La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital) presentó una impugnación formal contra el Decreto N° 230/26 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que la norma es “manifiestamente ilegítima, inconstitucional y nula de nulidad absoluta”.
La organización sindical cuestionó que la gestión encabezada por Jorge Macri avance sobre atribuciones que, según sostienen, son exclusivas del Congreso de la Nación y de la legislación laboral nacional.
El eje del conflicto: el derecho a huelga
El decreto establece parámetros de prestación mínima del 75% y 50% en determinadas actividades consideradas “servicios esenciales” o de “importancia trascendental”, una decisión que generó un fuerte rechazo sindical.
Desde ATE Capital sostuvieron que el derecho a huelga no puede estar condicionado por porcentajes fijos y remarcaron que se trata de una garantía constitucional protegida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
“El derecho a huelga no tiene porcentajes, es derecho a huelga”, señalaron desde el gremio al fundamentar la impugnación.
Cuestionamientos por invasión de competencias
Uno de los principales argumentos del sindicato apunta a que el Ejecutivo porteño no tiene facultades para definir qué actividades son esenciales ni para fijar unilateralmente servicios mínimos durante conflictos laborales.
Según explicaron, estas competencias están reservadas al Congreso Nacional y reguladas por la Ley 25.877, que establece procedimientos específicos para cada conflicto colectivo, con intervención de las partes y de la autoridad laboral nacional.
En ese sentido, advirtieron que el decreto modifica de hecho el alcance de la legislación nacional e invade competencias federales.
Posibles acciones judiciales e internacionales
Desde ATE Capital también cuestionaron la intervención de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad en la determinación de servicios mínimos, al considerar que esa potestad corresponde exclusivamente a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
El gremio anticipó que, en caso de que el Gobierno porteño no derogue la medida, avanzará con acciones administrativas, judiciales y denuncias internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo.
La defensa de la autonomía sindical
La entidad sindical advirtió que la norma representa una restricción “ilegítima, irrazonable y desproporcionada” a la libertad sindical y al derecho de huelga, respaldados además por los Convenios 87 y 98 de la OIT y el Protocolo de San Salvador.
Finalmente, desde ATE Capital ratificaron su postura de defender la autonomía sindical y advirtieron que no cederán frente a lo que consideran un intento de limitar derechos laborales fundamentales.