Este jueves 6 de agosto se tratará en el Senado la Ley de Extranjerización de la Tierra o de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Será la quinta vez que el oficialismo intenta llevar al recinto este proyecto, que ya tuvo más de 15 versiones con varios cambios. En paralelo, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda convocaron a una marcha federal para el mismo día bajo la consigna “Argentina no se vende”.
El proyecto modifica la Ley de Tierras (N° 26737), de Manejo del Fuego (N° 26815), de Expropiaciones (N° 21499), de Desalojos (N° 17454) y de Integración Sociourbana (N° 27453). Dentro del mismo se proponen modificaciones en normas relacionadas con propiedad privada, registros inmobiliarios, régimen de expropiaciones, como así también reformas vinculadas a desalojos y cambios en las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. Además, limita la concentración por una misma nacionalidad, fija topes para una misma persona o empresa según la zona productiva y prohíbe la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura o estén ubicadas en zonas de seguridad de frontera.
Desde el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señalan que las modificaciones propuestas “implican un grave peligro de concentración, de apropiación de los bienes comunes por parte de grandes empresas extranjeras”, la “pérdida de control de nuestra soberanía y territorio y del patrimonio nacional”.
Posibles cambios al proyecto de ley en el Senado
Este martes a las 16, Patricia Bullrich realizaría una conferencia de prensa para presentar una nueva versión del proyecto tras nuevas negociaciones con bloques aliados. Estaría junto a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez. “Acuerdos que hicimos para fortalecer el texto y que todos los que acompañan puedan entenderse representados”, destacaron desde el oficialismo.
De acuerdo a varias versiones, uno de los principales cambios estaría vinculado con el límite a la venta de tierra a extranjeros. La ley vigente establece un límite de un 15% y la propuesta original del Gobierno de Javier Milei buscaba eliminar los topes; sin embargo, ahora habrían acordado un máximo que ronda entre un 20% y 25%.
A su vez, otro de los cambios que habría sido acordado con los bloques dialoguistas sería que las provincias tendrían la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción. Esto podría atraer el voto de algunos senadores que dependen de los gobernadores y estaban en duda.
Matías Oberlín, becario del CONICET y parte del Observatorio de Tierras, explicó en X que esta es “una estrategia para confundir”. Porque “el problema es a nivel departamental” ya que “podrían vender toda la Cordillera o el Paraná y el promedio provincial no llegaría a ese 25%”.
En el mismo hilo resalta otros problemas de la Ley como que se pueden quedar con los lagos y los ríos porque “no aparecen los límites a los espejos o zonas ribereñas”. Según el Observatorio de Tierras, existen al menos 36 departamentos del país donde la propiedad extranjera ya supera el límite del 15% fijado por la legislación vigente y cuatro de ellos presentan niveles superiores al 50%. Entre los casos señalados aparece el departamento Lácar, en Neuquén, donde la mayor parte de las tierras en manos extranjeras corresponde a capitales estadounidenses.
Otra de las integrantes del Observatorio, Gabriela Elias, conversó con el Noticiero que sale en la radio online puntocero y explicó que es un problema que excede la propiedad privada. Según ella, lo que está en discusión “no es solamente quién compra la tierra, sino quién controla el agua, los minerales, los bosques, la biodiversidad y los recursos estratégicos”.
Por esas razones desde el Observatorio de Tierras llaman a todo el pueblo argentino a “movilizarse a la Plaza del Congreso y a todas las plazas del país el día jueves 6 de agosto desde el mediodía hasta que caiga el proyecto de extranjerización, saqueo y desalojos que se intentará tratar en la Cámara de Senadores”.
El largo camino de la reforma al Senado
La primera vez que intentaron debatirla fue el 4 de junio, pero decidieron postergarla “una semana”. Finalmente, se puso la fecha del 18 de junio. No obstante, durante esa semana, explotaron las denuncias por corrupción al entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, por lo que el oficialismo decidió no sesionar para evitar una posible moción de censura. Lo mismo sucedió una semana después, el 25 de junio.
El último intento fue el 16 de julio, un día después del partido entre Argentina e Inglaterra, con la defensa de la soberanía argentina en boga por la bandera de “Las Malvinas son Argentinas” que desplegaron los jugadores. Por la falta de votos para su aprobación se votó un cuarto intermedio y se propuso como fecha para seguir debatiendo el 6 de agosto.
Previamente, el Gobierno de Javier Milei también había intentado derogar la Ley de Tierras (26.737) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) en 2024. Pero la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo tras un amparo colectivo que presentó el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM)