Desde las 11 hs de este jueves, en el marco de la situación sanitaria actual y la profundización de la crisis económica, distintas organizaciones sociales se movilizaron en todo el país bajo la consigna «¡Abajo el ajuste, fuera el FMI! Sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos no se aguanta más!». En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, miles de personas se concentraron en Avenida 9 de Julio y Belgrano, frente al Ministerio de Desarrollo Social, y marcharon al Ministerio de Trabajo de la Nación.
Entre las organizaciones que participaron de la movilización se encuentran el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); el Movimiento de los Pueblos; el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS); El Movimiento 8 de Abril; Mujeres en Lucha y Barrios de Pie – Libres del Sur, entre otros.
El punto de concentración inicial, frente al Ministerio de Desarrollo Social, fue escenario de dos reclamos principales: la apertura de programas de empleo y el repudio al aumento del precio de los alimentos. Luego, las columnas siguieron avanzando hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación, a donde llegaron cerca de las 14 hs.
Les representantes políticos y sociales dieron voz a las diferentes preocupaciones que viven las personas de los barrios y que asimismo, a la par de la multitudinaria columna donde se observaban carteles y voces pidiendo respuesta, buscaron ser oídes.
La Coordinadora Nacional de Barrios de Pie – Libres del Sur, Silvia Saravia, manifestó que una de las reivindicaciones de los movimientos sociales era la continuidad de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ya que «beneficia no sólo a la familia que le recibe, sino a todo el entorno de comercio, del barrio, de producción en los lugares». Sin embargo, desde el Gobierno Nacional anunciaron el cese de la medida y el aumento, en su lugar, del Potenciar Trabajo, pero «eso tampoco sucedió», denunció.
En este sentido, Saravia remarcó que mientras el IFE era recibido por nueve millones de personas, sólo 500 mil se incorporaron al Potenciar Trabajo. Además, aseguró que «la realidad que estamos atravesando es muy angustiante. En los barrios lo que nos pasa es que tenemos más gente en los comedores y merenderos, y gente que nos viene a pedir trabajo; nosotros no lo tenemos. Somos organizaciones, no somos el Estado».
Con respecto a las nuevas medidas para contener los contagios de Covid-19, anunciadas este miércoles por el Presidente de la Nación Alberto Fernández, la representante de Barrios de Pie – Libres del Sur, expresó que «siempre que hay restricciones y dificultades para circular, se restringe todo lo que es changas y eso pega directamente en los poquitos ingresos que quizá habían logrado recuperarse durante el verano».
Por su parte, la vocera del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Damaris Rolón, explicó que también exigen el aumento del salario mínimo, vital y móvil acorde a la Canasta Básica Familiar, que actualmente es de 56 mil pesos. «Cualquier otro monto por debajo de esa cifra, condena a la clase trabajadora a seguir perdiendo poder adquisitivo, por lo tanto, desmejorando su calidad de vida», afirmó.
En la misma línea, la Coordinadora Nacional del Movimiento Sin Trabajo (MST) «Teresa vive», Mónica Sulle, aseguró que «nosotros venimos padeciendo una crisis sanitaria y social que se va profundizando aún más ante la falta de respuesta de gobierno» y destacó que «en los barrios necesitamos como primera cuestión que nos den respuesta a la demanda alimentaria, porque la mercadería no llega a los barrios y la que llega es poca».
La instancia de negociación
Una vez que las organizaciones sociales arribaron al Ministerio de Trabajo de la Nación, fueron recibidas por funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Trabajo y Empleo. Silvia Saravia, quien estuvo presente en este encuentro, explicó que «ante el reclamo de la no convocatoria del Consejo del Salario, la cual debería haber sido a principios de este mes, aseguraron que esta reunión se dará sin falta a fines de abril». Esta junta tiene una gran importancia, ya que es donde se discutirá sobre la actualización del salario mínimo y por ende también del salario social complementario.
«También se planteó la situación de la clínica San Andrés, que es una clínica privada de Caseros que está cerrada y tiene equipamiento. Es importante que se intervenga en este contexto en el que la necesidad de camas y de prestaciones sanitarias son tan necesarias», agregó La Coordinadora Nacional de Barrios de Pie.
Medidas para enfrentar la crisis sanitaria
De cara al avance de una segunda ola de Covid-19, el pedido de medidas para los sectores más vulnerados fue otro reclamo presente en la movilización de este jueves. El responsable nacional del Polo Obrero, Eduardo «Chiquito» Belliboni, expresó que «la pandemia avanza en los barrios y el gobierno no toma ninguna medida en relación a la cuestión sanitaria» y aseguró que, dado que les trabajadores «estamos sufriendo un ajuste brutal», la consecuencia será «una enorme cantidad de contagios y de problemas sociales y sanitarios».
Además, Belliboni explicó que el sector más afectado de la sociedad son les trabajadores, ya que «los capitalistas rápidamente se pueden aislar porque tienen los recursos. Un trabajador no se puede aislar sin recursos, sin trabajo, sin vacuna». En este sentido, remarcó que la prioridad en la vacunación debería estar puesta en los trabajadores de la salud y la educación y en quienes atienden los comedores populares.
En la misma línea, Damaris Rolón planteó la posibilidad de «poner a disposición nuestros espacios para que sean espacios de vacunación, de información, de atención primaria para la salud» con el fin de descongestionar hospitales y salitas. «Tenemos que habilitar otros lugares, y también tenemos que obviamente ver cómo cuidamos más a los profesionales de la salud que están realmente explotados. Así que creemos que somos un eslabón muy fundamental para poder contener la pandemia en los barrios», agregó.
La situación habitacional: un problema estructural
Otro de los reclamos de las organizaciones sociales es tiene que ver con la decisión de no seguir prorrogando el decreto 320/2020 que establecía el congelamiento de los alquileres. En este sentido, Silvia Saravia expresó que piden su extensión «porque marca una situación de que no se permitan los desalojos». Pero también hizo referencia al acceso a la vivienda como un problema estructural que hay que resolver.
«Es un medida reaccionaria que afecta otra vez a los más pobres, con lo cual estamos frente a un problema enorme que hay que resolver no haciéndole pagar los platos rotos a los trabajadores, sino dejando de pagar la deuda, y rechazando los ajustes que plantea el FMI», manifestó.
La convocatoria
Los movimientos sociales convocaron a la manifestación a través de un comunicado en el que explican que recordaron que «la masiva asamblea piquetera realizada el pasado lunes 5 de abril definió que el plan de lucha sea a nivel nacional hasta tanto se de respuesta a nuestras demandas».
«Miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento; existen grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene; y la desocupación, el hambre y la pobreza han escalado a niveles impensables», precisó el despacho publicado.
En razón de la crisis económica profundizada por la pandemia y las consecuencias de ello, las agrupaciones sociales señalaron que «sectores cada vez más amplios de la clase obrera están saliendo a luchar», como efectivamente sucedió.
La información consultada también brindó detalles acerca del índice de pobreza registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con respecto a los últimos seis meses de 2020, que es de un 42 por ciento, sumado a «las personas que no alcanzan ni siquiera a cubrir la canasta de alimentos y por lo tanto son consideradas indigentes que representan el 10 por ciento».
«Uno de los sectores más afectados son la niñez y la adolescencia donde el índice de pobreza alcanza a un 57 por ciento, es decir que 6 de cada 10 niñes menores de 14 años no pueden alimentarse bien, y padecen otras vulneraciones como la falta de una vivienda digna, de educación, vestimenta y salud», añadieron las organizaciones que se movilizaron este jueves.