Tras casi dos años en los que la pandemia de Covid 19 evidenció la importancia de la salud mental, esa centralidad parece no ser tenida en cuenta en términos de inversión económica. En este sentido, con el lema “Invertir en salud mental es urgente”, diferentes asociaciones exigen al Congreso de la Nación que ese reconocimiento se vea reflejado en el presupuesto 2022.
Una de las organizaciones firmantes de la petición es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En nombre de ella, el abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, Eduardo Quiroga, contó a Nota al Pie que la iniciativa surgió tras analizar el proyecto de presupuesto 2022 e identificar que la salud mental ocupa “un lugar marginal en la asignación de recursos”.
“Para el año próximo, el gasto en esta materia representará menos del 1,5% del gasto total de salud, esto contradice lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental”, aseguró Quiroga. Según el artículo 32 de esta norma, sancionada en 2010, la inversión mínima en salud mental debe ser del 10%.
No sólo eso, sino que, según el comunicado emitido por las organizaciones, “hasta el momento este porcentaje nunca superó el 2,2%, y para el año próximo, representará solamente el 1,48% del presupuesto total de salud”. Además, de esa cifra, la mayoría se destina a los hospitales monovalentes nacionales, especializados en psiquiatría y que siguen un modelo de encierro.
“En este sentido, nosotros solicitamos al Congreso que aumente los recursos para la Actividad de ‘Apoyo y Promoción de la Salud Mental’ del Ministerio de Salud”, detalló el abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sobre la Actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” y la importancia del presupuesto
Es la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones el organismo que se encarga de la Actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”. Esta prevé “desarrollar acciones de capacitación; de fortalecimiento de los servicios de salud mental con base en la comunidad; de promoción de las externaciones de las personas que todavía viven en los hospitales psiquiátricos; acciones relacionadas con cuestiones importantes como el consumo problemático y la prevención del suicidio, entre otras”, explicó Quiroga.
En este sentido, y dado el aumento de demanda de asistencia, el representante de ACIJ remarcó la importancia de “fortalecer el sistema de atención”. Además, explicó que “este fortalecimiento debe reflejarse en un presupuesto adecuado y suficiente; que permita que todas las personas que requieren y que van a requerir asistencia en materia de salud mental, efectivamente la reciban”.
A continuación, el abogado puntualizó: “Desde ACIJ nos pusimos en contacto con diferentes legisladores y legisladoras, a quienes les enviamos un informe de análisis presupuestario”. En él, las organizaciones detallaron “toda la evaluación de lo que sucede con los recursos destinados a salud mental en los últimos años; y las proyecciones del año próximo”.
El pedido de aumento presupuestario va de la mano con el contexto sanitario mundial iniciado hace ya dos años. “Los diferentes organismos internacionales vienen alertando a los Estados acerca de las consecuencias que tiene la pandemia del Covid 19 en la salud mental de la población”, recordó Quiroga.
Como consecuencia, adelantó que “más personas van a requerir asistencia en materia de salud mental; y es por eso que los Estados hoy tienen que hacer un esfuerzo aún mayor para fortalecer el sistema de atención” en esta materia.
El abogado detalló que el Estado debe garantizar que “todos los hospitales generales y los centros de salud del país justamente tengan o cuenten con equipos interdisciplinarios”. Es decir, “conformados por psiquiatras; psicólogos y psicólogas; trabajadores y trabajadoras sociales; que den respuesta a estas demandas crecientes de asistencia en materia de salud mental”. Además, puntualizó que esta atención debe ser de calidad, accesible, y “en el marco de sus comunidades”.
Una salud mental con perspectiva comunitaria
Según datos del Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado en 2019 por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, más de 12 mil personas viven en hospitales psiquiátricos en la Argentina.
En este marco, y en línea con la Ley Nacional de Salud Mental, ACIJ insiste en la necesidad de llevar adelante un proceso de desmanicomialización. Este “implica la sustitución del modelo biomédico, centrado en el aislamiento de las personas con discapacidad psicosocial en grandes hospitales psiquiátricos; por uno de salud mental comunitaria”.
La atención basada en la comunidad es un modelo descentralizado que implica “una red de dispositivos alternativos a la internación, como son los servicios de apoyo para la vida independiente; dispositivos de inclusión social y laboral; hospitales de día; servicios de atención domiciliaria, entre otros, que garanticen un abordaje humanizado e integral, y promuevan la inclusión social de las personas”, explicó Quiroga.
“Todos los servicios generales de salud, públicos y privados, como son los centros de atención primaria, y los hospitales generales, deben contar con equipos interdisciplinarios”, agregó el abogado.
Avances y deudas en materia de salud mental
A fines de 2020, al cumplirse una década de vigencia de la Ley Nacional de Salud Mental, ACIJ presentó un documento que enumera diez deudas del Estado en esta materia. Consultado sobre esos incumplimientos, Quiroga reconoció que “en el último tiempo pueden identificarse algunas experiencias concretas en materia de aplicación de la Ley en diferentes puntos del país; como es el caso de la provincia de Buenos Aires, que hace un año comenzó un proceso de desmanicomialización”.
“También el diseño e implementación de un plan nacional de salud mental para los próximos años es algo importante para nuestro país; pero obviamente que su evaluación podrá hacerse de acá a un tiempo”, detalló.
En este sentido, y a tono con el motivo de la consulta, aseveró que “hay todavía una deuda en materia de presupuesto; y de implementación y diseño de políticas públicas estructurales en coordinación entre todas las provincias y el Estado nacional”.
Así las cosas, volvió a exigir “el fortalecimiento de un sistema basado en la comunidad; en el que todas las personas que requieran asistencia efectivamente la reciban en cualquier lugar del país”.