Se cumple una semana de este la detención arbitraria por parte de la Policía Federal sobre una denuncia a Franco Oscari que realizó la senadora nacional Patricia Bullrich en Buenos Aires. El juez federal Ariel Lijo es quien está llevando la causa.
La detención de Franco Oscari, un joven campesino de 24 años integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Vía Campesina), generó fuertes cuestionamientos por parte de organismos sociales y de derechos humanos, que denuncian irregularidades en el operativo y exigen su inmediata liberación.
Oscari fue detenido durante la madrugada del miércoles pasado en el paraje Las Goteras, ubicado en Palma Sola, departamento Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy, a unos 160 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
“Tiene todos matices ilegales ya de la forma en cómo se lo detuvo sin una orden y dando explicaciones de que lo mantienen detenido por estar en una zona de frontera, por ser campesino, por encontrarse en una zona alejada donde no se cuenta con conexión de internet», señaló a Nota al Pie el dirigente de Libres del Sur de Jujuy, José Chocobar.
Lo que traspasó el límite, dijo Chocobar, «fue que el jueves de la semana pasada estuvo siendo trasladado desde la provincia de Jujuy, primero a la provincia de Tucumán y después finalmente en Salta donde permanece en la actualidad sin notificar a sus abogadas”.
Un operativo bajo cuestionamiento
De acuerdo con testigos y familiares, efectivos de la Policía Federal Argentina irrumpieron en la vivienda tras derribar la puerta de ingreso. Según relataron, los agentes ingresaron a los gritos y obligaron a los presentes a tirarse al suelo mientras los apuntaban con armas de fuego.
La familia denunció que durante el procedimiento no se informó ni el motivo de la detención ni el destino al que sería trasladado. Según indicaron, los efectivos señalaron que actuaban por orden de los tribunales federales de Comodoro Py, con intervención del juez Ariel Lijo.
«Eso genera bastante bronca, impotencia teniendo en cuenta que son personas de escasos recursos y la denuncia que efectuó Patricia Bullrich es sobre una supuesta amenaza que él había efectuado en redes sociales, algo que no está comprobado y nos parece que al no tener todas las garantías legales de este procedimiento y de esta detención, nos parece que primero tendría que volver a Jujuy ser liberado hasta que pueda la investigación demostrar o no de lo que está planteando la denuncia de Bullrich», detalló Chocobar.
En esa misma línea agregó que “desde Libre del Sur, además desde la coordinadora bastante amplia de muchos sectores políticos y sociales acá en la provincia y de comunidades de pueblos originarios y campesinas, estamos pidiendo su liberación porque entendemos que tiene toda la ilegalidad posible, que se puede hacer en una situación como esta».
La causa judicial y la denuncia
Horas después de la detención, la familia tomó conocimiento de que la causa se originó a partir de una denuncia presentada por la senadora Patricia Bullrich, quien lo acusó de presuntas amenazas coactivas a través de un mensaje privado enviado por Facebook en abril.
La investigación quedó en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita y contempla una figura penal cuya expectativa de pena puede ir de seis meses a diez años de prisión.
El fallo del habeas corpus
El pasado 29 de junio, el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el doctor Villalba, dictaminó a favor del habeas corpus presentado por la defensa de Oscari.
En su resolución, sostuvo que el traslado del joven a la Ciudad de Buenos Aires careció de fundamentos suficientes y advirtió que no se garantizó debidamente la intervención de su defensa técnica.
Además, remarcó que los distintos traslados entre dependencias federales sin justificación razonable podrían constituir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y una restricción severa de la libertad ambulatoria.
Reclamos y pedido de liberación
Desde la organización Tierra Fértil y el Movimiento Nacional Campesino Indígena denunciaron que la detención de Oscari se inscribe en un contexto más amplio de conflictividad territorial y persecución hacia comunidades campesinas e indígenas que resisten el avance del agronegocio y la minería.
Actualmente, Franco Oscari permanece alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina en la ciudad de Salta, mientras continúan los pedidos para su regreso a Jujuy y la revisión de su situación judicial.
Diversos sectores sociales y organizaciones campesinas reiteraron su reclamo por la liberación inmediata del joven y cuestionaron el accionar judicial y político en la causa.
José Gabriel Chocobar definió como «realmente un exceso e ilegal lo que está pasando». Dijo que entienden que esto marca un precedente «bastante preocupante para nuestra democracia y esperamos se lo libere de inmediato, primero se lo traiga a Franco para acá y se lo libere”
Chocobar sumó como dato de mucha importancia que previo la detención, unos días antes, “la comunidad a la cual pertenece Franco, le ganó un juicio a una minera, por el tema territorial, para que la minera no pueda asentarse ahí. Ese es un dato que no hay que desdeñarlo y menospreciarlo en el contexto que estamos atravesando”.