado de causas y utilización de agentes de servicios interviniendo irregularmente”, explicó.
El caso de Gabriel Vitale
Unos meses más tarde, se dio a conocer otro caso. En el cual al juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, lo persiguieron mediante acciones de inteligencia ilegal que lo perjudicaban tanto a él como a su familia. El funcionario fue blanco de estos ataques luego de su intervención para salvaguardar las normas procesales en la “causa Independiente”.
El fiscal Scalera fue quien abrió investigaciones contra el juez, incluso sin haber obtenido previamente la autorización legal judicial correspondiente. Finalmente, se encontró una supuesta irregularidad y Vitale resultó denunciado por falsedad ideológica. A raíz de este hecho, avalado por el titular de Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 de delitos económicos y violencia institucional, Pablo Rossi, las persecuciones aumentaron en cuanto a intensidad.
“En el medio de todo esto, el fiscal Sebastián Bisquert generó un IPP secreto que incluso no tenía un juez designado para intervenir sobre el caso”, denunció Federico Schmeigel. “La excusa para realizarlo era el haber firmado una resolución en un horario que no había sido designado para el desarrollo de esta”, agregó.
A partir de esta resolución, se le empezaron a pedir comunicaciones telefónicas, el cruce de antenas suyas y de su familia, y hasta datos con secreto bancario. “Fue una acción a la pesca para ver si podían encontrar algo y enganchar al juez en alguna acción judicial, que conlleva también hostigamiento mediático”, explicó Schmeigel.